Es un juicio menor. O una vista contra cargos intermedios. Las acusaciones no pudieron llegar más alto. Pero lo que es una realidad es que el caso de ‘ciudad del golf’, que se iba a construir en Las Navas del Marqués (Ávila), se juzgará a partir de este lunes en el Juzgado de lo Penal número dos de Valladolid. Como consecuencia, cinco altos cargos y técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León se sentarán en el banquillo de los acusados, seis años después del inicio de las diligencias por el caso de la “Ciudad del Golf” de Las Navas del Marqués (Ávila).
Para todos ellos, la Fiscalía de Valladolid y la acusación particular de Centaurea y Ecologistas en Acción piden 8 años de inhabilitación por el delito de prevaricación ambiental.
Los técnicos imputados son el actual director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, José Ángel Arranz; su antecesor en el cargo y hasta fechas recientes jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Mariano Torre; el actual jefe de Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Molina; el entonces jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, Juan Manuel Pardo; y el jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas, Sabas Yagüe.
En enero de 2012 se dictó un auto de imputación en el que, “tras resumir el cúmulo de informes falsos realizados por los procesados para conseguir la Declaración de Impacto Ambiental positiva de la consejera de Medio Ambiente”, según recuerda el colectivo Ecologistas en Acción en un comunicado, se señalaba que la actuación de los imputados “bien de forma concertada o bien por sometimiento a los dictados del superior de todos ellos, de forma deliberada y con conocimiento de lo que hacía, sustituyeron el informe que debieron dar con respeto a la normativa medio ambiental aplicable que conocían”. Incluso, añade el auto de imputación, se varió “en algún caso, la correcta interpretación sostenida inicialmente, y acordaron informar favorablemente -aunque con medidas correctoras- el informe que se les había solicitado a fin de hacer factible la construcción pretendida”.
Días antes de la celebración del juicio, Centaurea y Ecologistas en Acción denunciaron públicamente que el Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, “ampara los comportamientos presuntamente delictivos de sus subordinados y máximos responsables de la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, haciéndose cómplice de sus actuaciones contra la naturaleza, de cuya conservación siguen siendo los responsables”.
Al mismo tiempo, estos dos colectivos lamentaron que la que fuera consejera de Medio Ambiente en aquel momento, la hoy senadora por el PP María Jesús Ruiz, “siga aferrada a su cargo y su sueldo público y no se siente en el banquillo de los acusados”.
El caso de la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués es un ejemplo de la “confusión entre intereses públicos y privados que ha caracterizado la acción pública de María Jesús Ruiz y de la Junta de Castilla y León, promoviendo y alentando operaciones inmobiliarias especulativas en espacios naturales protegidos”.
De esta manera, los colectivos ecologistas recuerdan que la exconsejera de Medio Ambiente fue la que promovió la Ciudad del Medio Ambiente’ de Soria y la estación de esquí de San Glorio (Palencia y León), con sentencias judiciales contrarias.
En el caso de la ‘ciudad del golf’, en Las Navas del Marqués, se investiga la aprobación de la urbanización de 215 hectáreas de terrenos integrantes del Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves “Pinares del Bajo Alberche” y los ámbitos de los Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña Negra en Castilla y León, afectando a un Área Crítica para la conservación de esta última especie, que fue modificada para acomodar el proyecto e incluir sus 1.600 viviendas, zona hotelera y dos campos de golf.
En 2012, la Audiencia Provincial de Ávila absolvió al alcalde de Las Navas del Marqués, al secretario municipal, Carlos de Vega, y al promotor de la urbanización de 1.500 viviendas que iba a ir en la ciudad del golf, que fue declarada ilegal. Este órgano judicial dijo que aunque los cargos públicos “incumplieron una norma al tramitar la urbanización eso no implica que sea delito y que debió ser impugnado en la vía contenciosa”.
