Los gastos por los que Montoro interviene Madrid: juicios perdidos contra Botella y servicios que no paga Cifuentes
El Ayuntamiento de Madrid pagó 101,3 millones de euros en sentencias judiciales en 2016 por demandas contra los anteriores gobiernos municipales dirigidos por el Partido Popular. Fueron gastos sobrevenidos que la corporación local tuvo que afrontar de su presupuesto y que Hacienda, en la resolución en la que anuncia la intervención de las cuentas de Madrid, detalla como una de las “actuaciones que han dado lugar al incumplimiento de la regla de gasto” (página 1 y 2 del documento que se adjunta al final del artículo).
Un ejemplo de estos gastos judiciales fueron los 30,8 millones que el Ayuntamiento de Manuela Carmena tuvo que pagar por la expropiación del famoso frontón Beti Jai por parte del Gobierno de Ana Botella. El equipo de Botella decidió expropiar el complejo a la empresa Tercosul Gestión, en la primavera de 2015, por 7,3 millones de euros, una cifra marcada previamente en 2011 por el Jurado de la Expropiación Forzosa de la Comunidad de Madrid (también gobernado por el PP). La estimación de la Comunidad fue calificada de errónea por parte del Tribunal Supremo que sentenció en noviembre de 2016 que esos 7 millones no eran suficientes y elevó la cifra en 23 millones más. El Consistorio de la capital tuvo que asumir a última hora un coste extra en sus presupuestos cercano a los 31 millones de euros. Es un ejemplo de otros tantos juicios perdidos por decisiones de anteriores gobiernos, que el Ayuntamiento actual ha tenido que asumir.
Otro de los gastos que el Ministerio determina como “actuaciones que han dado lugar al incumplimiento de la regla de gasto” derivan de “la prestación de servicios derivados de la ejecución de competencias impropias que deberían ser prestadas por las Comunidades Autónomas o el Estado por valor de 428,46 millones”, esgrime Hacienda en la resolución. ¿A qué refiere el equipo de Cristóbal Montoro cuando habla de “competencias impropias”? A servicios sociales, educación infantil, atención a las adicciones y, también, el Servicio Municipal de Urgencias: el famoso Samur. Ni la Comunidad ni el Estado financia esas partidas que asume el Ayuntamiento de sus cuentas pese a no ser de su competencia.
El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado este martes en la comisión extraordinaria para explicar el control de sus cuentas, que el Ayuntamiento solicitó al Ministerio que esas partidas que sufragan y que no son de su competencia, no computen a efectos de regla de gasto, pero Hacienda se ha negado.
Las ayudas a la banca del Estado
El concejal de Ahora Madrid no pide nada extraordinario, o algo que no se haya hecho antes, es un mecanismo que el propio Ministerio de Hacienda ha utilizado otras ocasiones para calcular las cuentas de la Administración Central que gestiona el Gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo con las ayudas a la banca.
El Estado aprobó en 2016 ayudas de “apoyo financiero” por un total de 2.389 millones de euros. Hacienda decidió que este importe no computara para la regla de gasto, como se detalla en el informe sobre sus cuentas: “El déficit del ejercicio 2016 recoge el importe neto de las operaciones resultantes de apoyos financieros, realizadas en el marco de la crisis financiera por la Administración Central, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que ascienden a 2.389 millones, cuya incidencia no se tiene en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”, detalla. A este importe le suma un gasto más, los ocasionados por el terremoto de Lorca por 21 millones de euros.
A pesar de no incluir estos gastos, el cálculo de Hacienda daba incumplimiento por parte del Estado en 2016, al igual que ocurrió en los años anteriores. Solo un cambio en el modo de hacer las cuentas introducido recientemente, con carácter retroactivo, por la oficina de estadística comunitaria Eurostat ha permitido que se considere cumplida la norma presupuestaria del Estado.
Para ello se aprobó una norma, a diferencia del cambio de criterio que ha hecho el cálculo Hacienda de la regla de gasto del Ayuntamiento de Madrid. El Ministerio ha empleado dos criterios distintos en dos años diferentes, fijándose como base primero en el gasto ejecutado por el Consistorio y luego en el gasto que prevé la ley. Un cambio de criterio que no contempla la ley, aseguran fuentes municipales, y que ha supuesto que no se cumpla con la regla de gasto.
Vivienda social
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), dependiente del Ayuntamiento, retiró del mercado sus viviendas para que no se pudieran vender, cambiando el modelo al de alquiler social. Ese cambio de modelo ha penalizado a Madrid porque esas viviendas determinadas antes como “existencias” a efectos de Contabilidad Nacional, han pasado a ser “inmovilizado”, lo que ha supuesto que 70,4 millones adicionales computen a efectos de cálculo de la regla de gasto. Aunque la EMVS no pagó nada, a afectos de Hacienda cuenta como gasto, por ese cambio de modelo de “venta” a “alquiler”.
La compra del edificio donde se encuentran las concejalías de Economía y Hacienda y Participación Ciudadana y Transparencia es otro de los gastos que el Ministerio de Montoro considera como “actuaciones que han dado lugar al incumplimiento de la regla de gasto”. El Ayuntamiento de Madrid pagó 104 millones de euros por el inmueble que había vendido previamente el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón. Tras la venta, el Consistorio siguió ocupando el espacio a razón de 18.400 euros al día, casi 7 millones de euros al año, con un contrato de alquiler hasta 2019. La venta de Alcalá 45 en 2004 se cerró por 99,8 millones de euros y su posterior alquiler al comprador contemplaba que hasta 2019 se pagarían en total 91,3 millones. La oposición ha sido muy crítica con esta operación que considera innecesaria.
