El Gobierno de Rajoy lleva a los tribunales a Cifuentes por la subida salarial para trabajadores de la Justicia
El Gobierno central ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de subida salarial para los funcionarios de la administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, al entender que es contrario a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El citado acuerdo contempla una subida retributiva de 120 euros mensuales que se aplicaría gradualmente entre los ejercicios 2017 (45 euros), 2018 (90 euros) y 2019, cuando se llegaría a esa cantidad de 120 euros. La medida se extiende a 6.784 trabajadores funcionarios de la administración de Justicia.
La Delegación de Gobierno en Madrid, a través de la Abogacía del Estado, ha procedido a interponer un recurso el pasado 29 de enero contra este acuerdo, tras el rechazo del Gobierno regional al requerimiento formulado para “anular” dicho acuerdo que contempla un incremento salarial que, a juicio de la administración central, excede las disposiciones que recoge los PGE de 2017.
Fuentes del departamento que dirige Concepción Dancausa han explicado que, a raíz del acuerdo entre la Comunidad y los sindicatos con representación en el sector de la administración de Justicia del pasado 1 de agosto, se requirió un informe sobre el mismo el 9 de agosto a Vicepresidencia del Gobierno, órgano del que depende Delegación.
Desde Vicepresidencia se remitió la cuestión al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Así, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas elaboró un escrito donde concluía que los incrementos salariales contemplados en dicho acuerdo superaba lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales, que fija un tope de aumento salarial del 1 por ciento.
En consecuencia y en base a ese informe, se formuló un requerimiento a la Comunidad de Madrid para anular ese acuerdo, planteamiento que fue rechazado por el Gobierno regional el 29 de noviembre de 2017.
Ante esta negativa, Delegación volvió a contactar con el Ministerio de Hacienda, que recalcó de nuevo que el acuerdo autonómico era contrario a dicha Ley de Presupuestos Generales. Tras ello, se encargó a Abogacía del Estado para que interpusiera un recurso contencioso-administrativo, que fue registrado a finales de enero.
Fuentes de Delegación exponen a Europa Press que frente a lo que manifiestan algunos sindicatos y portavoces políticos que les acusan de aplicar una “doble vara de medir” entre administraciones, esta actuación ilustra que la actuación del departamento que dirige Dancausa se sustenta únicamente en “velar por el incumplimiento de la ley en todos los casos”, con “independencia del color político” de la administración.
Al respecto, las mismas fuentes recuerdan que Delegación de Gobierno ha interpuesto 50 requerimientos a diversas administraciones.
Ayer en en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, aseguró que van a defender “todos los acuerdos” que han firmado con los trabajadores “en todos los lugares, donde sea necesario”, recurriendo incluso a “la vía contencioso-admninistrativo”.
“En Madrid el número de empleados públicos desde 2010 ha crecido un 4,7 por ciento y ya tenemos 7.211 trabajadores más. Desde que yo gobierno el empleo público ha crecido casi un 7 por ciento”, defendió durante una pregunta formulada por el portavoz del PSOE en la cámara regional, Ángel Gabilondo.
Cifuentes reconoció que en los últimos años se han pasado “momentos muy complicados” y ha habido que asumir “muchos sacrificios”, en parte porque el Gobierno del PSOE “causó la mayor recesión de la historia”. “Ustedes han protagonizado el mayor recorte de derechos sufridos por los trabajadores públicos en la historia de España”, ha espetado.
