Si la vida política de Isabel Carrasco, la expresidenta de la Diputación de León y del PP en la provincia leonesa, fue considerada siempre como azarosa, la investigación por su asesinato no está siguiendo un camino de rosas.
Hasta ahora están en prisión las dos principales sospechosas del asesinato, que ya han confesado su participación. Montserrat González es la autora confesa, ya que llegó a declarar que la mató “por venganza” y porque “había hecho mucho daño” a su familia. Su hija, Montserrat Triana, también pudo participar en el asesinato como acompañante de la madre y como la persona que hizo desaparecer la pistola. Según su declaración, la entregó a una amiga. Esta, según los primeros indicios, era Raquel Gago, una agente de la Policía Local de León.
Sin embargo, en la vista judicial para resolver su puesta en libertad, que tuvo lugar la pasada semana, Gago reiteró su inocencia y dijo que le pusieron la pistola en su coche sin saberlo.
Pero toda esta teoría no es creída por la acusación particular, por lo que su abogada no solo ha reclamado su vuelta a prisión, por “su grado de implicación” con el asesinato de Isabel Carrasco, sino que exige una orden de alejamiento hacia la hija de la expresidenta de la Diputación de León como medida que preserve su seguridad, puesto que se desconocen “los motivos que llevaron a las tres mujeres a matar a Isabel».
La acusación particular siempre reconoció, desde el inicio del procedimiento, que la policía local amiga de Montserrat Triana estaba “al tanto” del plan de la madre y la hija de asesinar a Isabel Carrasco.
Además, la salida de la prisión de Raquel Gago no siguió los procedimientos habituales. Así, el subdelegado del Gobierno en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, reconoció ayer que Instituciones Penitenciarias investiga un posible “trato de favor” por la forma que tuvo en salir de la cárcel, ya que lo hizo por la puerta utilizada por los funcionarios de prisiones.
Según Suárez-Quiñones, Instituciones Penitenciarias trata de averiguar si se produjo una “actuación irregular”, dado que Gago no solo salió por la puerta utilizada por funcionarios, sino que el vehículo en el que abandonó el centro penitenciario lo conducía un funcionario de prisiones y lo hizo por el aparcamiento reservado a los trabajadores. “Sin haberse confirmado que esto sea así, se va a comprobar si el trato fue inadecuado con respecto a la norma, dijo el subdelegado del Gobierno en León.
