El Samur o las escuelas infantiles, el gasto de Madrid que Montoro considera inaceptable
El mayor argumento que el Ministerio de Hacienda esgrime para intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid es haber puesto 428 millones de euros para servicios que debería cubrir la Comunidad Autónoma o el Estado.
“Competencias impropias” es el término técnico. ¿A qué refiere el equipo de Cristóbal Montoro? Servicios sociales, educación infantil, atención a las adicciones y, también, el Servicio Municipal de Urgencias: el famoso Samur.
Según la conclusión de la resolución del Ministerio, el Gobierno de Manuela Carmena debería haber prescindido de este servicio al que dedicó 52 millones en 2016 si quería cumplir. O al menos a la mitad, según los cálculos del Ayuntamiento.
La asistencia sanitaria de urgencia que presta el Ayuntamiento cuenta con un acuerdo entre el Gobierno local y el autonómico que cuentan con sendos servicios similares: el Samur y el Summa, respectivamente. De hecho en 2012, cuando ambas administraciones estaban dirigidas por el Partido Popular, se explicó que el Samur se encargaría en exclusiva de todos los casos en la capital.
El entonces concejal madrileño, Antonio de Guindos, hermano del actual ministro de Economía Luis de Guindos, aseguraba en una comisión municipal que ese servicio contaría “con la suficiente dotación presupuestaria”. Porque hay que atender unas 125.000 activaciones al año con un tiempo medio de respuesta que oscila los 7:12 minutos desde hace un lustro, según los datos municipales.
Eso implica mantener 22 bases y 102 ambulancias entre UVI, soportes básicos y psiquiátricas más otros 106 vehículos. Los profesionales suman en torno a los 650 trabajadores entre médicos, enfermeros, técnicos, psicólogos o administrativos. Esa es la dimensión que ha importunado a Hacienda.
Históricamente, si algún ciudadano en la capital sufría una urgencia médica se producía una pequeña batalla competencial entre el Samur y el servicio paralelo de la Comunidad de Madrid (El Summa). La regla establecía que, si el paciente estaba en la vía pública, la ambulancia sería del Samur. Si reclamaba la atención desde el domicilio, era asunto del Summa.
El acuerdo del que hablaba De Guindos debía ceder todos los casos de la ciudad al Samur. Era una manera de evitar duplicidades de gasto, dijeron. Una medida de eficacia, según el PP de Madrid. Más adelante, en 2016, se ha explorado la posibilidad de que los dos servicios pudieran acudir indistintamente a cualquier emergencia.
Fuente de prestigio
Lo cierto es que ningún dirigente ha querido renunciar al Samur y su imagen. Este servicio, nacido como tal en 1992, ha sido una fuente inagotable de reputación para los sucesivos alcaldes madrileños.
Por ejemplo, Alberto Ruiz-Gallardón nunca permitió que el Samur y su gasto fueran cuestionados. Tanto que, poco antes de ser reelegido alcalde y nueve meses antes de dejar el puesto en diciembre de 2011, se mostraba indignado por la idea (esbozada por el PSM) de llegar a fusionar Samur y Summa: “Es una agresión a los madrileños”, dijo. Los socialistas había dicho “estudiar la coordinación y la posible integración”.
De hecho, Ruiz-Gallardón utilizaba incluso su actividad para reforzar las candidaturas olímpicas en las que se embarcó: “De las 125.000 actuaciones anuales 650 fueron en actos deportivos, una cifra que avala la capacidad de la Ciudad de Madrid para afrontar con seguridad el reto olímpico”, publicitaba su equipo en 2008.
La importancia que concedía a la imagen del Samur la administración Gallardón (e igualmente a su sucesora Ana Botella) hacía que, en medio de la oleada de externalización de servicios de todo tipo, la plantilla de las urgencias siempre fuera contratada directamente: “Es el único Servicio de Emergencias del país en el que todo su personal profesional asistencial pertenece contractualmente al Servicio”, presumía en sus memorias anuales.
El acuerdo que llegó entre Ana Botella e Ignacio González dejó la ciudad de Madrid entera al Samur mientras la Comunidad se centraba en el resto de la región. Era el colofón a un proceso para “evitar duplicidades”. Es decir, dividirse competencias.
Competencias “impropias”, huerfanas
La resolución firmada por la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro Heras, ha afeado que Madrid, además del Samur, se haga cargo de cosas como los 100 millones dedicados a la inclusión social y atención de emergencia, los 12 para programas de igualdad de las mujeres, los 16 de atención a las adicciones, los 10 millones gastado en 2016 en servicios complementarios de educación (20 millones este año). Vigilancia de la contaminación, fomento del empleo, promoción y gestión de vivienda, medio ambiente…Y así, programa tras programa, hasta sumar esos 400 millones.
Se trata de atribuciones “impropias” porque muchas de ellas deberían ser atendidas por el Gobierno regional de Cristina Cifuentes (PP). El Gobierno de Mariano Rajoy diseñó una ley en diciembre de 2013 para que los ayuntamientos no ejercieran esas labores y las asumieran, junto a su financiación, las comunidades autónomas. Estando el dinero de por medio, hubo revolución regional.
La ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue bloqueada por, al menos, nueve gobiernos autonómicos. Entre ellos, el de la Comunidad de Madrid que consiguió que la Asamblea aprobara una ley para diferir la asunción de esas competencias hasta que no se resolviera el nudo gordiano de la financiación autonómica. Esa madeja permanece bien liada.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid cambió de color político con Ahora Madrid y ha ido andando su camino financiero. Un camino que Cristóbal Montoro acaba de cortar por lo sano.
