La empresa de mantenimiento de la M-30 “incumplió gravemente” las medidas de seguridad del contrato hasta 2012

Emesa, la empresa adjudicataria del mantenimiento de la M-30, “incumplió gravemente” el contrato sobre mantenimiento de los sistemas de seguridad en un cuarto técnico donde ocurrió un incendio el 26 de octubre de 2012: el sistema antifuego estaba desconectado. En el incidente del pozo número 4 fallecieron dos trabajadores. La compañía, formada por Ferrovial y dos firmas de ACS, “ocultó la deficiente situación de las medidas contra incendios con grave riesgo para la infraestructura”, según las conclusiones del expediente administrativo abierto por Madrid Calle 30, la sociedad mixta entre el Ayuntamiento de Madrid y Emesa.

A pesar de que Madrid Calle 30 constata el incumplimiento contractual por parte de Emesa respecto a las medidas de seguridad, la empresa mixta no podrá multar a la firma de Ferrovial y ACS ya que han pasado más de tres años desde dicho quebranto del contrato, con lo que los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se han superado. Los responsables de ACS y Ferrovial no quisieron hacer declaraciones a las preguntas de eldiario.es.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado en la sesión plenaria de este martes la creación de una comisión de investigación por Madrid Calle 30. La comisión no permanente fiscalizará la gestión, explotación y mantenimiento de las infraestructuras así como las obras de reforma y mejora de la vía de circunvalación M30. La fórmula utilizada por el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón –sociedad mixta– para levantar su obra estrella ha sido cuestionada por el Gobierno de Ahora Madrid y por la Cámara de Cuentas. El Ayuntamiento de Madrid asume “en exclusiva” los costes de mantenimiento de la vía, el pago de tasas y dividendos, que suponen para la administración local más de 140 millones de euros anuales.

Deficiencias

La resolución de Calle Madrid 30 recalca “el deficiente mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aspersión de agua nebulizada, el sistema de detección lineal de incendios y las baterías del sistema SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida de energía usado en casa de fallo del suministro energético)”. Además, insiste en que “no se habían realizado los mantenimientos correctivos precisos para arreglar las deficiencias” ni en el día del accidente “pero tampoco en los meses anteriores”. Para acreditar estas acusaciones, en la resolución se recogen los atestados de la Policía Judicial, de los bomberos y de los técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud a través de una inspección de trabajo.

El informe pericial de los bomberos, fechado el 13 de noviembre de 2012, recoge que “se corrobora la desconexión de los botellones de nitrógenos (previstos para la presurización) del sistema de extinción por agua nebulizada (HiFog) así como la falta de revisión del sistema en los últimos dos años”.

En el caso de la Policía, su diligencia atestigua que “está constatado que en enero de 2012 y en junio del mismo año, el sistema no estaba operativo, y que EMESA lo conocía, ya que recibieron dos presupuestos para corregir dicha deficiencia... el sistema como se ha dicho anteriormente nunca podría funcionar, toda vez que las bombonas de nitrógeno estaban vacías y faltaba el compresor”.

El informe policial, del 31 de enero de 2013, también incluye que “el sistema de protección contra incendios del citado pozo nº 4 estaba inoperativo tanto en enero como en junio de 2012”. “En este caso sí se aprecia por parte de este equipo instructor una relación de causalidad entre que el sistema no estuviese operativo y los daños materiales causados a la instalación. Si hubiere estado el sistema de protección contra incendios operativo los daños se hubiesen minimizado”, concluye la Policía.

Los daños del incendio originado en un cuarto del Centro de Transformación número 4 del Bypass Sur de M30 fueron, sobre todo, humanos. El incidente provocó la muerte de dos trabajadores de Emesa: Sergio Martínez Pérez, responsable del área de mantenimiento, y Gregorio Camacho Díaz, encargado de mantenimiento de las instalaciones. Respecto a los materiales, se originaron unos daños en las infraestructuras por valor de 599.927,77 euros, según la propia compañía.

No se activó la alarma

La policía recuerda que los sistemas de detección de incendios no funcionaron: “En la sala de control de túneles de Calle 30 no reconocían al principio como suyo el siniestro, ya que no se activó en su centro de control ninguna alarma contra incendios”. Además, el informe policial detalla estas deficiencias en otros lugares de Calle 30. El máximo responsable en esos momentos de Emesa reconoció ante la policía este hecho.

“En el pozo 3 (similar al siniestrado) las bombonas de gas, que se utilizan para el sistema de protección contra incendios mediante agua nebulizada, se encontraban vacías (aunque conectadas) por lo que el día de la visita no estaba operativo, y el día del siniestro tampoco. Al ser preguntado por este extremo Héctor Barbero (director gerente de EMESA) manifiesta que ya se encuentra operativo después del siniestro”, asegura el informe de la Policía.

Por su parte, en el documento realizado por la Inspección de Trabajo, del 23 de mayo de 2013, se apunta que “lo que sí pudo ser verificado es que no llegó a funcionar el sistema de extinción por agua nebulizada, ubicado en la misma planta para rebajar el calor, ahogar y extinguir el incendio en la planta y específicamente en la bancada de baterías”.

Según el contrato firmado por Ferrovial y las empresas de ACS, las instalaciones dedicadas a la seguridad pueden estar un máximo de “dos horas” sin funcionar al mes pero las compañías permitieron que transcurriera “casi un año”, lo que dejó en “situación de práctico abandono las tareas de mantenimiento” de los sistemas de seguridad.

Sin información

“Esta clara y continuada en el tiempo la dejación” de las labores de mantenimiento de los sistemas de seguridad fue ocultada por Emesa. Dicha empresa “se guardó para sí la información del estado de los sistemas durante meses, y no informó a Madrid Calle 30 de dicha situación ni en los informes diarios, ni en los trimestrales de estado, ni semestrales generales”. La ocultación de la información “fue intencionada para que no se detectara en la auditoría semestral a efectos de pago”, añade el expediente.

En la resolución de Madrid Calle 30 se recalca que cuando se le pide justificación por las “graves y reiteradas deficiencias” de mantenimiento y gestión la “única e inverosímil” respuesta de los directivos de Emesa fue que también desconocían esos defectos y se había gestionado “de manera deficiente” por su departamento.

Sanciones del Ayuntamiento a Emesa

El Gobierno de Manuela Carmena ha decidido abrir seis expedientes por incumplimientos muy graves a las constructoras Dragados (ACS), Ferrovial y API, que en 2005 constituyeron la UTE Emesa para hacerse con la explotación y el mantenimiento de la M-30, como adelantó en exclusiva eldiario.es.

Los dos contratos adjudicados por el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón entonces -el original y una modificación suscrita apenas dos años después- han permitido a esas empresas ingresar desde entonces 500 millones de euros de las arcas municipales a cambio de mantener la infraestructura. El actual Ayuntamiento de Madrid acusa a las concesionarias de haber estado cobrando todo este tiempo por trabajos no realizados y por duplicado alguna de las partidas.