El Tribunal Constitucional levanta parcialmente la suspensión de la Ley Regional de Vivienda

El Tribunal Constitucional (TC) ha levantado la suspensión del apartado 2 del artículo segundo de la Ley 10/2016, que reforma la Ley de Vivienda de la Región de Murcia, recurrida por el Gobierno nacional al entender que invadía sus competencias. El argumento más novedoso reflejado en la ley era la obligación de los bancos a ofrecer un alquiler social previo a un desahucio. El TC mantiene la suspensión de dos apartados del artículo primero de la ley.

La suspensión de ambos artículos se produjo el pasado mes de abril tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad presentado por parte del Ejecutivo de Rajoy a una normativa que buscaba atenuar los efectos de los desahucios y proteger a los afectados por la pobreza energética.

El dictamen del pleno del Constitucional mantiene la suspensión de los apartados 10 y 11 del artículo 1, que establecen “mecanismos destinados a resolver las situaciones de sobreendeudamiento de personas físicas y de familias, por causas sobrevenidas, especialmente en lo relativo a las deudas derivadas de la vivienda habitual, mediante un procedimiento de mediación extrajudicial”.

Sin embargo, levanta la suspensión sobre el apartado 2 del artículo segundo de esta norma, que obliga a los grandes tenedores de viviendas, como los bancos, a formular una oferta de alquiler social previa al desahucio y se fijan medidas para garantizar el suministro de agua, gas y electricidad en casos de pobreza energética.

La proposición de ley fue presentada en la Asamblea Regional por el PSOE y Podemos, y aprobada el 12 de mayo de 2016 por la Cámara con los votos a favor de estos dos grupos y el de Ciudadanos, mientras que los diputados del PP se abstuvieron en una sesión en la que ya advirtieron de que el texto podría ser inconstitucional al invadir competencias estatales.

La Comunidad Autónoma alegó ante el Tribunal Constitucional que la norma está fundamentada en su competencia en esta materia en los artículos 10.2 y 11.7 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Por su parte, el Gobierno central argumentó que la norma regional contiene preceptos que no se circunscriben a las competencias estatutarias en materia de defensa del consumidor y de vivienda, además de vulnerar las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado sobre legislación procesal, legislación civil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La PAH exige la inmediata elaboración de los reglamentos

La coordinadora regional de PAHs ha emitido un comunicado en el que afirma que “no podemos sino celebrar esta decisión, que presupone que el recurso del Gobierno Central al respecto decae, y dicha ley es plenamente vigente, salvo en lo que se mantiene suspendido”.

La PAH exige al presidente López Miras que ordene al consejero de Presidencia, Pedro Rivera, que inicie de inmediato los trámites para elaborar los reglamentos necesarios para que se pueda aplicar la ley vigente, en relación con la pobreza energética y la obligación de las Administraciones de proceder al realojo de las familias desahuciadas, así como las negociaciones con empresas suministradoras de agua, luz y gas antes de que el frío llegue y con los Ayuntamientos de cara a los realojos.

La PAH anuncia movilizaciones a partir del próximo mes de octubre si no se inician de inmediato estas medidas.

Podemos reclama al Gobierno regional que empiece a aplicar la ley

La diputada regional de Podemos María Giménez ha calificado de “un paso crucial para la defensa y protección de los derechos sociales en la Región de Murcia el hecho de que el Tribunal Constitucional haya levantado parcialmente la suspensión sobre la Ley de la Vivienda de la Región de Murcia”.

María Giménez ha explicado que la Ley Regional Antidesahucios colocó en su momento a la Región a la vanguardia legislativa en esta materia, pero el gobierno regional “no dio ni un sólo paso para posibilitar su puesta en marcha, desoyendo como es de costumbre los dictámenes de lo aprobado en la Asamblea Regional”.

Giménez ha recordado que La Ley regional antidesahucios es impecable y su aplicación es perfectamente factible en la Región de Murcia, tal y como señala el Constitucional, y “esto es así porque fuimos muy cautos a la hora de diseñar la Ley antidesahucios para evitar competencias entre la Comunidad Autónoma y el Estado”.

Del mismo modo, ha señalado que la Ley fue enmendada para incorporar los criterios jurídicos de la Cámara, “por lo que resulta inaudito que el Gobierno Regional no haya movido un sólo dedo para poner en marcha todas las medidas que la Ley exigía que se desarrollaran en un plazo de tres meses desde su publicación”.

Por este motivo, la diputada regional de Podemos ha exigido al ejecutivo regional que “ponga en marcha la Ley, con el desarrollo de los convenios que exige, ya que a quien perjudica la inoperancia del gobierno regional es a todas aquellas familias que están esperando la entrada en vigor de la Ley y que les permite seguir viviendo de una forma digna en sus casas. Es dramático el desamparo en el que el gobierno del PP en la Región de Murcia tiene a la ciudadanía”.