Colectivos de la PAH llevan a la Asamblea de Madrid una iniciativa para blindar el derecho a “una vivienda digna”

La Asamblea de Madrid recibe este jueves a los promotores de la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de carácter regional en la que se reclama una “ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid”, que ha sido impulsada por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, integrada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios; la Asociación Libre de Abogados y Abogadas (ALA) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM).

La intención de estos colectivos en blindar de una vez por todas un derecho que recoge la Constitución y que en la Comunidad de Madrid no se cumple ya que ni siquiera cuenta con una ley integral para garantizarlo.

Para que la ILP llegue a poder ser tramitada, requiere que vaya avalada por al menos 50.000 firmas para lo que tienen tres meses de plazo una vez que la Asamblea le dé el visto bueno. Para ello estos colectivos ya se han puesto a trabajar colocando mesas en la calle. Este viernes lo harán en la misma Puerta del Sol, donde está ubicada la sede del Gobierno regional que preside la dirigente del PP, Cristina Cifuentes.

“En 2017 vas a hacer historia sumándote al proyecto que detenga los 10.000 desahucios, los 25.000 cortes de agua y el frío de 150.000 hogares”. “Todas estamos expuestas a un mal bache por desempleo, ERE, enfermedad u otra forma de precariedad: pero tus derechos humanos no se negocian”, animan a los madrileños.

Según los portavoces del PSOE y de Podemos la ley que llega a través de esta ILP es muy completa y abarca todos los aspectos principales en la materia, como garantizar el derecho a una vivienda adecuada; la posibilidad de paralizar los desalojos forzosos si no hay una alternativa habitacional, o la protección al consumidor a través de una Agencia de Protección que persiga conductas abusivas.

Daniel Viondi, portavoz de Vivienda del PSOE, cree, además, que la ILP llega en un momento oportuno porque “hasta ahora el gobierno de la CAM ha funcionado en este terreno a base de decretos, hurtando a la Cámara el derecho a debatir”. Según explica, su grupo incluso ha decidido paralizar una propuesta sobre vivienda que tenía en marcha para que no se solape con la ILP y eso dé motivo para su rechazo.

“Vamos a ser ambiciosos en lo social y cuidadosos en lo jurídico”, avanza Viondi.

En Podemos, el responsable en esta materia, Marcos Candela, destaca que esta ILP podría ser la primera que sería defendida en la Cámara regional por sus propios promotores desde la tribuna del Pleno y en la correspondiente Comisión. De hecho, los grupos de la Asamblea han empezado a negociar la reforma del reglamento en la que se contempla esa posibilidad, como ocurre en otros parlamentos. Candela espera que el PP no se oponga a que la medida pueda ser ya aplicada y no tener que esperar a la próxima legislatura porque sería incomprensible y chocaría “con la nueva etapa” que Cifuentes quiere que se vislumbre en su forma de gobernar.

Precisamente, en el pleno de este jueves Candela preguntará al Consejro de Vivienda de Cifuentes “¿cómo valora el Gobierno de la región que no exista una Ley Integral de la Vivienda en la Comunidad de Madrid?”.

Por su parte, Alberto Reyero, portavoz de Políticas Sociales de Ciudadanos, asegura que su grupo siempre va a estar “a favor de que ciudadanía presente inicitivas populares sobre cuestiones tan importantes para la vida de las personas como es la vivienda”, por lo que van a apoyar la ILP.

“Esperaremos a conocer el texto, animaremos a sus impulsores a que consigan las firmas y trabajaremos en su tramitación”, asegura, mientras recuerda que la primera iniciativa que presentó su grupo en esta legislatura fue una PNL para crear una oficina regional anti desahucios.

Ciudadanos destaca como muy positiva una de las medidas de la ILP, como es la creación de una Agencia de Protección al Consumidor, “con el objetivo de intermediación en el que habrá que ver cuál es el papel de distintos actores: administración, consumidores y bancos”.

EL PP ha sido el único grupo que no ha contestado a las preguntas de eldiario.es.

Un largo y complejo camino

El camino que recorre cualquier ILP hasta que ve la luz es largo. De hecho, la mayoría de estas iniciativas se quedan en el camino sin llegar a ser debatidas. Los motivos por los que la Mesa de la Cámara puede rechazarla son diversos, desde que las firmas no están bien avaladas, a defectos de forma. Pero fundamentalmente uno: que ya haya en marcha iniciativas parlamentarias o proyecto del Gobierno en curso similares y que, por lo tanto, no tiene sentido su admisión. De ahí que el PSOE haya tomado la decisión de paralizar las suyas.

Tanto el PSOE como Podemos aseguran que están dispuestos a dar a esta ILP todo el apoyo posible para que pueda salir adelante. Pero reconocen que hasta que pueda llegar a ser debatir por el Pleno, una vez que la Mesa la admita, pueden pasar cinco e incluso seis meses.

El contenido de la ILP fue presentado el lunes pasado por los representantes de la PAH y abogados de los colectivos impulsores. El presidente de la Asociación Libre de Abogados, Alejandro Gámez, destacó durante el acto que “los derechos de los ciudadanos deben quedar reflejados en las leyes”. “Ya no podemos acudir al argumento de que no hay dinero o no hay viviendas; esta ley supone una reordenación de las políticas públicas”, añadió.

La portavoz de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Alejandra Jacinto, opinó que la iniciativa “no es una cuestión de capricho sino de necesidad” y recordó que según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid se ejecutaron cerca de 80.000 desahucios entre 2008 y 2015.

La ILP tambien se ocupa de la creación de un régimen de acceso general para el uso a una vivienda pública de alquiler, en función de la renta, con los gastos de suministro incluidos. O un “régimen de emergencia habitacional”, con la asignación de vivienda “temporal y gratuita” y la penalización económica de hasta 600.000 euros sobre aquellas viviendas que durante más de seis meses permanezcan vacías.

También propone la creación de una Agencia de Protección al Consumidor, cuyo fin es perseguir conductas abusivas en los contratos.