Cristina Cifuentes pone fin al tasazo en las escuelas infantiles de la era Figar

Cristina Cifuentes ha decidido terminar con el tasazo impuesto por Esperanza Aguirre en 2012 en las escuelas infantiles públicas. En ese curso, las cuotas mensuales aumentaron más de un 100%, haciendo recaer sobre las familias un porcentaje muy elevado (hasta el 70%) del coste de la escolarización de los niños y niñas de 0 a 3 años. A partir del curso que viene, los precios mensuales descenderán un 20%, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid este martes.

Esta reducción, dice el equipo dirigido por Cifuentes, beneficiará a 43.000 familias y supondrá un ahorro a las familias de hasta 312 euros anuales de media. Las cuotas bajarán, pasando de los 80 a los 64 euros para las rentas de hasta 5.644 euros anuales; de 130 a 104 euros para rentas de 5.644 hasta 7.656 euros; de 180 a 144 euros para rentas de 7.656 a 25.725 euros; y de 260 a 208 euros al mes para rentas superiores a 25.725 euros. Y para los niños menores de un año, la cuota adicional de escolaridad mensual bajará desde los 60 a los 48 euros.

El Ejecutivo también ha aprobado la reducción de la cuota mensual de prolongación de jornada (más allá de las cuatro de la tarde o antes de las nueve de la mañana) que ha quedado establecida en 12 euros mensuales por cada período diario de media hora, en lugar de los 15 actuales. Esta cuota, igual que la de bebés, es fija y no está sujeta al nivel de renta familiar. Los precios de las Casas de Niños (de 0 a 3 años y horario más reducido) también bajan: pasan de 60 euros al mes a 48. La tarifa, del mismo modo, es igual para todas las madres y padres.

La Comunidad de Madrid tiene, según datos del Ministerio de Educación, una de las tasas más altas de escolarización de España (un 43,9%), solo superada por el País Vasco y varios puntos por encima de regiones como Andalucía o Cataluña. Este curso, hay 90.000 menores de tres años en centros educativos: un 49,3% de ellos están escolarizados en alguna de las 452 escuelas públicas (bien de gestión directa o indirecta) o casas de niños de la región.

Más del 50% de los niños y niñas restantes están inscritos en guarderías privadas, cuyo acceso se facilita a las familias con un cheque de 100 euros mensuales de la Comunidad de Madrid. Durante estos años, esta ayuda para favorecer la matriculación en la privada ha igualado prácticamente las cuotas de los centros privados con las de las escuelas públicas. La situación se ha interpretado desde las plataformas defensoras de la educación 0-3 como una “maniobra para privatizar” esta etapa educativa no obligatoria.

La otra trinchera abierta: la gestión

Desde que la región diera el pistoletazo de salida al modelo de gestión indirecta en el tramo 0-3, las claúsulas que determinan la adjudicación de los centros a la empresa o cooperativa ganadora del concurso han sufrido modificaciones muy significativas. Tras 10 años con estos conciertos en marcha, el Gobierno del Partido Popular ha transformado por completo –y casi a modo de laboratorio– la fisionomía de toda la red sostenida con fondos públicos.

En los primeros pliegos, la propuesta pedagógica de las candidaturas se equiparaba en puntuación a la capacidad de gestión económica. Este reparto inicial facilitó la entrada de grupos con proyectos pedagógicos a la vanguardia de la innovación educativa que, en los últimos años, se están quedando arrinconados a favor de grandes conglomerados no especializados en el campo de la educación, como Clece (del grupo ACS, de Florentino Pérez) o Eulen (inicialmente dedicado a la limpieza), que buscan un beneficio de esta actividad.

Este trasvase es una consecuencia directa de la implantación de un sistema de subastas que otorga la gestión a la empresa o cooperativa que oferte la plaza a un precio más bajo. Desde 2008, el peso mayor en la puntuación (45%) depende de esta cifra. Hasta ese momento, las escuelas infantiles tenían un presupuesto cerrado, es decir, todas un mismo capital fijado por la Consejería de Educación que era invariable.

Los colectivos de maestras y educadoras en defensa de la educación pública denuncia que este cambio de manos implica dejar en manos de grupos empresariales no especializados una etapa educativa fundamental para el desarrollo de los niños y niñas. El Ayuntamiento de la capital se comprometió hace unos meses a cambiar los pliegos de condiciones para favorecer la devolución de la gestión a cooperativas sin ánimo de lucro.