Cifuentes ahoga a las asociaciones que atienden a personas con VIH: “No podemos pagar a los trabajadores”

Las asociaciones madrileñas que trabajan en la atención y prevención del VIH denuncian que están en una situación económica “límite”. “Hay muchos proyectos en riesgo y también la continuidad de la plantilla. Con lo que tenemos no podemos pagar a todos los trabajadores”, admite la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos, una de las entidades afectadas, que lleva trabajando 25 años en el campo y atiendió a 12.000 personas en 2017 en la región.

La coordinadora estatal que engloba a organización de todas las comunidades, CESIDA, alerta de “la mala planificación” y la “dejadez” del Gobierno de Cristina Cifuentes con esta materia. La presidenta anunció en 2016 una nueva ayuda de 500.000 euros para prevención y diagnóstico precoz de VIH-Sida que un año después no se ha convocado. Fuentes de la Consejería de Sanidad aseguran que la convocatoria saldrá próximamente y justifican que “no se ha podido hacer antes porque se prorrogaron los presupuestos”.

Madrid fue en 2015 la primera región de España con más tasa de nuevos contagios: la sanidad madrileña concentró 955 de los 4.020 recién diagnosticados en todo el país, según datos epidemiológicos del Ministerio de Sanidad. En 2016, la Comunidad estaba la cuarta en la lista, a falta de datos consolidados. “Con estas cifras en la mano tenemos a los técnicos de las organizaciones haciendo encajes para ver cómo pueden salvar el mayor número de proyectos, cómo mantener los centros y los pisos de acogida y cómo garantizar que los profesionales puedan cobrar su sueldo todos los meses”, denuncia el director de CESIDA, Toni Poveda.

La “guinda” que ha provocado la situación que describen han sido las ayudas derivadas de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta. Muchas de ellas no la han recibido por primera vez en una convocatoria retrasada y polémica que ha obligado al Gobierno regional a recular y pedir un crédito extra para no dejar tiradas a estas entidades con proyectos en marcha. Era la primera vez que el proceso se dejaba en manos de Cifuentes. “El año pasado contamos con 87.000 de subvenciones por IRPF con lo que cubríamos los retrasos en otras ayudas desde 2014, pero este tenemos cero”, explica Velayos.

Los recortes de Esperanza Aguirre

Las organizaciones sitúan en 2009 el inicio de los problemas de financiación, cuando la expresidenta Esperanza Aguirre suprimió sin previo aviso unas ayudas para campañas informativas, grupos de apoyo y compra de preservativos. “Nos dijeron que se habían gastado los seis millones de euros de esa convocatoria en poner máquinas de preservativos en el metro, que está muy bien, pero la prevención no solo es eso”, recuerdan desde Apoyo Positivo, que junto a otras entidades afectadas llevaron por este motivo a la Comunidad de Madrid a los tribunales. Ganaron.

Ese año, coinciden las entidades, “ya sufrimos una crisis que ahora se repite”. La dirección general de Salud Pública convoca dos tipos de subvenciones para organizaciones que trabajan con personas VIH: una asistencial y otra de ayuda mutua. La primera, la más cuantiosa, va con retraso desde 2014. Es la última convocatoria que cobraron asociaciones como apoyo positivo. Y en 2016.

“Las ayudas de 2015 y 2016, que se convocaron juntas en 2017, están paralizadas en Tesorería y al menos hasta febrero no las veremos. Son 58.000 euros, tres meses de nóminas y seguros sociales”, cuenta Reyes Velayos, de Apoyo Positivo. El trasvase de estos plazos administrativos a la realidad es “la dificultad para seguir manteniendo, entre otras cosas, los pisos donde viven 10 personas con VIH en riesgo de exclusión”, añade. La entidad lleva meses haciendo números, asegura, para hacer el menor “daño” a la plantilla y a los proyectos: “si no se soluciona pronto, el trabajo de la mitad de los profesionales está en riesgo”. Fuentes de Sanidad niegan que haya retrasos salvo “casos puntuales”.

El programa ONU SIDA, de Naciones Unidas, se marcó en 2016 una ambiciosa estrategia para 2020: que el 90% de las personas que viven con VIH lo sepan; que el 90% de estos diagnosticados reciban antirretrovirales de forma continuada; y que el 90% de los tratados ya no tengan carga viral y, por tanto, riesgo de contagiar a otras personas. “Hay esperanzas de que podamos llegar a una generación libre de VIH. Por eso necesitamos inversión y políticas, que nos tomen en serio y que respeten nuestro trabajo y a las personas afectadas. Estamos en el camino”, resume Poveda.