La Justicia sentenció como ilegales las obras de la M-30 en las que Moix no vio delito

Como fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix rechazó acusar a Esperanza Aguirre por un delito de desobediencia cuando se fugó de los agentes de movilidad tras estacionar irregularmente en la Gran Vía. También evitó que Rodrigo Rato durmiese en el calabozo y se le retirase el pasaporte cuando fue detenido. Fue, además, el fiscal jefe de Madrid que impulsó la acusación contra el juez Elpidio Silva tras enviar a prisión a Miguel Blesa. El mismo jefe cuya Fiscalía intentó archivar el caso de los espías pagados con dinero público por el Gobierno de la Comunidad de Madrid e ignoró las primeras denuncias sobre el campo de golf del Canal de Isabel II.

A todos estos casos, a los cuales se debe incluir la decisión de querer abrir un proceso penal contra los medios que investigaron los correos de Blesa, hay que sumarle uno más: el archivo de las denuncias interpuestas por el PSOE e Izquierda Unida en 2005 en el marco de las obras de la M30, como han desvelado las concejalas de PSOE Mercedes González y Ahora Madrid Inés Sabanés este martes durante la comisión de investigación de la M30. 

Izquierda Unida, como indica el propio Moix en su escrito el 16 de febrero de 2006 al que ha tenido acceso eldiario.es, denunció el fraccionamiento de las obras en varios proyectos “eludiendo de modo intencionado la declaración de impacto ambiental”. Para IU, el cambio de naturaleza de la vía fue “meramente formal” y no debía utilizarse “como excusa para eludir la normativa medioambiental”.

Sobre este asunto, Manuel Moix afirmó en su escrito que no le competía a él como fiscal “ordenar al ayuntamiento la paralización de las obras o exigir la declaración de impacto ambiental” porque el Ministerio Fiscal carecía de facultades “para intervenir en los procesos administrativos”. Según Moix, “únicamente” podía actuar por la “vía penal” si existiera “un indicio  de infracción penal” por la fracción de las obras con las que se evitó el informe de impacto ambiental, indicio que, concluyó, “no se daba”. 

Apenas cinco meses después del archivo del entonces fiscal jefe de Madrid, la Comisión Europea abrió en 2006 un expediente sancionador contra España por las obras de soterramiento de la M-30 al considerar que vulneraban la legislación medioambiental comunitaria. Para Bruselas, era “irrelevante” que las autoridades españolas calificasen la M-30 como una vía urbana y consideró que las obras deberían haberse sometido a una evaluación global de impacto medioambiental al tratarse de un proyecto de “grandísima envergadura”. El tribunal europeo sentenció que la evaluación de impacto “no podía eludirse mediante el fraccionamiento de un proyecto”.

Finalmente, en 2007, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió no sancionar a España después de que el Ejecutivo comunitario llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para realizar una evaluación de impacto 'a posteriori'. Además, el Tribunal Europeo señaló que correspondía al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid, que fue quien consultó al Tribunal de Luxemburgo, determinar si en el caso concreto de la M-30 se vulneró la normativa de la UE.

Este juzgado declaró un año después ilegales las obras respondiendo a la denuncia de Ecologistas en Acción, una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El TSJM, como ya hizo antes el Juzgado de lo Contencioso nº 22, concluyó que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, y que “trocear” la obra en diversos proyectos y el hecho de que sea una vía urbana era irrelevante. 

Izquierda Unida también denunció las quejas vecinales sobre las obras y la desaparición de zonas verdes, además de la “tala injustificada” de 155 árboles en la ribera del Manzanares. A esto hay que sumarle las denuncias del PSOE, que llegó a pedir la suspensión de la obra. Los socialistas denunciaron ante la Fiscalía el impacto de las obras en el tramo de la Casa de Campo y su transtorno paisajístico, la tala de árboles en el parque de la Ermita del Santo, sobre el que había una protección que el Ayuntamiento no había retirado, así como otra tala de 400 árboles para hacer el intercambiador de plaza Elíptica.

Sobre todos estas denuncias, Moix concluyó que no quedaba “acreditada” la existencia de un “peligro grave” para el bien jurídico protegido. Para el entonces fiscal jefe de Madrid, se trataban de denuncias “más propias del ámbito administrativo que del penal”. 

Moix y Gallardón

La gestión de Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción acabó con su dimisión después de que descubriera su sociedad en Panamá, como desveló en exclusiva Infolibre. Antes, su puesto al frente Anticorrupción se había visto cuestionado tras su actuación en el caso Lezo, hasta el punto de que llegó a ser reprobado por el Congreso de los Diputados.

Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción. Entre estas actuaciones, estaba la de intentar dejar fuera de una investigación la gestión de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Canal de Isabel II que, entre los delitos atribuidos a los imputados, incluye el de organización criminal. En la época de Gallardón se decidió comprar el 75% de Inassa y que comenzara la etapa de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica.