La Inspección de Trabajo denuncia ante la Fiscalía la desprotección de los trabajadores de Metro frente al amianto
La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía el acta de inspección en el que detallaba que Metro de Madrid no había tomado medidas suficientes para evitar la exposición de amianto a trabajadores y, por tanto, ha suspendido el proceso sancionador hasta que se pronuncie el Ministerio Público y la Justicia.
Así lo ha revelado el consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, en un encuentro con los medios de comunicación para señalar que la compañía no va a presentar aún alegaciones al proceso administrativo de la sanción de 191.000 propuesta por Inspección de Trabajo, porqu este departamento ha llevado al caso a la Fiscalía para que se pronuncie si puede haber algún tipo de responsabilidad penal o civil.
“Estamos recopilando la información para las alegaciones y cuando sea requerido será aportada, pero el proceso ahora esta suspendido por la remisión a la Fiscalía”, ha subrayado Carabante en su comparecencia.
Metro de Madrid conocía desde 2003 que los trenes del modelo 5.000 (1ªserie) contenían amianto, según consta en un informe que envió a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este documento figura que había 115 trenes afectados. Algunos de ellos han seguido circulando. Además, la empresa pública vendió dos lotes de estos convoyes a Buenos Aires en 2011, cuando ya estaba prohibido por ley comercializar con productos con este material.
El consejero delegado ha admitido este viernes que los trenes vendidos a Argentina contienen amianto “encapsulado” y ha detallado que esta compañía rubricó en el contrato su conformidad con el estado de los vehículos y los componentes tras las revisiones de sus técnicos. Subte, la empresa actual que gestiona el transporte en Buenos Aires, aseguró a la Cadena SER que no conocía que los vagones llevaban este material.
Un segundo caso de enfermedad laboral
Por otro lado y en relación al caso de un segundo trabajador sospechoso de haber estado expuesto al amianto, el consejero delegado de Metro ha subrayado que no es un caso confirmado y que Metro va a presentar alegaciones, previsiblemente hoy (aunque tiene de plazo hasta el martes), que no hay “relación causal” entre la presencia de amianto en Metro y esa patología.
Este empleado ha desarrollado un cáncer y ha transmitido a la Seguridad Social que tuvo exposición a amianto, por lo que este departamento ha emplazado a Metro a que se pronuncie si esa circunstancia se produjo o, en caso contrario, remita información que descarte esa hipótesis.
Esta situación, según ha subrayado el consejero delegado de Metro, no supone el reconocimiento de la enfermedad profesional (es una fase previa para determinar si merece esta condición) y, por tanto, ha señalado que hasta la fecha solo hay un caso de un empleado con ese reconocimiento.
Al respecto, Carabante ha señalado que Metro está revisando la vida laboral del trabajador y presentará un escrito en el que se defenderá la ausencia de relación causal con el amianto, puesto que no ha habido una exposición de forma “permanente”, en caso de que se hubiera producido.
En este sentido, ha señalado que este trabajador ha estado en diferentes puestos a lo largo de su trayectoria en Metro durante un periodo “muy anterior” al año 2003, cuando ya se aplicó la prohibición y se reforzaron las medidas para evitar la exposición. En este sentido, uno de los puntos de dichas alegaciones serán las medidas y protocolos adoptados para confinar este mineral, potencialmente cancerígeno.
Por ello, Carabante ha destacado que Metro, a su juicio, va a poder “constatar” que no ha habido exposición permanente y que tampoco hubo manipulación y exposición continua a fibras de amianto. “Tenemos la certeza de que la relación de los trabajadores con el amianto no se producía y, si se producía, era esporádico”, ha insistido el consejero delegado de Metro, para recalcar que “no hay riesgo para la salud” ni para usuarios ni trabajadores del suburbano.
No obstante, ha relatado que Metro está verificando todos estos aspectos que plasmará en sus alegaciones y que, en cualquier caso, la compañía actuará según determine el Instituto de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo.
