Castilla y León encabeza la oposición a Montoro por su proyecto de Administración Local

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León por el PP y uno de los barones que rodean a Mariano Rajoy, ha lanzado una oposición frontal a una de las propuestas estrellas del Gobierno central, liderada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como es el anteproyecto de Administración Local, definido como de Racionalización y Sostenibilidad de los pequeños municipios.

Herrera anunció el pasado martes, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, la presentación de un informe crítico a ese anteproyecto. Y lo ha hecho. Aunque aprovecha cada párrafo para intentar justificar el anteproyecto –dice, por ejemplo, que “la Junta estima oportuno que ahora que se aborda este importante anteproyecto de ley sería un momento adecuado para proceder debidamente a la necesaria reforma de la financiación local”-, el informe dado a conocer el jueves dice que el texto de Montoro “no es bueno” y le “falta sensibilidad” con las peculiaridades del mundo local de Castilla y León.

En términos generales, el Gobierno de esta comunidad autónoma desvela que asumir servicios como la sanidad, la educación o los sociales, de los que ahora son competencia de los municipios y que podrían pasar a la Comunidad Autónoma con la aprobación de la reforma local, le costaría a Castilla y León entre 700 y 1.000 millones de euros al año.

Según el portavoz de este Gobierno regional, José Antonio de Santiago-Juárez, en Castilla y León hay 889 escuelas de primaria, con 1.200 edificios o instalaciones municipales en localidades de menos de 20.000 habitantes, y numerosas guarderías impulsadas y gestionadas por las entidades locales. Si la comunidad autónoma asumiera esas competencias, le costaría 102,5 millones de euros.

En cuanto a Sanidad, hay 3.660 consultorios locales en municipios de más de 50 habitantes en los que no hay centro de salud, de los que 192 están en núcleos de población inferior a diez tarjetas sanitarias. Según De Santiago-Juarez, si se asumieran competencias relativas a los servicios de dependencia y a las ayudas a domicilio supondría un coste de 168 millones.

El informe de la Junta de Castilla y León descubre una de “las principales carencias” en el anteproyecto de Ley, como es que “apenas se contemplan alternativas para los municipios que no cumplan con los criterios exigidos de eficiencia y sostenibilidad en la prestación de sus servicios que no sea el vaciamiento de sus funciones en la prestación de los servicios que les corresponden y la asunción de las mismas por otras administraciones superiores”.

Ante ello, se propone que se facilite “la creación de asociaciones voluntarias de municipios como ‘las mancomunidades de interés general’ que impulsa el modelo de ordenación del territorio en el que está trabajando la Comunidad de Castilla y León, y en las que los costes de transacción y coordinación se reducen al mínimo”.

José Antonio de Santiago-Juárez ha calificado este informe como “crítico” con el anteproyecto de la reforma local, que “es poco sensible” con las peculiaridades de esta Comunidad, “la más afectada” con el nuevo modelo, por lo que plantea “un régimen especial” para permitir la supervivencia de sus municipios.

Además, ha insistido en que no es “contra nadie” pues se ha hecho “pensando exclusivamente en los ciudadanos”.