“España rompe todos los récords con nueva deuda cada año”

Solo el pago de los intereses de la deuda pública costará a España 36.590 millones de euros en 2014, lo que supone un 11% del presupuesto anual y se sitúa como segunda partida, únicamente por detrás de las pensiones. La socióloga catalana Iolanda Fresnillo, integrante de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y coautora del libro “¿Por qué no debemos pagar la deuda?” plantea de forma pedagógica esta disyuntiva puesto que desde la agrupación entienden que “muchas de ellas, pese a ser legales, son ilegítimas porque se solicitaron para cubrir necesidades de las élites, pasando por encima de los derechos de la población”.

Pregunta. A finales de 2013, la deuda pública española superó por primera vez la media de la eurozona, ¿cómo valoran desde su plataforma esta situación?

Respuesta. En nuestra opinión, por un lado, se debe a la falta de voluntad por hacer una reforma fiscal profunda y perseguir el fraude, que beneficia a las empresas por encima de los trabajadores. En una situación de crisis la economía está estancada, las pymes y los empleados ganan menos. Los ingresos también son menores y, a pesar de los recortes, el nivel de gasto se mantiene porque los intereses de la deuda suben cada vez más. El problema radica en que si bajan los ingresos y se mantiene el gasto, aumenta el déficit y eso hay que cubrirlo con más deuda. España está rompiendo todos los récords con nueva deuda creada cada año. La cuestión es que estamos generando una bola que no para, sino que crece cada vez más.

P. ¿Es ilegítima la deuda pública española?

R. Nosotros, desde la PACD, entendemos que hay deudas generales que son ilegítimas, porque, aun pudiendo ser legales, se han puesto por encima los intereses de la banca, antes que los de la ciudadanía. Incluso las políticas adoptadas para afrontar la deuda han violado los derechos humanos. El rescate bancario se produce a cambio de una serie de austeridades que implican una violación de los derechos de las personas. Los recortes en educación, sanidad, vivienda y otros se imponen a través de ese rescate bancario. Eso para nosotros es ilegítimo porque consideramos que se prioriza el pago de la deuda por encima del bienestar de la población. Primero debemos ir los ciudadanos y luego los mercados financieros, pero la realidad es al revés.

P. ¿Qué ejemplos presentan como deuda ilegítima?

R. En Euskadi, por ejemplo, tenéis el lío de la famosa “Y vasca”, aunque hay muchos más vinculados al AVE y el sistema ferroviario loco que existe en este país. Está, por supuesto, toda la burbuja inmobiliaria con los gobiernos autonómicos que se endeudan para beneficiar a una serie de “amiguetes” o las construcciones de obras faraónicas en forma de aeropuertos o auditorios. Pero también esas deudas generadas a través de emisiones de bonos que parten de mecanismos puramente especulativos de la prima de riesgo. Esto nos impone un tipo de interés determinado que tenemos que pagar y lo consideramos ilegítimo.

P. ¿Cuáles son los colectivos más afectados por las medidas de austeridad impuestas a consecuencia de la deuda?

R. Sin duda, los efectos de la deuda están recayendo sobre las mujeres. Las reducciones de presupuesto vinculados a los derechos de la mujer están por encima del 38% en los dos últimos años. Han caído los presupuestos de prevención de violencia machista y los de bienestar social vinculados al colectivo femenino. Pero es que además los sectores laboralmente más recortados son los más feminizados como la sanidad y la educación.

Resulta curioso que las que más sufrimos los recortes de salarios en sectores públicos estadísticamente hablando, no somos las que más estamos subiendo en las estadísticas del paro. Se precariza aun más el trabajo de la mujer, pero el aumento del desempleo se ha dado en sectores muy masculinizados como es el caso de la construcción. De igual forma, el colectivo inmigrante también es uno de los más afectados por el aumento del paro o las reformas sanitarias.

P. ¿En el caso de que la población española se manifestara electoralmente sobre qué hacer con la deuda, qué cree que diría?

R. Si mañana Rajoy saliendo de la ducha se cayera, se diera un golpe en la cabeza y le diera por hacer un referéndum a nivel estatal estoy segura que saldría que sí pagamos. Creo que la mayoría social de este país aun cree que las deudas están ahí para pagarlas, con el miedo a que nos cierren los mercados financieros.

Por otro lado, la lógica pero también las experiencias históricas nos demuestran que con el no pago de la deuda por si solo tampoco se consigue nada. Es el caso de Haití, que aunque no tenga nada que ver con España, hace cuatro años se le canceló toda su deuda por el terremoto y ahora tiene más endeudamiento que entonces porque no ha cambiado nada de su sistema.

P. ¿Cuál es el objetivo de la PACD a través de este nuevo alegato sobre no pagar la deuda?

R. El libro analiza el proceso que nos lleva a esta situación de enorme deuda privada con un proceso de financiación de la economía y liberalización de los mercados financieros que se inicia en Estados Unidos, pero que aquí copian al dedillo tanto los gobiernos socialistas como populares.

Tratamos de denunciar un sistema que se basa en la generación continua de deuda, dominado por una oligarquía financiera corrupta. Buscamos dar poder a la ciudadanía para que entiendan cómo funciona la deuda, que este no sea un sistema opaco, y ofrecerles así nuevas alternativas. No se trata de ningún compendio académico, es un trabajo que trata de acercar la situación a la población de una forma accesible y clara.

P. ¿Se puede realmente no pagar la deuda?

R. Por un lado, no se puede pagar porque está tan sobredimensionada que no hay manera humana de pagarla. Entonces, según cómo se haga la fórmula de reducción de esa deuda acabaremos pagando más nosotros a través de más reducciones de derechos y más empobrecimiento. En la PACD cuando hablamos de no pagar la deuda nos referimos a coger deudas concretas y analizarlas para ver si podemos no pagarlas. Lo que intentamos es promover una campaña para no pagar algo concreto y a ver qué pasa.

Realmente lo que hablamos es de generar los mecanismos para poder tomar la decisión y empoderar a la población de una forma consecuente. Porque sí es cierto que si ahora decidiésemos no pagar toda la deuda del Estado, una de las consecuencias directas sería que nos quedaríamos sin sistema de pensiones públicas, puesto que el fondo de reserva de las pensiones está en un 90% invertido en deuda pública española. Por eso, lo que tratamos es generar alternativas y mecanismos para hacer frente a este sistema.

P. ¿Creen que la auditoría ciudadana es la solución?

R. La auditoria no es la solución, pero sí es una herramienta que debería trabajar en conjunto con el resto de ámbitos como la sanidad o la educación con grupos locales e internacionales y, entre todos, poner nuestro grano de arena en este proceso de transformación social, económica y política que pretendemos poco a poco, pero con paso firme.

El proceso de auditoría trata de desentrañar la realidad para entenderla. Si no comprendemos la vinculación de la deuda con el sistema financiero, productivo y bancario, difícilmente podremos construir la alternativa desde los movimientos sociales de izquierda.