Fue su sueño, un anhelo disfrazado de la idea medioambiental, una idea estrella en manos de la Junta de Castilla y León. Se puso ahínco, esfuerzos. Incluso euros, más de 50 millones. Pero aquel proyecto megalómano-onírico, se ha quedado solo en eso, en un sueño del que le está despertando la Justicia.
El Tribunal Constitucional ha acabado por arrollar lo que nació como un proyecto de futuro y de medio ambiente. Pero sin resortes legales o basado solo en una idea tan estrambótica como irreal de María Jesús Ruiz, ex consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, vicepresidenta de su Gobierno regional, ex presidenta de la Diputación de Soria, ex alcaldesa de Ágreda y hoy senadora por el PP.
Aquel proyecto del año 2003 consistía en construir en un soto cercano a la capital soriana, en el municipio de Garray, en el entorno del río Duero, “un parque temático del medio ambiente y desarrollo sostenible”, como forma de que los ciudadanos conocieran “la gestión de los residuos urbanos o la gestión del ciclo del agua”, según declaró entonces Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.
Para llegar a ello se aprobó una Ley, recurrida por más de 50 diputados del PSOE en el Congreso, que hacía posible que el Gobierno de Castilla y León evitara “el control de los tribunales y de los ciudadanos”, ya que, según la sentencia del Constitucional, “no se podía recurrir contra el plan urbanístico”.
Y el Tribunal Constitucional le recuerda a la Junta, en la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta, que para firmar una ley singular, como era esta, “no sólo exige que la apreciación de la excepcionalidad no sea arbitraria, sino que las medidas adoptadas sean razonables y proporcionada a la situación excepcional a la que se pretende dar respuesta con su aprobación”.
Frente a ello, el Gobierno de esta región “no ha explicitado las razones por las que entiende que la utilización de la ley es una medida razonable y proporcionada”.
La Ley aprobada en marzo de 2007, y que apareció publicada en el Boletín Oficial del Estado, era así: dos páginas en las que se exponían los motivos, un único artículo de cinco líneas, dos disposiciones y 164 páginas de anexo.
Con todo ello, el Gobierno de Castilla y León recibe ya otro argumento más para enterrar un proyecto mastodóntico del que ya se iniciaron las obras, en las que se han gastado más de 50 millones de euros. El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulo de pleno derecho la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Garray para construir la Cúpula de la Energía, tras un recurso del colectivo Asden-Ecologistas en Acción. Sin embargo, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Silván, dijo entonces que la Junta “no renuncia al objetivo inicial de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA), pero hay que priorizar y la situación de crisis económica nos exige destinar los escasos fondos públicos que tenemos al suelo industrial».
Y ahora, a esperar la decisión del Gobierno de Castilla y León que sacó adelante una ley “inconstitucional y nula”, según el Tribunal Constitucional.
