La guardería contra la pala

El valioso material informativo de los últimos diez años que acumula la hemeroteca murciana pasará, en un futuro no muy lejano, a las páginas de los libros de texto y se estudiará en los colegios. Y así, si dividimos la última década en dos lustros, comprobaremos que la actualidad ha transitado de los proyectos efectistas plasmados en grandes titulares que se dieron en el primero -acompañados siempre por fotografías de maquetas relucientes-, a la densa información judicial plagada de imputaciones, declaraciones e instrucciones que se vienen dando en el segundo.

Uno de los casos más llamativos -casi se podría decir que simbólico-, es el que atañe al humilde barrio murciano de La Paz y a la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital, en el que a instancias de la Audiencia Provincial y del fiscal, se ha reabierto la investigación por el derribo de una guardería pública para llevar a cabo un gran proyecto urbanístico.

Entre los imputados se encuentra Fernando Berberena, concejal de Urbanismo en el año de los hechos, que esta misma semana ha aplazado su declaración ante la juez y al que el fiscal acusa de prevaricación administrativa; y también encontramos a Francisco Porto, que por entonces era presidente del Patronato de Escuelas Infantiles; Pilar Megía, que era la responsable del área de Educación y Personal del ayuntamiento de Murcia, y José Antonio Peñaranda, jefe de las Escuelas Infantiles, que emitió un informe en el que se señalaba que el inmueble ya vacío corría el peligro de ser ocupado ilegalmente.

Quien sí ha defendido su postura esta semana ante la juez es el extécnico de la Comunidad Autónoma, Felipe Iracheta, al que se le encargó un informe sobre el procedimiento administrativo que siguió el ayuntamiento para derribar la escuela infantil. Hoy, con el gran proyecto inmobiliario parado por falta de financiación, el barrio en la misma situación de precariedad y los niños de la guardería demolida atendidos en barracones temporales -siete años después-, aún no se ha puesto el punto y final a esta historia.

Un barrio sin esperanza

El barrio murciano de La Paz, con problemas de marginación, drogas e inseguridad y formado por 1.502 viviendas sociales de baja calidad en la edificación, es una de las áreas más deprimidas de la capital. Tal y como relata el profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, Fernando Miguel García Martín, en su trabajo 'El polígono de La Paz, ejemplo de intervención de vivienda social en los años 60', este barrio fue edificado en la época del 'desarrollismo económico' con el fin de realojar a las familias que vivían en los suburbios y en una situación de pobreza extrema. La entrega de las viviendas se hizo en 1965 sin que se hubiera terminado la urbanización, lo que provocó que sus habitantes crearan la primera Asociación de Vecinos de la ciudad en 1968.

Promovido por la Obra Sindical del Hogar y construido en terrenos del Instituto Nacional de la Vivienda, en el diseño y construcción del barrio de La Paz intervinieron varios arquitectos. El polígono se concibió con tres ejes: uno transversal de Este a Oeste y otros dos que se cruzan en aspa; en torno a dichos viales se elevaron sus 1.502 viviendas agrupadas en cuatro tipos distintos de edificios. Todas las viviendas tienen tres habitaciones y una superficie útil de entre 43 y 50 metros cuadrados, un espacio insuficiente que ha provocado el hacinamiento de las familias: en 1980 vivía una media de 6,31 personas por vivienda, mientras que en 2005 eran algo más de 3, para una población de más de cinco mil habitantes. La distribución de los usos del suelo en el polígono concedió el 75% al espacio libre público, el 15% al residencial, el 10% a los equipamientos y menos del 2% al comercial.

La degradación física y social del barrio y su carácter marginal se fueron acrecentando en la medida en que Murcia creció y lo envolvió, hasta convertirlo casi en un gueto en el centro de la ciudad. La desesperación de las familias provocada por la falta de espacio, el envejecimiento de la población y la inseguridad, hicieron mella en los vecinos. Y hoy, aunque con menor inseguridad, sigue existiendo desesperanza.

Así lo reconocía una vecina en un reportaje de Manuel Madrid para el diario La Verdad, publicado en febrero de este año: “Saco la ropa 'calá' de los cajones por la humedad. Las cucarachas se meten en el frigo. Las tuberías están hechas porquería y se atrancan. El viento remueve la peste de las pocetas. Así no se puede vivir. Quisiera irme ya y darle otra vida a mis hijos, pero no podemos”.

Suciedad, ratas, y sobre todo, problemas estructurales con humedades y grietas que van resquebrajando los bloques, y que algunos vecinos creen que podrían provocar su hundimiento. En el mismo reportaje de La Verdad, la presidenta de la Asociación de Propietarios, Bienvenida Meroño, también se lamentaba: “Hay vecinos que pasan años en sus casas sin poder salir, hasta que mueren. Como las escaleras son tan estrechas, hubo una vez que sacaron al muerto en su caja por una ventana con una grúa”.

Antes de volver a denunciar que los vecinos de La Paz están “abandonados de la mano de Dios”, Meroño recordó el plan del promotor inmobiliario López Rejas, que en su opinión “era legal y viable” y que contaba con el apoyo del alcalde Cámara, pero que se encontró con la crisis, la falta de financiación y los “obstáculos políticos”. Hoy el proyecto está parado.

López Rejas y Bofill

El ayuntamiento de Murcia no era capaz de resolver los problemas de marginalidad del barrio ni sus problemas arquitectónicos. Y un día llegó López Rejas, un promotor inmobiliario, y se quiso atisbar un resquicio de esperanza basado exclusivamente en la iniciativa privada. El empresario promovió un proyecto cuya idea, a grandes rasgos, consistía duplicar el número de viviendas del barrio hasta 3.000 –en un primer momento planteó hacer 4.000-, regalar a los vecinos una casa nueva el doble de grande, y vender la otra mitad de los pisos nuevos.

Todas las viviendas, las pertenecientes a los 1.500 antiguos propietarios y las 1.500 de los nuevos compradores, se repartirían en 62 edificios de entre 5 y 30 plantas diseñados por el estudio de arquitectura de Ricardo Bofill. En el proyecto se incluían también zonas verdes y equipamientos. Y una buena parte de los vecinos, desesperados por la degradación física y social del barrio, vieron el cielo abierto: hubo manifestaciones, recogida de firmas y reuniones con el alcalde de la capital a favor del proyecto.

Los vecinos acudieron a los plenos municipales y se hizo fuerza para que el proyecto saliera adelante, mientras que la empresa de López Rejas llegó a organizar galas en la calle, como la que tuvo lugar en mayo de 2007 bajo el título 'Volver a vivir en la ciudad', y en la que hubo música en vivo, perritos calientes, hamburguesas, cerveza y churros gratis para los vecinos.

El proyecto despertó la ilusión de muchos habitantes del polígono, pero también las suspicacias de algunos vecinos, los reparos de instituciones como el Colegio de Arquitectos y el rechazo político de la oposición en el ayuntamiento. El decano y el vicedecano del Colegio de Arquitectos, Jesús Carballal y Francisco Camino, lo calificaron como “grotesca aventura empresarial”, acusación de la que López Rejas se defendió diciendo que ambos estaban en el sector: “Carballal tiene un estudio de arquitectura, y Camino tiene cinco promotoras”. La misma defensa se empleó contra otro crítico, el técnico Felipe Iracheta, afirmando que “tiene consultoría de arquitectura y promotora”. Por su parte el alcalde, en 2006, declaró que era un proyecto “ilusionante y único”, entendiendo que eran los propios vecinos los que lo promovían y no la iniciativa privada de López Rejas.

Pero estas cosas tienen un procedimiento amparado por la ley, unos plazos y unos requisitos que pretenden garantizar su viabilidad y la satisfacción del interés común. El ayuntamiento hizo algunos apuntes al proyecto, y más tarde aprobó el Avance de la Modificación nº 93 del Plan General en el Ámbito de Suelo Urbano del Barrio de La Paz, que fue sometido al análisis del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Dicha institución determinó, con un informe fechado el 15 de septiembre de 2006, que dadas las “especiales circunstancias de un barrio degradado como es La Paz”, era necesario que el ayuntamiento no se limitara a “tutelar” el proyecto de López Rejas, sino que lo dirigiera “desde el inicio hasta el final”; también cuestionó el aprovechamiento urbanístico propuesto para garantizar la viabilidad del proyecto sin un estudio económico que lo justificara; asimismo, el Colegio de Ingenieros explicó que al tratarse de una reforma estructural, “procedería un Estudio de Impacto Territorial”, y afirmó que en ese estudio “debería analizarse el impacto de la actuación sobre el área central de la ciudad, sus infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios, e incorporar un análisis multicriterio de las posibles alternativas técnicamente viables”.

El Colegio de Ingenieros también reiteró “la nula funcionalidad de las exposiciones públicas en el mes de agosto que restan capacidad de participación pública, sobre todo en procesos de tanta importancia como el presente y que dirigidos por una Administración pública debieran auspiciar la máxima transparencia y participación”.

Pero la clave del análisis de los ingenieros fue señalar la necesidad de que “la gestión de toda la actuación se realice mediante el Sistema de Concurrencia (art. 186 TRLSRM), que podrá utilizarse a iniciativa del Ayuntamiento, que elaborará y aprobará inicialmente un Programa de Actuación y convocará un concurso para la selección del urbanizador”. Para justificar aún más esta apreciación, el Colegio de Ingenieros citó un fragmento de la Ley del Suelo estatal: “…en el derecho de iniciativa privada, en ejercicio de la libre empresa, para la actividad de la urbanización y la construcción o edificación cuando ésta no deba o no vaya a realizarse por la propia Administración competente, la habilitación a particulares para el desarrollo de esta actividad deberá atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y con criterios de adjudicación que salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas…”.

Sin embargo el proyecto siguió adelante y en octubre de 2007, sólo un día después de su aprobación en el Consejo de Gobierno del ayuntamiento de Murcia, se llevó a cabo la demolición de la guardería pública del barrio, cuyos usuarios ya habían sido trasladados a unos barracones provisionales. La excusa del derribo fue que el edificio, que estaba vacío, no fuera ocupado por indigentes, y el fin de dicha actuación era que sobre su solar se comenzaran a elevar las dos primeras torres de viviendas del proyecto de López Rejas. Así, con el realojo de vecinos en esos dos edificios nuevos, se podría empezar la demolición paulatina de los antiguos bloques y la construcción de los nuevos.

Con tantas dudas por resolver, como por ejemplo la entrega del 10% de avales que aseguraran la financiación de todo el proyecto –los vecinos que denunciaron el derribo de la guardería creen que el empresario quería ir financiado la obra con los beneficios obtenidos de la venta de las viviendas, a medida que se fueran construyendo y vendiendo-, y sin la aprobación definitiva de Plan de Reforma Interior por parte del ayuntamiento, el derribo de la guardería fue uno de los elementos -aunque no el único- al que se agarraron los vecinos contrarios a la operación, ya agrupados en torno a la asociación Nuevo Barrio, con la ayuda del Foro Ciudadano y otros colectivos sociales y sindicales.

 

 

“Diez años después estamos igual, pero sin guardería”

Nacho Tornel, concejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Murcia, conoce bien el caso y también el barrio, “desde la infancia”. Y recuerda el derribo: “Lo de la guardería no estaba ni siquiera en el orden del día de la Junta de Gobierno del ayuntamiento, sino que se incluyó en el apartado 'varios' y se aprobó, y horas después ya estaba la pala tirando la escuela infantil”. En opinión de Tornel, el ayuntamiento “se basó en que eran los vecinos los que habían presentado el proyecto”, y explica que “López Rejas los convenció de que había que derribar la guardería y usar un solar público para empezar a edificar”.

Sin embargo, todo eso debe tener un proceso. Según Nacho Tornel, “el Patronato de Escuelas Infantiles hizo un informe sin oponerse al derribo, cuando ni siquiera se había aprobado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y el proyecto aún estaba en una fase previa”. Sin embargo, “López Rejas decía que en seis meses empezaría las obras”, afirma Tornel.

Nacho Tornel recuerda que su actual compañera de Izquierda Unida, Esther Herguedas, tuvo que sufrir insultos y abucheos en los Plenos del ayuntamiento, y que él mismo, siendo en aquel tiempo el presidente de la Asociación de Vecinos, sufrió acoso por oponerse al proyecto: “Fui quizá el primer ciudadano de Murcia en ser objeto de escraches. Me insultaban en la puerta de mi casa”.

Por ese motivo no oculta su frustración -“la rabia me come”, reconoce-, y explica que “cuando la gente está desesperada y llega un vendedor de escobas...”. “La gente no es tonta y sabe que nadie regala nada, y sabían que alguien se iba a enriquecer a su costa, pero dicen '¿qué más me da?', y 'más vale esto que nada', porque iban a tener una vivienda nueva”, reflexiona. Y prosigue: “He nacido allí y la gente ha vivido siempre en la miseria”, así que podrían preguntarse, “¿voy a ser yo el único que no especule?”.

Nacho Tornel explica que “ese proyecto no está pensado para la gente” y recuerda que “el Colegio de Arquitectos presentó hasta trece proyectos alternativos pensados para la gente de allí y combinando la financiación público-privada”, pero “ni el alcalde ni el concejal de Urbanismo hicieron caso”. Y aunque afirma que “la gente del barrio ya no cree en nada”, asegura que “el barrio tiene muchas posibilidades y un buen diseño, y está en pleno centro de la ciudad...”. Para Nacho Tornel, otro proyecto de regeneración para el barrio de La Paz “podría ser una cantera de empleo estupenda”, pero desde luego, “no desde el prisma de la especulación”. Sin embargo, en su opinión, “lo que quieren es que la gente se vaya, y al final muchos se van”.

El empresario López Rejas compareció ante la juez en 2012 para explicar el derribo de la guardería, y además de justificar que su proyecto inmobiliario era legal desde abril de 2006, y de proclamar que no aún no ha tirado la toalla, afirmó que la demolición de la escuela infantil pública del barrio era necesaria para iniciar la reforma de La Paz y construir los primeros dos edificios residenciales. También testificó el extécnico del ayuntamiento, Antonio González Serna, quien aseguró que la orden de demoler la escuela fue de la Alcaldía, y que por tanto, fue una decisión política y no técnica.

Por su parte Tornel relata que “los niños se trasladaron temporalmente a unos barracones, y ahí siguen”. De hecho, en marzo de este año hubo una marcha de protesta para reclamar que se solucione su problema –no es la primera, pues las manifestaciones se han ido repitiendo de forma cíclica en los últimos años-. Nadie sabe hasta cuándo estarán en barracones los cien niños de la guardería, y nadie sabe dónde se les dará una ubicación definitiva.

En el solar que ocupaba la antigua guardería pública del barrio hay un gran hoyo, y en su esquina, una caseta de ventas de López Rejas abandonada. Cristales rotos, suciedad. “La guardería se derribó para que no la tomaran los 'okupas', pero se ve que no hay peligro de que tomen la caseta de ventas”, añade Nacho Tornel. “¿Y cómo estamos hoy?”, se pregunta: “Pues estamos igual que hace diez años, pero sin guardería”.