Podemos: “El PP lleva 10 años incumpliendo la Ley de Dependencia”
El Grupo Parlamentario Podemos llevará a la Asamblea Regional la aprobación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana para que “se agilice la llegada de este tipo de ayudas”.
Ante la publicación del XVI Dictamen de la Dependencia, García Navarro ha asegurado que “el gobierno del Partido Popular ha tenido una década para poder implementar la ley de una forma adecuada y sin embargo se ha dedicado a gobernar a golpe de decreto mermando los derechos de los beneficiarios”.
Para la diputada regional de Podemos, “la Consejería ha ido modificando esos decretos obligada por el trabajo de los distintos grupos, como el de Podemos, que ya ha avisado de que la falta de planificación ha construido una realidad en la Región en la que nos encontramos con que están pendientes de recibir prestaciones más de un 12% en Grado II y III, y más de un 86% en Grado I, según datos del IMSERSO”.
María Ángeles García Navarro, ha indicado que “existen datos que alarman de la situación de esta ley en la Región”, “un retraso en la tramitación de los expedientes de unos diez meses, según el Tribunal de Cuentas, copagos en los servicios, pagos de tasas que habían anunciado que eliminarían, falta y reducción de plazas en residencias públicas derivando a los beneficiarios a residencias privadas, aumentando por tanto la cuantía del servicio, resolviendo solicitudes en favor de una prestación económica insuficiente para la atención del dependiente en su domicilio -debido a la falta de residencias- y recayendo sus cuidados sobre las mujeres, o derivando dependientes sin necesidad de atención médica hospitalaria a hospitales concertados de cuidados medios u ocupando cama en hospital de agudos, con lo que supone de gasto excesivo e innecesario”.
María Ángeles García Navarro ha detallado que “Murcia es la segunda comunidad autónoma que menos empleo genera ligado a la dependencia, por millón de gasto público”. “Continuamos desaprovechando la oportunidad de crear miles de puestos de trabajo directos e indirectos, empleos de calidad y mediante financiación pública. Los datos ofrecidos por la CARM no ofrecen coherencia según los propios autores del estudio, una actitud de dejadez bochornosa, la de un gobierno regional que no tiene ganas de enmendar los errores de 10 años de dejación donde muchos solicitantes han muerto esperando la resolución de sus expedientes sin recibir prestación alguna”, ha remarcado.
La parlamentaria de Podemos ha insistido en que “ha sido el Partido Popular quien ha convertido la Ley de Dependencia en la Región de Murcia en un mero catálogo de prestaciones, al no convertirla en una ley de promoción de autonomía personal y por tanto no detiene ni retrasa el llegar a ser dependiente”. Por ello, María Ángeles García Navarro considera que en Murcia “se ha maltratado especialmente a la dependencia a lo largo de los últimos diez años puesto que la ley garantizaba unos derechos a los usuarios y los decretos aprobados por el PP solo han traído su merma. Todo unido a un incumplimiento crónico en los plazos establecidos”.
Por todo, ha manifestado que “Podemos apuesta por abordar la dependencia desde su integración en el conjunto de los servicios sociales, por una planificación en la que participen la consejería de familia y la de sanidad, los Servicios de Atención Primaria de las entidades locales, los profesionales que llevan a cabo esos servicios, así como entidades sociales y colectivos ciudadanos. Por último, que se cree un espacio de atención socio sanitario, que integre los recursos del sistema regional de dependencia y los servicios sociales y que actúe de forma coordinada con el sistema de salud”.
El Grupo Parlamentario Podemos presentará para su debate a la totalidad el en la Cámara Regional, la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana, con la que se busca “acortar los plazos entre la concesión de las ayudas, como la de la dependencia y la llegada efectiva de las prestaciones”, por lo que se pretende “establecer prioridades presupuestarias de las partidas que van destinadas a atender las necesidades básicas de quienes peor lo están pasando”.
Este proyecto de ley establece reducir los plazos de tramitación de ayudas a la mitad, la cobertura preferente de los puestos de trabajo donde se tramitan estos procedimientos y priorizar su pago por delante, en concreto, de los gastos de protocolo, publicidad y dietas de altos cargos.
