El PP se va de la comisión de corrupción con sus cuatro presidentes de Madrid bajo el foco de la Fiscalía
El PP se ha ido de la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid porque la considera un “fracaso” y un “gasto de dinero público” que ha utilizado la oposición para “hacerse la foto”. Su marcha coincide con un momento crítico en la instrucción de sus causas judiciales: la Fiscalía Anticorrupción mantiene bajo sospecha a los cuatro políticos del PP que han presidido en los últimos años la Comunidad de Madrid. Todos aparecen en investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado y también todos han pasado como comparecientes por la comisión parlamentaria que el PP ha decidido abandonar este lunes.
Los fiscales apuntan a Ignacio González como presunto cabecilla de una organización criminal entorno a la corrupción, mientras que el futuro judicial de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón depende de los próximos informes que redacte Anticorrupción para el juez de los casos Púnica y Lezo.
“Casualmente, en la comisión tratamos temas que están en el foco”, ha justificado el portavoz Enrique Ossorio en la rueda de prensa donde ha hecho pública la decisión de abandonar la comisión. Ossorio ha negado cualquier relación “causa-efecto” y ha calificado a la comisión de “fracaso” por la actitud de la oposición. “No buscan que la comisión averigüe nada sobre la verdad de las materias tratadas, solo quieren la foto de los comparecientes y la relevancia mediática, y así enfocan todas sus actuaciones”, ha señalado el portavoz, que considera que este grupo de trabajo “no ha aportado nada nuevo a lo que han revelado los sumarios judiciales o han ido publicando los medios de comunicación”.
En sus dos años de existencia, los diputados de la comisión han interrogado a los cuatro políticos del PP que han ejercido de presidentes de la Comunidad de Madrid y que están en el punto de mira de la Fiscalía. A Ignacio González se le citó meses antes de ser enviado a prisión por el caso Lezo y con motivo de la venta de pisos sociales a fondos buitre; a Esperanza Aguirre, un día después de que los agentes hubiesen registrado la sede del PP de Madrid y meses antes de que los investigadores de Púnica certificasen las prácticas ilegales para llenar la caja B regional; y a la misma Cristina Cifuentes, tras ser vinculada por la UCO con la mecánica de la financiación ilegal del partido. A los tres dirigentes se suma el cuarto y último en enfrentarse a las preguntas de los representantes de los madrileños: Alberto Ruiz-Gallardón.
Gallardón alaba el “servicio público” de la comisión
El también exministro de Justicia compareció en la última sesión de la comisión, donde puso en valor, en una actitud contraria a la del PP, el trabajo que estaba desarrollando la comisión como “un servicio público”. “Creo que han hecho ustedes un servicio público porque han dado la oportunidad de declarar públicamente a personas de las que se publicaba que estaban imputadas, que estaban investigadas, cosa que no era cierta. Aquí hemos tenido ocasión de decir la verdad de lo que ocurrió, y yo, en ese sentido, les tengo que decir que les estoy agradecido”, dijo en la sesión a la que se le llamó para explicar cuál fue su papel en la expansión por Latinoamérica del Canal de Isabel II al comprar una filial en Colombia en el año 2001, una operación investigada por la justicia.
Tras esta sesión, el partido de Cristina Cifuentes anunció su intención de abandonar la comisión por “linchamiento”, “especialmente de Podemos”, según ha explicado Ossorio este lunes, cuando la decisión se ha hecho pública. “Hubo una serie de insultos, de ataques a la presunción de inocencia a los que ya estamos acostumbrados. Quizá fue la gota que colmó el vaso”, ha dicho el portavoz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio, que ha argumentado que la decisión también responde a “la petición de prórroga de los trabajos”, con lo que no están de acuerdo porque no es una “comisión permanente”.
Al PP le enfadó especialmente la “intervención vergonzosa” de la diputada de Podemos María Espinosa, que dijo: “Todos los presidentes y expresidentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid han venido a comparecer a la comisión de corrupción para dar explicaciones por su gestión. Poner en duda que el PP ha gobernado saqueando las instituciones es faltar a la inteligencia de la ciudadanía madrileña”.
Las declaraciones más inmediatas se sucederán en las dos próximas semanas, en las que el juez instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado a instancias de Anticorrupción a todos los que participaron en el proceso de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación que se llevó a cabo con el beneplácito del gobierno regional dirigido por Ruiz-Gallardón. Entre los interrogados está el exconsejero de Economía Juan Bravo –que firmó junto al expresidente la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa– y el entonces presidente del Canal Pedro Calvo. La Fiscalía y la Guardia Civil consideran que esta adquisición se hizo por un valor muy superior al real y a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.
Bravo declarará el próximo martes y Calvo, el miércoles. Y aún habrá que esperar para ver si Gallardón y el resto de sus consejeros son finalmente imputados en esta rama de la investigación. En este sentido, la Fiscalía advirtió de que, si aún no lo había pedido, era porque no tenían toda la información necesaria. Se refería, por ejemplo, a los documentos que manejaron los consejeros y el presidente regional para autorizar la compra y que la Comunidad de Madrid ya ha enviado tras el requerimiento del juez.
El futuro de la comisión
El abandono del PP no frenará, sin embargo, los trabajos de la comisión, que se alargarán previsiblemente hasta final de año. Fuentes parlamentarias calculan que las comparecencias habrán terminado antes de verano. Algunos de los asuntos pendientes son la operación de construcción de un campo de golf en Chamberí en tiempos de Esperanza Aguirre que ha sido declarado ilegal por la justicia o la relación de algunos colegios concertados con el caso Púnica.
Después de los meses estivales, dicen las mismas fuentes, los diputados empezarán a elaborar el dictamen final, que se someterá a votación en el Pleno. En este proceso no participará desde este lunes el PP, que sí emitirá su voto sobre el documento de conclusiones en sesión plenaria.
Pese a que la decisión de los 'populares' no pone punto y final a la comisión, la oposición ha criticado de forma unánime la “huída” del PP y “las trabas” que ha puesto para el desarrollo de los trabajos. “Su única intención no dar información y quejarse. Hoy acontecemos al último espectáculo. Nos sorprende que Cifuentes haya decidido quitarse la careta y salir de una comisión que ha dado sus frutos”, ha dicho César Zafra, de Ciudadanos. La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha interpretado que la marcha tiene que ver con que “se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso del Canal de Isabel II”. El socialista Ángel Gabilondo, por su parte, lo considera “un error”.
En todo caso, como ha subrayado este lunes la oposición, esta no es la primera vez que el PP pone pegas a la comisión. Primero alegaron que los casos estaban judicializados y que el objetivo de la oposición era “abrir una causa general” contra el PP. Y una vez iniciadas las sesiones, el partido de Cristina Cifuentes pidió un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea para hacerse con argumentos para tumbar los trabajos teniendo en cuenta que en el Ayuntamiento de Madrid había ocurrido con un grupo similar. Pero no hubo suerte porque los letrados justificaron que los casos no eran comparables y que no había ningún resquicio al que agarrarse para dar carpetazo a la investigación parlamentaria de la corrupción en Madrid. Hasta hoy.
