Se presentan las firmas para promover una ley de “vivienda digna” en Madrid: “Le toca el turno a los políticos”
VÍDEO: David Conde
Llevan tres meses recopilando firmas para que en la Comunidad de Madrid se apruebe una “ley urgente del derecho a la vivienda” que garantice el acceso a inmuebles públicos, combata la pobreza energética y paralice los desahucios. Tras 90 días dando a conocer en la calle esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP), alrededor de un centenar de personas han escoltado los apoyos recabados en su llegada a la Asamblea de Madrid.
Necesitaban 50.000 firmas para que esta propuesta promovida por la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Asociación Libre de Abogadas y la Federación de Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid fuese tramitada en la Cámara regional. Y han conseguido más de 76.773 apoyos, tratando así de que la ILP llegase a la Asamblea con el “mayor apoyo social posible”.
“Llevamos varios meses de esfuerzo, trabajo y sacrificio. La ley que permite las ILP está redactada para que sea muy difícil plantear este tipo de iniciativas. Hemos salido a las calles día tras día; en cada plaza, en cada pueblo y en cada barrio porque entendemos que es una ley necesaria para la sociedad”, ha incidido Alejandra Jacinto, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El número exacto de apoyos se ha hecho público en la concentración festiva celebrada minutos antes de la entrega de firmas. En ella, los asistentes se han mostrado muy satisfechos con esta cantidad final. “Esta ILP la vamos a ganar” o “una ILP para vivir dignamente en Madrid”, han sido algunos de los cánticos que han precedido a la entrega de las 20 cajas que los portavoces de los colectivos promotores han presentado y trasladado al registro de la Asamblea.
“Un sistema un poco precario”, apuntaba Jacinto mientras cada uno de los tres portavoces eran los encargados de trasladar las cajas al interior de la Cámara. El texto de la ILP no se limita a paralizar los deshaucios, tambien se ocupa de la creación de un régimen de acceso general para el uso a una vivienda pública de alquiler, de los casos de “emergencia habitacional” para que se asigne una vivienda “temporal y gratuita”.
Además, proponen medidas para prevenir el uso antisocial de las viviendas, como la penalización económica de hasta 600.000 euros sobre aquellas viviendas que durante más de seis meses permanezcan vacías.
“Actualmente, el Gobierno hace lo que quiere con nosotros, vende nuestras casas, ejecuta desahucios y nos dejan sin vivienda pública”, recordaba Carmen, activista de la PAH, que acudía a la cita con un vestido que tenía serigrafiado el logo de esta ILP de vivienda. Esta mujer ha amenizado la mañana de los asistentes entonando al ritmo de un castizo chotis, las principales reinvindicaciones de esta normativa. “Madrid, Madrid, Madrid, no hay techo que se te pueda resistir”, cantaba en el estribillo.
Comienza el proceso político
Una vez que ha vencido el plazo para recabar firmas y han conseguido superar la barrera de 50.000 firmas, la Asamblea deberá verificar esos apoyos y, a partir de entonces, serán los grupos políticos los encargados de decidir sobre el futuro de esta propuesta. “Ahora hay un cambio de fase, hemos superado con creces lo que nos han pedido y le toca el turno a los partidos políticos. Veremos qué partidos pasan este examen de democracia”, apuntaba Jacinto.
“Es el momento de que los partidos políticos se pronuncien y dejen claro que el derecho a la vivienda es fundamental y no un bien de consumo”, respondía Alejandro Gámez, presidente de ALA. Según explicaba el letrado, el primer filtro de la ILP lo ejecutará la mesa de la Asamblea, que decidirá si se debate o no, si finalmente se aprueba, el texto presentado hoy se tratará como una “ley cualquiera” en la Cámara.
“Podemos y PSOE nos plantearon que votarían a favor. Por su parte, Ciudadanos y Partido Popular se han mostrado favorables al debate, la cuestión es si luego se va aceptar todo el articulado o en qué medida se va a restringir”, añadía Gámez.
La esperanza de estos colectivos es que Ciudadanos “se pronuncie a favor”, tal y como apuntaba Vicente Pérez, portavoz de la FRAVM. Aunque también advierten que no quieren que los partidos políticos “esquilmen” el articulado del texto que han presentado. La paralización de los desahucios en la Comunidad de Madrid, la prohibición de vender vivienda pública y la cesión de vivienda vacía a los bancos, son algunos de los puntos “mínimos” que esperan que se conserven si finalmente se presenta una ley.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado hubo en Madrid 6.674 lanzamientos, esta cifra supone un descenso del 7,2% respecto a los 7.194 de 2015. En esta recogida de datos, se tienen en cuenta distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.
