El Ayuntamiento de Carmena teme una intervención de sus cuentas similar al 155

Desde que estalló la crisis catalana y Hacienda intervino las cuentas de la Generalitat el pasado 15 de septiembre, hay un temor que sobrevuela en el Gobierno de Manuela Carmena: que el departamento de Cristóbal Montoro se atreva con una acción similar en el Ayuntamiento de Madrid. A día de hoy, ese temor se ha agravado con el último movimiento del Ministerio.

En la guerra económica entre el Ministerio de Montoro y el Ayuntamiento de Carmena se escribe un nuevo capítulo, de una larga lista que comenzó con la llegada de Ahora Madrid a la Administración Local. Hacienda ha vuelto a decirle al Consistorio de la capital que no acepta su Plan Económico Financiero (PEF) por tercera vez consecutiva, aunque esta vez ha sido mediante una comunicación informal vía email en la que le concedía una semana para “corregir” el plan presentado hace dos semanas.

A esta nueva comunicación enviada a la alcaldesa, la corporación ya ha contestado, según confirmó este martes la portavoz del Gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre. Maestre ha sido crítica con Hacienda: “El Ministerio nos pidió una respuesta para el día de hoy, que ya se ha producido, y tiene que ser el Ministerio el que nos responda a las preguntas que hacemos, por qué su propia regla de gasto ya no les vale”, declaró la portavoz del Gobierno municipal en los pasillos del Palacio de Cibeles durante la celebración del Pleno mensual. Carmena, según ha podido saber el diario.es, ha hablado posteriormente con el secretario de Estado de Hacienda para trasladarle lo que ya incluía en la carta: “la sorprendente falta de respeto a sus actos propios”. Desde el Ayuntamiento consideran que “la argumentación técnica que están utilizando contradice a la propia ley y al Ministerio de Hacienda”.

El Gobierno de Ahora Madrid afronta en estos momentos su segunda mitad de legislatura, un tiempo que será crucial y que desembocará en la precampaña de las municipales y autonómicas de 2019. Las informaciones sobre una posible repetición de Carmena como candidata a las municipales cada día son más persistentes, una posibilidad que inquieta a la oposición, dado que la edil saca muy buena nota en las encuestas internas de todos los partidos. Ahora, el Gobierno que preside está en el tiempo de descuento para poner a prueba el cambio que la candidatura de Ahora Madrid prometió en 2015, un cambio que las exigencias de Hacienda pueden entorpecer.

A este nuevo escollo sobre las cuentas municipales, la Administración local suma el requerimiento de paralizar la obra pública que ahora le enfrenta con el Ministerio en los tribunales. “Hay una intención clara de acabar con toda la política pública de infraestructuras del Ayuntamiento”, apunta un miembro de la Corporación local, “que nos situaría en una situación complicada de cara a las elecciones”, reconoce. “¿Cómo explicas a la gente que tienes que parar toda la acción política teniendo más de 1.000 millones en la cuenta?”.

Y es que el Gobierno de Carmena, a diferencia del criterio de Hacienda, presume de gestión económica, de haber reducido la deuda en 2.000 millones desde su llegada al Palacio de Cibeles y de cerrar el año las cuentas con superávit, en 2016 con más de 1.000 millones. Unos datos por los que siguen defendiendo que la dureza de Hacienda es injustificada. Tampoco Madrid es el único municipio que pelea con Montoro por un trato más laxo, debido a que las corporaciones locales han saneado sus cuentas a diferencia de la Administración Central y las Comunidades autónomas. Gracias al superávit de los municipios, el Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido este año por primera vez con Bruselas.

Medidas coercitivas

En la carta remitida a la alcaldesa, el Ministerio de Hacienda manifiesta que al haber incumplido la Regla de Gasto de los ejercicios 2015 y 2016, la normativa establece que el Ministerio está habilitado para realizar un seguimiento específico e imponer medidas coercitivas sobre esa administración, según recoge Europa Press.

Sobre esas medidas coercitivas el Ejecutivo de Carmena se pone en el peor escenario. “Si el Gobierno se ha atrevido a intervenir las cuentas de Catalunya y ha visto que no ha habido una contestación social, no nos parece tan descabellado que se planteen algo igual en Madrid”, aseguran fuentes municipales.

La medida de Hacienda tomada en Catalunya el 15 de septiembre para evitar la transferencia de fondos para el 1-O fue “excepcional” aseguró el Ministerio, “ante la situación de manifiesta ilegalidad”, según el ministro Montoro. Nunca se había aplicado antes y se hizo en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la misma que rige en la regla de gasto y el techo de gasto, por tanto, los mecanismos para intervenir cualquier administración existen y ya se han probado.

En el Ayuntamiento de la capital tampoco olvidan las cartas amenazantes que recibió el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, hace ahora un año por parte de Hacienda por el mismo motivo, un plan económico, en las que veladamente llegaba a plantear la destitución del concejal. Sánchez Mato ha sido la cara visible del Consistorio durante estos dos años de enfrentamiento con Montoro y el que más ha defendido tanto desde dentro de la corporación local como desde la dirección de Izquierda Unida de la que es miembro, una nueva interpretación de la regla de gasto. También es el que más ha peleado, junto con otros ediles, por que no hubiera recortes en las cuentas municipales.

Desde el Partido Socialista, que por primera vez no votó a favor del plan económico, reconocen que la postura de Hacienda es “injusta” con Madrid, pero acusan al Ejecutivo de Carmena de no haber intentado negociar con el Ministerio por la vía del “diálogo”.

Ahora, ante el temor de sanciones duras por parte de Hacienda, el entorno de la alcaldesa duda de que Carmena siga manteniendo por mucho más tiempo una posición beligerante con el Gobierno central. Manuela Carmena, recuerdan, es una persona que “cumple con la ley” y “jamás llegaría tan lejos como Carles Puigdemont”. “Si llega el momento en el que los tribunales quitan la razón al Consistorio y Hacienda aplica sanciones graves, hará lo que haga falta para cumplir con la legalidad”, advierten estas mismas fuentes.