Una nueva adjudicación del Canal de Isabel II por 24 millones de euros levanta sospechas

Canal de Isabel II Gestión ha publicado un nuevo concurso para adjudicar los servicios de call center, por valor de 24 millones de euros. La empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid rectifica así, obligada por la sentencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que anuló la anterior adjudicación. El nuevo pliego ha vencido el 8 de marzo, mientras el anterior queda ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid.

La adjudicataria había sido en un primero momento la compañía de atención telefónica GSS Venture, de la que el propio Canal posee un 25% y en la que tiene unos fondos propios de más de 1,6 millones de euros, según las últimas cuentas publicadas por el Canal, actualizadas a 31 de diciembre de 2014. Los recursos de las otras dos empresas que optaban al suculento negocio, Atento y Konecta, provocaron la paralización del proceso. Así lo ha reconocido a este medio Atento, que estudia presentarse nuevamente al pliego pero no ha querido dar más datos. Tampoco Konecta, en una actitud que no sorprende a las personas conocedoras de este tipo de adjudicaciones: “Nadie se quiere manchar las manos con el Canal, para no cerrar la puerta a que les conceda algo en el futuro”.

Lo que en principio generó un conflicto únicamente laboral por la pretensión de GSS de externalizar a Perú parte del servicio de atención de llamadas (los sindicatos denunciaron la pérdida de 250 empleos directos) esconde otras dudas. La sentencia del Tribunal Administrativo del pasado junio pone en evidencia que Canal de Isabel II Gestión vulneraba los principios de “transparencia, igualdad y no discriminación”, advirtiendo además de que el importe de la oferta económica del adjudicatario había sido corregido por el órgano de contratación. El Canal, de hecho, se negó a entregar el expediente de adjudicación a las otras compañías concurrentes y sólo lo hizo tras la correspondiente resolución del tribunal administrativo.

Nuevas sombras se ciernan sobre la empresa que gestiona el agua de la región madrileña. Tampoco ayuda el ruido de fondo, con el Canal de Isabel II vinculado a informaciones sobre corrupción, y con la Asamblea de Madrid celebrando una Comisión de Estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, a la que se han negado a acudir por ahora tres personas de alto rango vinculadas a la compañía pública.

Sin explicaciones

Alegando baja médica por enfermedad, la última negativa ha sido la de Manuel Beltrán, director de la Secretaría General Técnica y anterior viceconsejero de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad con Esperanza Aguirre. El Canal no propuso sustituto alguno en su lugar, lamentó el portavoz de Podemos en dicha Comisión, Eduardo Gutiérrez, a lo que su homólogo del Partido Popular, José Antonio Gómez Angulo, le respondió que la compañía no estaba obligada.

La Asamblea de Madrid también ha recibido el no de Ildefonso de Miguel, gerente de la empresa pública hasta 2009 y una persona muy cercana al expresidente madrileño Ignacio González. Este tipo de comparecencias no son obligatorias y De Miguel se excusó aludiendo sencillamente que no podía acudir. De Miguel había dejado su cargo en el Canal después de que el Consejo de Administración anulase el anterior contrato de call center, el de 2009. La adjudicación había recaído en Atento por 26 millones de euros, la oferta más cara, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El tercer rechazo lo protagonizó hace unos días Marisa Carillo, secretaria general técnica hasta octubre de 2009, en su caso alegando por escrito que “la Secretaría General Técnica era una dirección técnica del Canal de Isabel II, que ni formaba parte de los órganos de gobierno de dicha entidad ni tenía competencia sobre la gestión y administración de la misma”. Las fuentes del Canal consultas por eldiario.es coinciden sin embargo a la hora de destacar la importancia, “no meramente técnica”, de esta subdirección. Hay quien incluso sitúa a Carrillo como la responsable última de las adjudicaciones: “Era el brazo derecho del gerente Ildefonso. Era ella quien manejaba todo, absolutamente todo”. Hay que recordar que Marisa Carrillo también formó parte del Consejo de Administración de Hispanagua, compañía investigada por corrupción en Melilla.

Quien sí compareció ante la Asamblea el 1 de marzo fue el actual gerente, Adrián Martín López de las Huertas, que en la época de Ildefonso de Miguel era director de Ingeniería y Nuevas Tecnologías. No quiso entrar en detalles respecto a GSS: “El Tribunal nos ha suspendido el contrato y no se han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Por eso hemos abierto un nuevo concurso. Está en contencioso administrativo, punto al que lo llevaron todas las empresas que concurrieron. Será el juez quien dictamine qué pasa”.

Cinco días antes, el propio Martín había enviado un comunicado interno a los trabajadores y trabajadoras del Canal, desmintiendo que la Guardia Civil hubiera acudido a la sede de la empresa pública en el marco de la investigación sobre un posible desvío de fondos a través de contratos adjudicados durante la etapa de Ildefonso de Miguel. Y es que, recientes informaciones incluyen al Canal y a otros de sus exgerentes, Salvador Victoria, en la trama de la Púnica.

Vínculos dudosos

Llama la atención el 25% que conserva el Canal de Isabel II en GSS Venture, “con mayoría de decisión”, según una fuente anónima cercana a la empresa. Esta compañía fue creada para atender el call center del Canal tras comprar éste parte de la matriz, GSS Line, en la que ya no tiene participación. Según ha podido saber este medio, el Canal estuvo vinculado a esta empresa de telemárketing al menos entre 2004 y 2007, siendo consejero de la misma Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, quien fuera director financiero del Canal y es hoy presidente y socio fundador de PW&P (Professional Water & Partners).

La venta de GSS Line a un grupo italiano se produjo en el año 2007, tal y como se confirma cotejando los informes anuales del Canal, que mencionan el asunto de pasada. En aquellos años, la hemeroteca revela que el Canal compartía la propiedad de GSS Line con la sociedad holandesa Ard Choille BV, una empresa pantalla vinculada al caso Petroria y también usada por Oleguer Pujol para ocultar comisiones. Esta compañía instrumental ha estado controlada, según ha publicado el digital que estudia la corrupción en Catalunya, La Comissió, por el Bufete Pretus, también inmerso en casos de corrupción, y por Eugenio de Mora Olivella, expresidente de Burberry España y que ha pagado 31 millones de euros a Hacienda para evitar la prisión por varios delitos fiscales.

Los vínculos no terminan aquí. Uno de los consejeros de GSS Venture en aquella época fue Juan Ignacio Zubizarreta, director comercial del Canal en 2015 (el área comercial es la responsable de redactar los pliegos de licitación), cuando la última adjudicación del call center estaba en juego. Zubizarreta dejó el cargo días después de la anulación judicial del contrato si bien, según la versión que dio Adrián Martín ante la Asamblea, “se abstuvo en todo momento de firmar ninguna de las cosas relativas a GSS”. Hay más. La red social de empresas infocib.es sitúa a María Fernanda Richmond como actual consejera de GSS Venture cuando, según publica ella misma en su perfil laboral subido a internet, es a la par directora financiera y de desarrollo de Negocio del Canal.