Euskadi, dispuesta a modular la ley de víctimas de violencia policial para evitar al Constitucional

El Gobierno vasco se ha mostrado dispuesto a modular la ley de víctimas de violencia policial, aprobada en verano de 2016 para el reconocimiento de quienes padecieron violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, si el Estado tiene “alguna inquietud” en torno a la falta de seguridad jurídica de un texto que completa a normativas anteriores sobre víctimas del terrorismo de ETA o de los GAL. El objetivo es evitar que la pelota quede en el tejado del Tribunal Constitucional. “Tenemos la disposición de darle, mediante reglamento, aquellas garantías de seguridad que sean necesarias”, ha enfatizado en el Parlamento Vasco Jonan Fernández, ahora secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación en su segunda legislatura como comisionado del lehendakari, Iñigo Urkullu, para la gestión del final de ETA.

Esta normativa, que da cobertura a unas 400 víctimas desde la Transición hasta 1999, salió adelante en el último pleno de la pasada legislatura con los recelos del PP. Meses después, en octubre, el Gobierno de Mariano Rajoy mostró su voluntad de acudir al Tribunal Constitucional si en el plazo de seis meses de negociación bilateral que fija la normativa constitucional los Ejecutivos central y vasco no alcanzaban un acuerdo de interpretación respecto a un punto de la norma que no fija como imprescindible la existencia de una sentencia judicial para catalogar a una persona como víctima de violencia policial. La Abogacía del Estado ya recurrió por motivos similares tanto la normativa navarra como un decreto anterior de la oficina de Jonan Fernández sobre estas víctimas y que dio origen a la ley ahora en el alero.

Hay margen de negociación “hasta mayo”, aunque de momento sólo ha habido una reunión, ha dicho Fernández en la Cámara, en la que ha comparecido durante más de tres horas para exponer las líneas generales de su segunda etapa al frente de las políticas de convivencia, ahora ya no de “paz” y sí de “derechos humanos”, según la denominación oficial de su cargo. El asesor del lehendakari ha indicado que la ley fue redactada con la “convicción” de que no ofrecía resquicios de inseguridad jurídica. De hecho, el PNV y el PSE-EE pactaron varias enmiendas precisamente para buscar una redacción más exquisita en este sentido.

Fernández, que mantiene intacto su equipo con Monika Hernando, Aintzane Ezenarro y Enrique Ullibarri-Arana, ha querido matizar, eso sí, que la ley de víctimas de violencia policial “no está recurrida” ni suspendida. “Es una ley vigente aunque está en reflexión”, ha puntualizado ante la confusión existente en torno también a otras iniciativas vascas como la Ley de Vivienda, recurrida igualmente por el Gobierno pero no en su punto sustancial, la consideración de un alojamiento digno como un derecho.

En su comparecencia, Fernández ha reconocido que uno de los ‘debes’ de sus cuatro años al frente de las políticas de convivencia ha sido precisamente no haber trabado una buena relación con el Gobierno de España. “En un balance fundamentalmente positivo [de la legislatura 2012-2016] es cierto que hay una serie de objetivos importantes que no hemos conseguido. No hemos conseguido el final de ETA ni una política penitenciaria consensuada o una reflexión autocrítica con el pasado. Y las relaciones con el Estado no han sido lo fluidas que sería deseable. No tengo problema en asumir la cuota de responsabilidad. No voy a negar que estamos un poco frustrados de la experiencia de la pasada legislatura, pero pasemos página. Estamos dispuesto a compartirlo todo [con el Estado]”, ha explicado sobre sus frías relaciones con el PP a preguntas de la oposición.

Precisamente el PP ha sido uno de los partidos más críticos con la labor de Fernández. El ‘popular’ Carmelo Barrio ha insistido en que es un error “meter en el mismo paquete” la gestión del final de ETA y otras cuestiones como la política penitenciaria. “Me parece un poco excesivo o distorsionador hacer un bloque y ligar la convivencia a cambios en la política penitenciaria”, ha incidido Barrio. Su compañera Juana Bengoechea también ha sido muy dura con las iniciativas formuladas por el responsable de Derechos Humanos: “El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

Fernández ha querido tender la mano a los ‘populares’ y ha dicho que víctimas y presos de ETA son “dos carpetas diferenciadas” y que se tratan con enfoques “igualmente diferenciados”. Pero ha matizado que “no se puede decir que no pasa nada con la política penitenciaria” porque “es un problema y hay que hincarle el diente”. En este sentido, ha planteado llevar a un decreto el programa de reinserción de presos Hitzeman, pese a que Euskadi carece de competencias en materia de Prisiones.

EH Bildu y Fernández también han mantenido un cruce dialéctico. Se ha producido después de que el secretario de Derechos Humanos planteara la importancia de la autocrítica entre quienes dieron cobertura al terrorismo de ETA. “No es por ánimo de fastidiar ni de humillar, pero resulta un problema que no haya una valoración crítica sobre lo que han supuestos las vulneraciones de derechos humanos cometidas por ETA”, ha remarcado el colaborador de Urkullu, a lo que el abertzale Julen Arzuaga ha respondido que su formación ya se ha acercado a las víctimas aunque, ha reconocido, no con el lenguaje que otros partidos le demandan.

Arzuaga, asimismo, ha lamentado que se haya caído la palabra “Paz” del cartel de la puerta de la oficina que dirige Fernández. El representante de EH Bildu ha insistido en que la violencia continúa activa en el País Vasco y ha vuelto a citar la política penitenciaria del Estado como un ejemplo de ello. Ha denunciado que este cambio de nomenclatura es una concesión del PNV a sus socios del PSE-EE.

Desde la bancada de Elkarrekin Podemos (Podemos, IU y Equo) ha tomado la palabra Pili Zabala, hermana de un asesinado por los GAL. Zabala. De nuevo hablando en primera persona de su experiencia vital, ha dicho sentirse “humillada” por la preponderancia que se le da a ETA con respecto a otros terrorismos. Fernández, en su intervención, había hablado de todas las víctimas “sin equiparaciones pero sin exclusiones” aunque ha matizado que “ETA merece una valoración expresa” por la “dimensión y significación” de su actividad, tanto en el tiempo como por el “acompañamiento sociopolítico” que tuvo de la izquierda abertzale.

Por parte del PSE-EE ha tomado la palabra Rafaela Romero. Los socialistas, de quienes se había dicho que recelaban de la continuidad de Fernández en su Gobierno de coalición con el PNV, han mostrado un tono conciliador con el responsable de Derechos Humanos. Y éste ha devuelto el guiño asegurando que existen “amplios campos de colaboración” con el PSE-EE.