El Gobierno de Cifuentes utiliza hospitales públicos de Madrid para recolocar a afines al PP

Hospitales públicos como agencia de colocación. El Gobierno que dirige Cristina Cifuentes (PP) en la Comunidad de Madrid acaba de utilizar varios de los hospitales públicos que gestiona para ubicar como directores a rebotados políticos que se han quedado sin puesto o antiguos gerentes que debieron salir de sus destinos por su mala actuación. La Consejería de Sanidad ha renovado las gerencias de seis centros. En cinco han sido enviados personas cercanas al partido.

Hace solo unos meses los diputados del PP votaron a favor de una moción en la que se pedía al Ejecutivo de Cifuentes que, para restarle las connotaciones políticas, “los nombramientos de gestores y cargos directivos serán realizados con procedimientos reglados de selección, a través de convocatorias públicas, de concurrencia competitiva y resolución transparente del proceso de selección”. No se ha desarrollado todavía ese nuevo modelo que, explica la Consejería de Sanidad, “se está trabajando para sacar adelante con los grupos políticos”. Con todo, Sanidad insiste en que todos los nombramientos responden “a perfiles de gestión sanitaria que encajan perfectamente con la tarea”.

Desembarco desde Castilla-La Mancha

Una porción de los recientemente nombrados son recolocados del sistema sanitario y administrativo de Castilla-La Mancha que salieron disparados al perder el control de la región la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal.

En ese grupo, destaca el nuevo jefe del hospital de La Princesa, Rodolfo Antuña. Antuña ya había conseguido refugiarse en Madrid al terminar la legislatura dominada por el PP en Castilla-La Mancha. Mientras gobernó Cospedal, ejerció como gerente del área sanitaria de Cuenca hasta agosto de 2013. Según cesó en ese puesto, acusado por la Junta de Personal de contrataciones irregulares en el hospital Virgen de la Luz, fue nombrado por libre designación responsable de la Inspección Sanitaria de aquella región.

Pero, con la salida de Cospedal, Rodolfo Antuña halló colocación en la vecina Madrid, gobernada ya por Cristina Cifuentes. Se le nombró directamente el encargado de la Consejería de vigilar los contratos de concesión de cuatro hospitales madrileños cuya gestión está privatizada.

Pero hace solo una semana, el 28 de abril, el Parlamento regional aprobó en Pleno una moción propuesta por el portavoz de Sanidad del PSOE, José Manuel Freire, por la que “para prevenir conflictos de interés”, ese puesto debería estar ocupado por “un funcionario o personal estatutario”. Es decir, el vigilante de las empresas concesionaria no tendría, más tarde, que pedirles un trabajo. Antuña no cumple ese requisito por lo que ya no está de delegado. A cambio, es el gerente del hospital de La Princesa. “Cuenta con una amplia trayectoria en gestión sanitaria”, explicaba la nota de su elección.

Desde la administración castellanomanchega también ha recalado en un centro hospitalario madrileño Fernando Jou. Jou ha sido concejal en el Ayuntamiento de Toledo por el PP. También delegado del Gobierno de Cospedal en esa provincia. Además, era consejero de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Fue secretario de Sanidad del PP de Toledo. La nota oficial le describe como “con experiencia en puestos de responsabilidad en la Administración y en el sector sanitario privado”. Ha recalado en el hospital Virgen de la Poveda.

La vinculación con la sanidad privada marca la figura del nuevo cabeza del hospital infantil de referencia Niño Jesús. El Gobierno de Madrid se lo ha asignado a César Gómez Derch. Este ejecutivo ha estado vinculado hasta ahora al grupo San José. Concretamente como gerente general de los hospitales privatizados que este consorcio tiene en concesión pública en Chile.

De hecho, Gómez Derch es presentado como ponente en una conferencia llamada Sudamerica Summit como “encargado de coordinar la apertura de siete hospitales de Madrid a través del modelo concesionado”. Este es su pensamiento según aparecía en el diario chileno La Tercera: “Con un hospital concesionado hay mejor infraestructura”. La explicación oficial detalla que “ha ocupado diversos puestos directivos como director de gestión y gerente en varios hospitales públicos”.

Entre esos hospitales públicos, el nuevo gerente del Niño Jesús estuvo al cargo del Severo Ochoa de Leganés desde 2005 a 2012. Durante su mandato se gestionó la crisis de las sedaciones paliativas por la que se acusó al doctor Luis Montes y su equipo de practicar eutanasias irregulares.

Una denuncia anónima acusó a Montes y otros 15 médicos de sedaciones letales. El entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio pábulo al caso. Se sucedieron las destituciones por parte de la gerencia. La justicia terminó por absolver a los doctores y establecer que no hubo mala práctica médica. De Leganés, el gerente marchó a Construcciones San José. Ahora regresa.

Destino para compensar

El modelo de libre designación de directores gerentes de los hospitales está generalizado en toda España. Tanto que en una encuesta de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios reflejaba en 2014 que hasta el 70% de estos cargos reconocía que su puesto dependía de la afinidad política. Con esa premisa, el otro grupo de nuevos ejecutivos hospitalarios está formado por dos puestos que han viajado de un hospital a otro. Uno es el antiguo gerente del centro de la localidad madrileña de Fuenlabrada, Manuel de la Puente. De la Puente fue destituido por el escándalo de las filtraciones de datos de pacientes a clínicas privadas en agosto de 2014.

El caso consistió en que dos centros concertados para derivaciones disponían de los historiales clínicos y datos personales de pacientes que se trataban en el hospital público. Eran las propias clínicas las que gestionaban las citas y llamaban directamente a los enfermos. La Consejería admitió entonces que había sido algo erróneo y el gerente saltó de su puesto. Menos de dos años después, el responsable ha sido nombrado para tomar las riendas del hospital de la Fuenfría. “Ha ejercido distintas posiciones directivas en hospitales”, relataba su presentación oficial.

A otro hospital universitario público, el de la ciudad de Getafe, ha llegado Miguel Ángel Andrés. Andrés estaba a la cabeza del hospital de La Princesa. Justo en ese centro se inició la Marea Blanca contra la privatización sanitaria cuando la Consejería de Sanidad decidió convertirlo en geriátrico a finales de 2012. Los trabajadores se movilizaron: cortaban el tráfico dos veces al día, se encerraban en el salón de actos, aglutinaron a los vecinos para protestar. Incluso Ana Botella firmó la petición para no llevar a cabo los planes del PP. Los profesionales denunciaron que el gerente presionó y amenazó para contener las protestas.

La cosa derivó de tal manera que los jefes de servicio del centro pidieron por carta en febrero de 2015 que destituyeran a su jefe por su manera “prepotente” de dirigir el hospital. Sanidad no atendió la petición entonces. El premio ha sido buscarle un lugar más cómodo sin un equipo en contra. Es un “médico con una larga trayectoria directiva tanto en Atención Primaria como en hospitales”, glosó el anunció de su nueva ubicación.