El Gobierno exige a Carmena que pare 577 obras, la mitad de ellas ya en marcha
La regla de gasto y el control del presupuesto vuelve a enfrentar al Gobierno de Mariano Rajoy con el Ayuntamiento de Madrid. En un nuevo capítulo en la guerra económica entre la administración central y la municipal, el Gobierno exige que Manuela Carmena anule parte del presupuesto (302 millones de euros) que tiene previsto emplear este año para pequeñas obras públicas. Esa partida financia ya 577 proyectos: son los fondos con los que Madrid está asfaltando calles, arreglando colegios, centros de mayores, reparando cementerios, y otras obras similares. Parte de ese dinero, el 43%, ya está en ejecución.
La Delegación del Gobierno en Madrid, que dirige Concepción Dancausa, envió este verano dos requerimientos al Ayuntamiento de la capital. En ellos exige a la alcaldesa, Manuela Carmena, que anule los acuerdos plenarios que sacó adelante con los votos del PSOE el 28 de junio y del 20 de julio para destinar 302 millones de euros del superávit municipal del año anterior a centenares de pequeños proyectos de obra pública.
Dichos acuerdos fueron la respuesta del Consistorio de Madrid al recorte previo en el presupuesto de 238 millones que le impuso Hacienda por incumplir la regla de gasto.
La corporación local tomó esa decisión apoyándose en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Esta norma permite que el superávit obtenido por las corporaciones locales en 2016, una vez aprobada la liquidación del Presupuesto, se destine a inversiones financieramente sostenibles, obras que no comportan gastos plurianuales, como las que ahora trata de frenar el Gobierno. El Consistorio cerró el ejercicio pasado las cuentas con 1.055 millones de superávit.
El propio Gobierno hacía referencia a esta disposición a finales de junio. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Hernández de Moya, aseguró, -ante las críticas de las corporaciones locales que exigen más flexibilidad en el gasto- que el conjunto de los ayuntamientos tenían margen y “flexibilidad” para efectuar sus inversiones, al disponer al cierre de 2016 de más de 2.747 millones de euros para efectuar inversiones financieramente sostenibles. Una posibilidad que han utilizado otros municipios como el de Badalona, que no ha sido reprendido por el Gobierno .
Obras que peligran
Importe y porcentaje de las reformas que fueron aprobadas en pleno en junio y julio de este año
577 proyectos amenazados
El Ayuntamiento se acogió a esta disposición legal pero el Gobierno considera que no se pueda aplicar en este caso porque esta inversión, asegura, es incompatible con el recorte impuesto por Hacienda. Las inversiones que están en cuestión afectan a 577 proyectos de obra municipal que Madrid tendría que detener si decide acatar la orden de la Delegación del Gobierno. No se trata de macroproyectos, son trabajos menores de reparación y mantenimiento de las calles y centros municipales.
En concreto, las partidas amenazadas van desde la reforma de edificios municipales, como escuelas infantiles o centros de mayores, hasta las obras de asfaltado y mejora de las calles, como las que se están produciendo estas semanas en el barrio de Chueca para ampliar sus aceras. Actualmente están en proceso un total de 170 proyectos por un importe de 130 millones. Algunas ya han sido concluidas, aseguran fuentes del Consistorio. Ese presupuesto también se destina a la reposición de autobuses de la EMT (82 millones) para la mejora de la red de transporte urbano en la que también se incluye Bicimad.
Reformas en edificios que están en cuestión
Importe y porcentaje de las reformas que fueron aprobadas en pleno en junio y julio de este año
Según la interpretación de la ley que hace la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento debe anular esas partidas extraordinarias porque ponen en riesgo el objetivo presupuestario y son contrarias a la “no disponibilidad de crédito” de 238 millones aprobada por la corporación local. El Ayuntamiento sostiene que ese dinero no forma parte del presupuesto de 2017, sino del superávit del año anterior para inversiones financieramente sostenibles, como dispone la ley, y que por tanto no anula el recorte efectuado en el presupuesto.
El Gobierno municipal “rechaza los requerimientos de anulación”. Así se lo ha hecho saber este martes el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, a la Delegación del Gobierno. “Pedir que paralicemos actuaciones que ya están en fase de trámite o finalizadas en algunos casos es un verdadero dislate político y sin base legal alguna”, defiende el concejal de Ahora Madrid en declaraciones a eldiario.es. “Es además una irresponsabilidad política poner palos en las ruedas en la realización de las inversiones que necesita la ciudad”, añade.
Dancausa y no Montoro
La pugna económica de Hacienda con el Ayuntamiento comenzó con la llegada de Ahora Madrid al Consistorio. Desde entonces, el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha dejado de exigir recortes a la capital, a pesar de que el Ejecutivo de Carmena ha cerrado sus cuentas con superávit y amortiza deuda a un ritmo muy superior al de otras administraciones. Hacienda llegó a enviar hace unos meses unas cartas amenazantes donde planteó el cese del concejal Carlos Sánchez Mato.
La novedad esta vez radica en el remitente: no es Hacienda sino la Delegación de Gobierno quien envía los requerimientos. Es la primera vez desde que comenzó el conflicto entre la Administración central y la local que Concepción Dancausa entra en escena. Lo hace acogiéndose al artículo 65 de la Ley 7/1985 de Bases de régimen local que permite a la Administración General del Estado en defensa de la legalidad básica estatal “requerir” un acto o acuerdo “de alguna Entidad local si infringe el ordenamiento jurídico”. Delegación de Gobierno considera que es el caso del Ayuntamiento de Madrid.
La relación entre el Ayuntamiento de Madrid y Concepción Dancausa siempre ha sido tensa, en gran medida porque parte del Gobierno municipal ha pedido su dimisión en numerosas ocasiones, por unos hechos por los que está siendo investigada de su época en Mercamadrid. Concepción Dancausa fue imputada el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que admitía a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía por fraude en una operación de Mercamadrid. La denuncia del ministerio público partía de la documentación entregada por la actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Desde el Ayuntamiento relacionan los requerimientos de ahora para frenar su política de infraestructuras con aquella denuncia.
