El Gobierno de Cifuentes ha quintuplicado las tasas universitarias a los demandantes de asilo

Eduardo (nombre ficticio) llegó a España hace un año procedente de Venezuela y solicitó protección internacional. “Siempre estuve en los movimientos estudiantiles. Hubo un momento en el que comencé a sufrir amenazas personales: sabían dónde vivía y mi recorrido diario. A raíz de eso, empecé a estar más pendiente de que no me pasase algo que de estudiar”, así justifica su llegada a España este joven latinoamericano.

Actualmente está en posesión de la tarjeta roja, el documento que acredita que el Ministerio del Interior está tramitando su protección internacional. Hace una semana acudió a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para entregar los documentos de la convalidación de sus estudios de Arquitectura. En esa visita se llevó una sorpresa cuando preguntó por las tasas universitarias ante la universidad y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid: “Me explicaron que tenía que pagar el precio de cuarta matrícula [cinco veces más caro] por una normativa que promulgó la Comunidad de Madrid para ciudadanos que no tienen residencia. No me lo puedo permitir”.

De 26 a 128 euros por crédito

Según el decreto regional que establece los precios públicos por estudios universitarios, en su caso, por ser extracomunitario, el crédito pasa de 26 a 128 euros. Hace dos años, los estudiantes extracomunitarios – de fuera de la UE–, sin condición de residentes, se llevaron una sorpresa al comprobar que el Gobierno de Cristina Cifuentes había aprobado un decreto por el que aumentaban como si fueran tasas de “cuarta matrícula” los créditos de Grado y Máster para ellos, es decir, como si los estudiantes hubieran suspendido tres veces una asignatura y tuvieran que matricularse por cuarta vez.

Los movimientos migratorios han originado nuevos afectados por este decreto, que se renovó el pasado verano. En su redacción no se recoge ninguna excepción que excluya a los demandantes de asilo. “Estamos trabajando para incorporar en las becas socioeconómicas destinadas al acceso a la universidad la figura, como beneficiario, del refugiado y solicitante de asilo”, apuntan desde el gabinete de prensa del departamento regional de Educación. Actualmente no existe una ayuda regional destinada a los universitarios de este colectivo.

La Comunidad de Madrid no se pronuncia sobre la posibilidad de excluir del decreto a los demandantes de protección internacional. Si la postura del Gobierno regional se mantiene, las becas supondrán de nuevo el pago de tasas de cuarta matrícula por parte de la universidad y consistirían en “sufragarles parte de la matrícula”, en el caso hipotético de que le concediesen la beca al solicitante de protección internacional.

“No me lo puedo permitir”

“Económicamente no me lo puedo permitir. Pensaba que me iba a tocar pagar 20 euros por crédito. Si finalmente me quedan por convalidar entre 50 y 90 créditos con esta normativa se me dispara la matrícula a 6.000 euros, solo el próximo curso. Lo veo imposible”, afirma Eduardo, residente en otra región y que se plantea solicitar admisión en otra comunidad, si la UPM finalmente le acepta y mantiene esta decisión.

Ante la queja de Eduardo, Javier Jiménez, vicerrector de la Politécnica, asegura que se limitan a “cumplir la ley (el decreto regional) porque si no lo hacen, sería la universidad la que cargaría con la diferencia de las tasas” y recuerdan que el hecho de que sea demandante de protección internacional “no garantiza que tenga asilo concedido”. Además, aseguran que hasta ahora no les había llegado ningún caso y por lo tanto, actualmente no cuentan con becas destinadas a estos perfiles.

La Oficina para la Acogida de Personas Refugiadas de la Universidad Complutense explica que en el caso de los venezolanos la protección se está otorgando “rápidamente”. Este departamento nació hace un año y en este periodo han conseguido ayudar a 16 demandantes de asilo (tres de ellos ya con la protección internacional concedida) sin mediación de la Comunidad.

La Red Española de Inmigración ha presentado una queja ante la Consejería por la respuesta que ha dado la UPM a Eduardo. En ese documento recuerdan que el proceso de concesión de asilo se puede extender “hasta cuatro años” y que, por lo tanto, esta aplicación del decreto resulta “restrictiva y lesiva para los derechos de los solicitantes”. Inciden además en el hecho de que este joven sí tiene permiso de trabajo y en cambio le ponen obstáculos para finalizar sus estudios.

Eduardo no eligió la Politécnica solo por la fama internacional del centro educativo. Asegura que el posicionamiento que ha tenido el Partido Popular sobre el conflicto en Venezuela le influyó para decantarse por la Comunidad de Madrid.

Ante esta postura, este joven considera que el Gobierno de Cristina Cifuentes le ha decepcionado. “Ante los medios y para quedar bien defienden una postura y luego la realidad es otra, los procedimientos que aprueban son opuestos a lo que plantearon, a ayudar a los venezolanos que tenemos problemas políticos en nuestro país”, afirma. Actualmente trabaja de camarero para ahorrar y poder continuar sus estudios pero con pocas esperanzas de poderlo hacer en la Comunidad de Madrid.

Ante la concesión de asilo

¿Cómo está funcionado la aplicación de este decreto con los estudiantes que tienen la protección internacional reconocida? “Tienen la condición de residente y, por tanto, no se les aplica el precio de cuarta matrícula que expresamente se dice que es para extracomunitarios no residentes”, asegura un portavoz de la Consejería.

Por su parte, la Red Española de Inmigración considera que las universidades no están interpretando el decreto como aseguran desde el Gobierno regional. “No se cumple por la falta de formación y aplicaciones confusas, contradictorias y basadas en la falta de interés político”, indica Daniel Méndez Guillén, presidente de la entidad.

“Todo el mundo tiene que hacer la matrícula como estudiante internacional. Si solicitan una beca del Ministerio de Educación y se la conceden, les eximen del pago”, apunta un portavoz del departamento de prensa de la Universidad Carlos III de Madrid.

Esta redacción se ha puesto en contacto con todas las universidades públicas de la Comunidad. En la mayor parte de los casos desconocen la aplicación del decreto a personas refugiadas porque no han tenido peticiones. La única que cuenta con un plan específico de acogida es la Complutense (UCM).

La delegada del rector para la Diversidad e Inclusión de la UCM, Mercedes García asegura que esta universidad exime a los asilados del pago de la matrícula. “Estamos respetando los derechos de las personas y pensamos que la educación es una forma de inclusión. Ponemos todos los medios para que estas personas puedan acceder en igualdad de condiciones, pero sin asumir el coste económico que la Comunidad impone”, apunta.