El pacto entre la política y la banca es la causa de nuestros males

El Gobierno y los medios de comunicación que con más o menos descaro le acompañan pretenden que la opinión pública española se trague una nueva patraña: la de que el final del rescate bancario que ha sancionado Bruselas es un éxito para la economía española –es decir, para Rajoy y los suyos– y que poco menos significa que nuestra banca ya no tiene problemas. Sólo algunas voces aisladas en medio de un mar de aplausos han denunciado la falsedad de esas conclusiones y, lo que es más significativo, ningún partido de la izquierda ha dicho una palabra al respecto, lo cual ya viene siendo habitual cuando se trata de la banca.

No hay duda de que nuestros banqueros se sentirán muy satisfechos al comprobar, de nuevo, lo bien atado que tienen el cotarro y que pueden seguir ocultando sin mayores inquietudes, y con apoyo fiel del Gobierno, las muchas debilidades, cuando no problemas irresolubles y angustiosos, que sufre el sistema financiero español. Algunas cifras, que nadie puede desmentir, lo confirman: los bancos siguen debiendo más de un billón de euros y esa cifra no ha disminuido en los 18 meses que ha durado el rescate bancario, sino aumentado gracias a las ingentes cantidades que le ha prestado el BCE. En las cuentas de los bancos, por mucha cosmética contable que se les haya aplicado por vía de las refinanciaciones –como acaba de denunciar el Wall Street Journal–, sigue habiendo, como poco, más de 200.000 millones de créditos a promotores. Buena parte de ellos de dudoso cobro y todos perdiendo valor cada día que pasa y bajan los precios del sector inmobiliario.

Sólo eso bastaría para concluir que la situación del conjunto de nuestra banca es muy precaria e inquietante y que, sin tener datos para ser más precisos, algunas entidades deben de estar bastante peor que la media. Pero es que, además, ahora toca hacer frente a las consecuencias del rescate bancario y de los efectos que el drama que el sector ha vivido en los dos últimos años ha tenido para el conjunto de la economía. Para empezar, está el coste del rescate mismo: 41.400 millones que, en contra de lo que asegura la propaganda oficial, tendrá que pagar el Estado en su práctica totalidad. Aparte de que esa cantidad figura desde el momento en que se dispuso de ella como déficit público, que gracias a eso está por encima del 10% del PIB.

El Gobierno oculta con gran empeño ese dato y la gran mayoría de los medios de comunicación evitan denunciarlo. Pero la Comisión Europea no lo olvida. Por eso, a las 24 horas de que el ministro De Guindos proclamara eufórico el fin del rescate, Bruselas ha hecho saber lo que va a costar ese “éxito”: nada menos que 36.000 millones, que el Gobierno tendrá que recortar de sus gastos de aquí a 2016 para rebajar ese déficit público de más del 10%, casi un tercio del cual se debe a las ayudas que ha recibido la banca. Eso por no hablar de los otros casi 150.000 millones más que el sector ha recibido por distintas vías en los últimos cinco años y que siguen gravando nuestras cuentas públicas y explicando buena parte de los recortes que ha padecido la sociedad española. A los que habrá que sumar los 36.000 millones de “ajustes” que acaba de pedir Bruselas y de los que Rajoy difícilmente podrá escaparse.

La lista de desaguisados que el apoyo a la banca ha supuesto para la economía española es muy larga. Pero quedémonos con uno solo de sus capítulos: el desastre que ha producido el bloqueo del crédito a las empresas y a las familias. Si en el conjunto de 2013 se habrán destruido en torno a los 850.000 puestos de trabajo, en los 18 meses que ha durado el periodo de excepcionalidad bancaria, el del rescate, el total no habrá sido inferior a 1.200.000.

Más allá del aumento del coste del seguro de desempleo y del descenso de ingresos fiscales que implica, ese golpe –en buena medida atribuible a la falta de crédito desde 2008, agravada en el último año y medio, además de a los recortes de personal de la propia banca– ha reducido aún más la demanda interior, la de consumo y la de inversión. Y lo que es peor, muchas pequeñas y medianas empresas tienen su futuro muy comprometido: por el daño que han sufrido en los últimos tiempos, por el que siguen sufriendo –el grifo del crédito sigue cerrado, salvo para las grandes empresas más o menos vinculadas a la banca– y por el que les espera. Los más optimistas dicen que ese grifo sólo empezará a abrirse, si todo va bien, dentro de dos años.

En definitiva, que todo va a seguir sustancialmente igual. Con un Gobierno que define su política en función de los intereses de la banca, con una enorme deuda bancaria y también pública (que en medida no pequeña se debe a las ayudas al sector financiero), con las amenazas sobre nuestra prima de riesgo (atribuibles a ese endeudamiento, privado y público, que tiende cada vez más a confundirse gracias a que es la banca española la que compra las emisiones de deuda pública y eso asusta a los mercados), con más de 6 millones de parados y, lo que seguramente es casi tan malo como lo anterior, sin que nadie de los que deberían hacerlo se levante para exigir que se rompa el pacto entre la banca y la política.

Sin necesidad de citar la teoría de “la contradicción primera” de Mao Tse-Tung, parece cada vez más evidente que ese es el gran problema de la actual situación española, aunque también el de la mayoría de los demás países occidentales. De él cuelgan buena parte de todos los demás. Ahí habría que concentrar todos los esfuerzos políticos y todos los debates. Pero nuestras izquierdas no parecen enterarse. O lo saben y no quieren líos.