Una deuda millonaria de la etapa del PP bloquea la construcción de viviendas sociales en Madrid
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid debe al Ayuntamiento de la capital 17 millones de euros, una deuda que ha paralizado la construcción de más de 1.000 viviendas en el PAU de Arroyo del Fresno, según informa la Cadena Ser. El elevado importe, desconocido hasta ahora por el actual equipo de Gobierno dirigido por Manuela Carmena, responde a la liquidación de un convenio urbanístico suscrito entre 2006 y 2007 con el consistorio, que cedió a la empresa pública los derechos de edificabilidad de la zona.
Este agujero no aparece en las últimas cuentas de la EMVS. Según los números, la empresa obtuvo en 2015 unos beneficios de 5,5 millones de euros. La deuda conocida ahora daría la vuelta a las cuentas colocando a la empresa en serias dificultades para afrontar el pago. El Ayuntamiento, con una participación al 100% en la empresa, ya ha anunciado que realizará una ampliación de capital por esos 17 millones a la EMVS. Una solución de urgencia para tapar este agujero que bloquea nuevas viviendas.
El PAU de Arroyo del Fresno era, cuando se impulsó su desarrollo hace casi una década, considerado el mejor proyecto urbanístico del norte de Madrid por su situación privilegiada entre la M-30 y la M-40. La zona, cuya edificación se dividió en dos fases, estaba preparada para acoger 3.000 viviendas nuevas, la mayoría protegidas, y dar techo a una población de al menos 10.000 personas.
Tras varias rencillas legales y dificultades, los primeros pisos de la segunda fase han comenzado a entregarse -según la Cadena Ser- aunque la primera ejecución está pendiente de su tramitación administrativa. Los millones pendientes de pago desbloquarían la paralización al permitir liquidar los convenios suscritos y hacer frente a la reparcelación del proyecto. Diez años después, constructoras como FCC y Dragados y cooperativistas siguen esperando esta tramitación. Mientras, los particulares aguardan a que se ponga la primera piedra de sus futuras viviendas, cuyo pago (al menos en parte) ya habían adelantado.
Hace una semana, un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid al que tuvo acceso eldiario.es revelaba que el Ayuntamiento de Madrid (entonces gobernado por Ana Botella) “vulneró las más elementales reglas de buena gestión” en 2013 cuando vendió 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros.
El dictamen que fiscaliza esta macrooperación inmobiliaria destapa a lo largo de 66 páginas un rosario de irregularidades por parte de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en la enajenación de su cartera de viviendas en régimen de alquiler y con opción a compra. La operación, según el informe, se hizo de manera irregular sin respetar el carácter público de los inmuebles, que se vendieron por debajo del precio tasado para los inquilinos.
El document revela, además, que el consistorio facilitó información privilegiada a cuatro empresas (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de anunciar la operación públicamente el 3 de mayo de 2013.
