La asociación de referencia en Madrid de atención a mujeres violadas, en la calle por falta de fondos

Guardando expedientes y cerrando las últimas cajas para dejar el piso en el que están a final de mes porque no tienen dinero para pagar el alquiler. Así está la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Madrid (CAVAS), entidad pionera y de referencia nacional en atención a mujeres y menores víctimas de abusos sexuales, porque la resolución de los programas de subvenciones que dependen del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales lleva un retraso de casi tres meses.

“Todos los años en torno a agosto ya sabíamos si nos habían concedido los programas que habíamos pedido y el dinero llegaba líquido en octubre”, explica Tina Alarcón, presidenta de la entidad, que también forma parte de la Federación de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. La diferencia este año es que es el primero que estas ayudas no están gestionadas por el Ministerio de Sanidad, Asunto Sociales e Igualdad, como ocurría hasta ahora, sino que son las propias comunidades, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que dio la razón a un recursos presentado por Cataluña, quienes se encargan de ellas.

Desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid subrayan que no ha habido retraso y explican que a mediados de diciembre saldrá la resolución de las subvenciones y programas concedidos a cada entidad y que el 1 de enero se empezarán a cobrar. Pero hasta entonces, la preocupación de Alarcón es qué va a pasar con las cerca de 300 mujeres y menores que reciben asistencia psicológica y legal gratuita por parte de CAVAS y de qué manera van a poder atenderlas.

Local de acogida provisional

El Consejo de las Mujeres de Madrid, que aglutina a entidades madrileñas en la capital, ha dejado a CAVAS dos estancias en su local, espacio que a su vez está cedido por el Ayuntamiento de Madrid. “Es algo muy provisional para que al menos podamos tener un lugar en el que guardar toda la documentación y los expedientes y atender en la medida en la que podamos a las mujeres y los menores”, explica Alarcón con la incertidumbre de no saber si, tras 35 años de trabajo, la asociación tendrá que cerrar definitivamente.

El retraso en la resolución de las ayudas ha llevado a la entidad a solicitar varias prórrogas en el pago de la seguridad social de las trabajadoras a tiempo completo de CAVAS, una psicóloga -que lleva más de 22 años trabajando con mujeres y menores violados-, una abogada y una coordinadora que es quien se encarga de recibir a las víctimas cuando llegan a la entidad. “Su trabajo es fundamental porque es la que inicia todos los expedientes”, subraya la presidenta. Las tres han seguido trabajando, aunque hay meses que no han podido cobrar por la falta de fondos, pero el casero ante el impago del alquiler les ha pedido que se marchen.

Alarcón explica que este año además han recibido cerca de 200 casos nuevos. Cuando escuchó la noticia, adelantada por la Cadena Ser, hace apenas una semana de que un centenar de menores llevaba más de seis meses esperando a ser atendidos en el Centro especializado de Intervención en abuso sexual Infantil (CIASI), dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Cristina Cifuentes, no le pilló de sorpresa. “Desde hace dos años nos llegan casos que deberían haberlos atendido en el CIASI pero que ante la falta de asistencia recurren a CAVAS”, indica Alarcón, quien explica que también han acudido mujeres procedentes del CIMESCAN, el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, y también dependiente de la Comunidad de Madrid, “que no se han sentido bien atendidas allí”. Para la presidenta de CAVAS tener a menores que han sufrido abusos sexuales esperando a recibir asistencia psicológica “es una locura porque lo que necesitan es atención inmediata”.

Expulsadas por Aguirre

Las dificultades de la entidad para seguir atendiendo víctimas en Madrid no son nuevas. En 2005, cuando Esperanza Aguirre llevaba poco más de un año en el gobierno regional, la asociación perdió el concurso que llevaba ganando cuatro años para gestionar el servicio de atención a mujeres violadas y con ello dejó de recibir una buena parte de sus ingresos, y pasó a sostenerse solo a través de las subvenciones estatales vía IRPF.

Poco después, la comunidad echó a la entidad del local en el que llevaba trabajando más de dos décadas tras vencer la cesión que tenían a 25 años. A pesar de que la asociación solicitó una prórroga, el Gobierno de Aguirre, propietario del local, se la negó alegando que lo necesitaba para otras actividades. Situado en la céntrica calle O’Donnell, con fácil acceso en transporte público y desde la calle, el bajo estuvo desocupado mucho tiempo, y hay zonas que, según señalan desde CAVAS, siguen vacías. En la Consejería de Políticas Sociales y Familia explican que el local “está ocupado” por un sindicato de profesores, otra entidad y aloja servicios de la Secretaría Técnica de la consejería, entre ellos el espacio en el que esperan los conductores hasta que sus servicios son requeridos.

Con la reducción de ingresos, y al tener que empezar a asumir el pago de un alquiler, los fondos de CAVAS se redujeron considerablemente. De las cuatro psicólogas y tres abogadas que trabajaban entonces, la plantilla se redujo a más de la mitad. “Al principio fue furo porque seguían llegándonos muchos casos y eso que nos consta que desde la Comunidad se dio orden a la Policía que no nos derivara a ninguna mujer”, recuerda Alarcón.

Esta falta de colaboración con algunas administraciones es lo que la presidenta de CAVAS no llega a entender. “A muchas administraciones se les llena la boca con la colaboración público privada y nosotras que durante muchos años hemos sido un ejemplo de ello ahora se está desaprovechando una experiencia de más de 35 años”, afirma.

Entidad pionera en atención a víctimas

La asociación fue la primera entidad que empezó en el año 1982 a atender a mujeres violadas en España, cuando el Código Penal consideraba estos delitos como crímenes “contra el honor”. Se fundaron otras agrupaciones en otras comunidades autónomas, se puso en marcha la federación y en 1989 lograron la primera reforma penal para que la violación fuera considerada un delito contra la libertad sexual.

De CAVAS partieron los primeros protocolos de atención a mujeres violadas, cuya principal prueba es siempre su cuerpo. La primera puerta de llegada de las víctimas era la comisaría. “Logramos que fueran, las aún pocas, mujeres agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes empezaran a asistir a las víctimas y conseguimos un hospital de referencia”, recuerda Alarcón. El elegido en Madrid fue La Paz por su cercanía a los juzgados de Plaza de Castilla. “De esta manera el forense de guardia acudía de inmediato en cuanto le avisaban de un caso los ginecólogos de guardia”, recuerda. En la comisaría, donde siempre avisaban a la asociación para acompañar a la víctima, se recogían las primeras pruebas y denuncias y los propios agentes trasladaban a la mujer hasta el hospital.

“Aunque aún hay deficiencias, hemos avanzado mucho en atención a mujeres violadas, a quienes les ayuda mucho a recuperarse ver que su agresor ha sido condenado”, subraya Alarcón. La experta explica que ahora hay más casos porque las mujeres se atreven a denunciar más, “y por eso las administraciones tienen que dar una respuesta adecuada y profesional como la que nosotras ofrecemos”.

También advierte. Lo único que no ha cambiado es el perfil de los agresores, la gran mayoría sigue siendo del entorno cercano a la víctima: novios, ex parejas, amigos o conocidos de una noche. “Y lo que vemos es que ocurre en población más joven y y cada vez más casos de violaciones en grupo”, añade.