De los vecinos a la patronal: las alegaciones contra el decreto de Cifuentes para regular los pisos turísticos

Vecinos, hoteleros, ecologistas, el Ayuntamiento de Madrid, y hasta la patronal. Todos han presentado en la última semana alegaciones al decreto del Gobierno de Cristina Cifuentes para regular los pisos turísticos en la Comunidad de Madrid. Aunque con matices, su diagnóstico es común: el texto es “laxo” y no sirve para regular una actividad que a todos les preocupa y les afecta.

En la última semana se han registrado en la Comunidad de Madrid 45 propuestas de cambios del proyecto. Fuentes de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo aseguran que se van a “estudiar todas” y deslizan que el texto es más bien de mínimos para ser “garantista y posibilista”. Por eso, afirman, están “abiertos” a hacer cambios sobre cuestiones como la ratio de personas que pueden ser alojadas en función de los metros cuadrados –que permite el “hacinamiento” según algunas alegaciones– o el alto porcentaje, hasta el 75%, de viviendas que pueden dedicarse al uso turístico dentro de un mismo edificio.

Estos son dos de los ejes sobre los que han pivotado muchas críticas, pero no los únicos. Varios sectores, de hecho, consideran que son tantas como para que el decreto ya nazca “muerto” por la falta de consenso.

Asociaciones vecinales: “Un brindis al sol”

De las 45 alegaciones, tres vienen de asociaciones de vecinos y vecinas. Son la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAMV), la Coordinadora de Asociaciones Vecinales Madrid Centro y la Asociación de Vecinos de Sol-Barrio de las Letras, y sus reclamos van en la misma línea. Critican que el decreto “abre la mano y da facilidades para que se abran más viviendas de uso turístico”.

“En el proyecto se suprime la habitualidad, se permite el alquiler por habitaciones o se establecen unos muy generosos porcentajes de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en los edificios”, dicen las alegaciones. El texto propuesto por el Gobierno permite que hasta el 75% de sus viviendas de un bloque se destinen a este uso, y si el propietario es único, el porcentaje se limita al 50%. “Con este punto se transforma de facto un edificio residencial en uno de edificio terciario, por tanto deberían rebajarse en todos los casos por debajo del 50%”, dice la propuesta de la FRAMV.

En ella también se critica que las limitaciones “para introducir orden” son “ficticias”. Se refieren a la capacidad de las juntas de propietarios para vetar la actividad en el edificio, una de las bazas que utilizó la presidenta Cifuentes para presentar el embrión de decreto el año pasado.

Según la redacción del proyecto, para que esto sea posible es condición sine qua non que haya unanimidad, un escenario que se rompe si el propietario que quiere utilizar su vivienda para uso turístico se niega a incluir este veto en los estatutos de la comunidad. “Se está priorizando el derecho de libertad de empresa sobre el derecho de vivienda. Es un brindis al sol”, afirma Luis, de la red vecinal Lavapies, ¿dónde vas? . Fuentes de la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo avanzan que este punto no se puede cambiar “porque lo dice la ley estatal de propiedad horizontal”, justifican.

Esta asociación, unida a la FRAMV, el Sindicato de Inquilinas o la PAH lanzaron este martes la campaña #TurismoTransparente #MadridNoSeVende, que pide al Gobierno regional que considere las alegaciones presentadas por los vecinos y al Ayuntamiento de Madrid una moratoria en las licencias turísticas, es decir, que no se otorgue ninguna hasta que se elabore un plan con la ciudadanía.

Hoteleros: “Favorece la desregulación”

La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) considera en sus alegaciones que el borrador de decreto “está concebido para favorecer la desregulación en beneficio de ciertos intereses empresariales pese a los enormes problemas sociales que implica la actividad”.

Los hoteleros exigen, entre otras cosas, que se elimine la posibilidad de alquiler por habitaciones porque “para esa práctica ya exige el régimen jurídico de las pensiones”, pide que se refuercen “los servicios de inspección” y “tipificar como infracción grave la actividad clandestina”.

La Comunidad de Madrid tiene solo a siete inspectores para este fin, que han tramitado 259 denuncias desde 2014. Para el Ejecutivo son suficientes para el volumen de trabajo. Podemos presentó una enmienda a los presupuestos para financiar que se intensificara la inspección pero fue rechazada por la Asamblea.

La AEHM también critica que la diferencia que establece el texto entre “apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico es tremendamente vaga y confusa”. “No se comprende cómo pueden variar tanto los requisitos de calidad turística exigidos a una y otra modalidad por el mero hecho de que en el inmueble exista o no alguna vivienda que no se destine a dicha actividad”.

Las alegaciones de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid también ha entregado a la Comunidad de Madrid sus alegaciones al texto. El Consistorio considera “fundamental” que el decreto “conserve” su medida de limitar a tres meses el tiempo durante el cual los particulares puedan destinar su vivienda a uso turístico sin necesidad de licencia.

El equipo de Manuela Carmena cuestiona hasta cinco puntos del decreto, que a su juicio genera “inseguridad jurídica”. Entre ellos, la posibilidad de que se alquilen los pisos por habitaciones porque ya existen (hoteles y hostales) y “tiene una incidencia directa en las condiciones de calidad del servicio”; y “las capacidades máximas alojativas” recogidas en el texto.

Para la corporación local “no es adecuada” esta escala que permitiría que en un piso de 75 m2 pudieran alojarse hasta 6 personas, en uno de 80 m2 hasta 8 personas y en uno de 100m2 hasta 12 personas. La propuesta del área de desarrollo Urbano Sostenible es limitar la proporción a máximo 2 personas por cada 25 m2 útiles.

“Hasta ahora no había ninguna restricción y ponemos ya una limitación. Ordena la actividad. Podemos decir que a lo mejor son muchos, pero para eso están las alegaciones. Y a lo mejor si hay que aumentar los metros cuadrados, se hará. Estamos abiertos”, dicen fuentes de Cultura sobre este punto a eldiario.es.

El Partido Socialista de Madrid ha registrado también alegaciones en las que pide que se paralice el decreto y se abra de un proceso de diálogo y consenso con la sociedad civil, los empresarios y el resto de administraciones públicas. “Estamos ante un asunto importante y que requiere de un gran acuerdo, no de una medida arbitraria e ineficiente como la aprobada por el PP”, señala en un comunicado el portavoz socialista de Vivienda en la Asamblea de Madrid, Daniel Viondi. La idea de que este decreto “nace muerto” es compartida por casi todos los sectores.

La patronal: “No resuelve”

El Consejo Empresarial de Turismo de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE considera que el borrador de decreto propuesto por el Gobierno de Cifuentes no resuelve el intrusismo y tampoco la competencia desleal. El organismo no ha facilitado a eldiario.es sus alegaciones pero confirma que las ha presentado en tiempo y forma. En su lugar, remite al comunicado de la semana pasada en el que fijan su posición: que el texto no resuelve los problemas generados por la oferta descontrolada y “tampoco garantiza los derechos de los consumidores”.

“El Consejo, que apoya la libertad de empresa en una economía de mercado y la competencia en igualdad de condiciones, considera imprescindible que se aplique una normativa similar cuando se realiza una misma actividad económica”, dice la nota.

Ecologistas: “No evita los parques temáticos”

Las alegaciones de Ecologistas en Acción son próximas en sus argumentaciones a las presentadas por los vecinos pero también comparten algunas con los hoteleros. Por ejemplo, el “excesivo tiempo” que va a dejar la administración a los propietarios para que legalicen sus pisos turísticos y los adecúen a la nueva normativa: dos años. La ONG pide reducir este plazo a seis meses.

Además, critican que el alto porcentaje de viviendas dentro de un edificio susceptibles de convertirse en turísticas “no evita que los barrios se conviertan en parques temáticos”.

“Sin límites, te los cargas, aparte de la subida de precios”, argumenta Belén García, de Ecologistas en Acción Madrid, cuya organización reclama que los “usos compatibles no sean tan masivos”. También, dice, “por los problemas de convivencia que eso puede ocasionar”.