Estos días vemos con asombro e indignación el drama que sufren miles de personas, forzadas a huir de sus países de origen a causa de los conflictos armados y de la crisis al otro lado del Mediterráneo. Se trata de unos sucesos que obligan a la población civil a dejar su casa, su tierra, su pasado y presente, empujándolos a un futuro incierto. Necesitan de forma urgente otro tipo de protección internacional, cumpliendo con la legalidad y con una política europea de asilo que arranca con el Tratado de Ámsterdam de 1997 y que ha producido un extenso elenco de normas comunitarias.
Según los últimos datos publicados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Grecia, se muestra que el número de llegadas por mar desde el 1 de enero al 14 de agosto de 2015 ha sido de 181.000 personas. Durante el mismo período, 1.716 refugiados e inmigrantes han entrado a Grecia a través de su frontera terrestre con Turquía, de forma que la cifra total de llegadas por tierra y por mar asciende a 182.716 personas. Según la ONU, el 99% de las personas llegadas a Grecia proceden de países en guerra o en conflictos armados.
Durante estos meses estamos asistiendo a lo que puede ser la mayor crisis migratoria que se produce en Europa desde la II Guerra Mundial. Mujeres, niños… personas que huyen forzosamente de Siria, Afganistán, Irak, debido a las guerras, aunque también las hay procedentes del cuerno de África y que huyen de la pobreza y la miseria. En lo que va de año, casi 300.000 personas han llegado a la Unión Europea. También hay otro gran número de personas que no lo han conseguido y se han quedado en esa gran fosa común en la que se está convirtiendo el Mar Mediterráneo. En lo que llevamos de año se estima que unas 2.300 personas han perdido la vida o desaparecido en el intento de alcanzar Europa.
Mientras, los gobiernos de la Unión Europea siguen impasibles ante este drama, como si olvidaran que sólo desde el respeto absoluto de las obligaciones del derecho internacional humanitario se puede garantizar la supervivencia de estas personas, que no son cifras, que son seres humanos con familias, con esperanzas, con trágicas historias de vida. Personas que no pueden esperar más tiempo a que se pongan de acuerdo en cómo aplicar y armonizar las políticas de asilo de la UE. Personas que no pueden aguantar por mas tiempo los debates estériles del reparto de cuotas de refugiados, el uso de gases contra los refugiados, la construcción de una valla en la frontera de Hungria... síntomas de la clara incompetencia y falta de voluntad de nuestros políticos, que no están a la altura del desafío que supone este asunto. Es una vergüenza para todos aquellos que pensamos en la Europa de las libertades y el respeto a los derechos humanos.
Pero además supone una clara amenaza a nuestra convivencia. Estos días leía en la prensa cómo varios Centros de Refugiados eran incendiados en Alemania por grupos neonazis después de saber que este país tiene previsto acoger a miles de refugiados que llegan a sus fronteras. Ataques xenófobos para impedir el asilo de estos refugiados, de la misma forma que increpaban a las familias en su llegada al país. Podríamos hablar de un hecho concreto, pero no es así; estos actos racistas y xenófobos se está convirtiendo en una práctica habitual, bajo comentarios y amenazas hacia personas que ya no buscan una vida mejor, sino sobrevivir.
Los discursos públicos que provienen de algunos responsables políticos y que incitan al odio, al rechazo, pudiendo generar un caldo de cultivo para actitudes xenófobas y racistas, no encuentran oposición por parte de los Estados miembro de la UE. Simplemente miran de reojo y comentan indecentemente lo que acontece en sus costas y fronteras, sin ofrecer soluciones y recursos ante este drama que asola a miles de personas. Más aún cuando los únicos esfuerzos que se están llevando a cabo para evitar esta crisis son el levantamiento de vallas y el blindaje de las fronteras.
Para colmo, algunos responsables políticos como nuestro ministro del Interior, han usado expresiones indecentes para referirse a los refugiados, al tacharlos de “goteras”, haciendo referencia al reparto de refugiados que la UE fijó para los Estados miembros. España es uno de los países europeos que menos cantidad de refugiados políticos acoge. A pesar del aumento de las cifras de demandantes de asilo llegados el año pasado a la Unión Europea (unos 400.000, un 50% más que el año anterior), España sólo acogió a un 0,9% del total de refugiados.
No es así como se debe afrontar este drama. La Unión y los gobiernos europeos deben actuar y marcarse como reto evitar la muerte, el sufrimiento humano y el desplazamiento forzoso de miles de familias. Por ello urgen medidas legales que den un giro a esta situación y garanticen los derechos de los refugiados. No tomar cartas en el asunto de manera urgente y eludir las responsabilidades daría cuenta de una Europa que desprecia flagrantemente sus valores fundacionales de solidaridad entre los pueblos y defensa de los derechos humanos.
Moisés Navarro es presidente de la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia
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