El cargo de González que denunció el fraude de la formación fue destituido dos días después de ir a la policía
La exdirectora general de Empleo de la Comunidad de Madrid en el último Gobierno de Ignacio González, Patricia Herrero, imputada por la juez que investiga un fraude millonario en los cursos de formación no solo impidió a uno de sus subordinados, Joaquín Velázquez, comunicar las irregularidades que iba destapando su departamento a la Fiscalía, sino que lo destituyó del puesto de Subdirector General de Formación Continua y Emprendedores dos días después de que este relatase el escándalo con pelos y señales a la policía.
Según consta en el sumario que instruye el juzgado número 9 de Madrid -más de 8.000 folios sobre un fraude de 15 millones de euros en ayudas públicas para cursos de formación de parados, que en muchos casos no se impartieron-, el 12 de febrero de 2014 el subdirector general de Formación Continua de Madrid acudió a los juzgados de Plaza de Castilla y allí contó a la unidad adscrita de la policía los pormenores del caso: centenares de alumnos falsos, expedientes incompletos y un nombre en el epicentro de la trama, el empresario cordobés José Luis Aneri, que supuestamente representaba a decenas de asociaciones profesionales en la tramitación de las subvenciones.
Dos días después de esa confesión ante la policía, el 14 de febrero, la entonces directora general de Empleo, Patricia Herrero, hoy imputada, despidió de forma fulminante al subdirector general. La Consejería de Empleo estableció ese día un cortafuegos en torno a él: dio de baja la línea de su teléfono móvil, anuló su correo corporativo y cambió las claves de su ordenador de trabajo. A Joaquín Velázquez le dieron, según consta en el sumario donde figura como testigo, 20 minutos para abandonar el edificio del Gobierno madrileño escoltado por dos guardias de seguridad ante el pasmo del equipo de colaboradores de la citada Subdirección. En ese momento, decidió usar el teléfono de un compañero para llamar a la policía y contar lo que estaba pasando, según relató el pasado 18 de abril a la juez del caso.
Trabas a la investigación
En esa declaración, y en otras anteriores a la policía, aludió a las trabas impuestas por sus superiores en la Consejería a la investigación y explicó que sus sospechas sobre el inminente despido le llevaron a hacer copia del material durante las horas previas a su destitución, un material que ha acabado en manos de los investigadores. Su relato y el de otros testigos han llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Esperanza Collazos Chamorro, y a la Fiscalía Anticorrupción a poner el foco sobre el Gobierno de Madrid entre 2010 y 2014 bajo las presidencias de Esperanza Aquirre e Ignacio González. Uno de los últimos autos judiciales expulsa a la Comunidad como “acusación particular” en este proceso, por si en el futuro puede considerarle “subsidiariamente responsable”.
Además de las instrucciones que Patricia Herrero dio a su subdirector general para que desistiese de acudir a la Fiscalía -durante una reunión que fue grabada e incorporada al sumario- y del despido posterior a la confesión de Joaquín Vélázquez en Plaza de Castilla, en la causa existen correos cruzados del subdirector general con sus superiores jerárquicos en los que se le previenen para que no airee las irregularidades detectadas en los expedientes de ayudas y que ya entonces eran un clamor en el departamento de Empleo que dirigía Ana Isabel Mariño, hoy senadora y diputada regional en la Asamblea de Madrid. Uno de los correos de Patricia Herrero explicita: “No se notifica nada y que pase todo por aquí”.
Lo que tratan de determinar los investigadores es si esa presunta labor obstruccionista de algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid obedecía a órdenes de sus mandos políticos, dadas las relaciones que algunos de los supuestos implicados como el directivo de la agrupación de comerciantes CEIM, Alsonso Tezano, tenía con altos dirigentes del Partido Popular de Madrid.
