Varapalo a la política socialista de contratación en Lanbide
Segundo varapalo a la política de contratación realizada por el Ejecutivo socialista en relación con Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo. Si los tribunales ya habían anulado varias de las convocatorias realizadas para la contratación de orientadores laborales y determinados responsables de área en Lanbide, ahora el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha realizado un informe en el que se vuelven a constatar las numerosas irregularidades detectadas en la contratación en Lanbide.
La consejera de Trabajo durante la etapa analizada era la socialista Gemma Zabaleta y en esos dos años auditados se realizaron un total de 154 contrataciones (137 en 2011 y 17 en 2012) de los que 119 continuaban trabajando en Lanbide a 31 de diciembre de 2012.
Durante el periodo analizado por el órgano fiscalizador vasco (2011-2012), cuando Lanbide estuvo gestionado por el Gobierno socialista de Patxi López, el informe revela que “no ha sido elaborada ni aprobada la RPT [Relación de Puestos de Trabajo] ni por el Consejo de Administración de Lanbide ni por el Gobierno vasco”. El tribunal concluye que como consecuencia de esta situación, “no se podían haber realizado los 147 contratos temporales y nombramientos interinos hasta cobertura reglamentaria del puesto de trabajo realizados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante elperiodo analizado”.
El informe concluye, además, que a 31 de diciembre de 2012 el número de trabajadores fijos más el de los que han sido contratados y/o nombrados hasta cobertura reglamentaria del puesto de trabajo ha superado en 38 el número de plazas de la plantilla presupuestaria del organismo autónomo, que asciende a 575 plazas, constituyendo dicha plantilla el límite para el personal estructural“.
La aprobación de este informe no ha sido pacífico dentro del tribunal. El ponente del mismo, el presidente de TVCP, Ignacio Churiaque, al final ha presentado un voto particular en contra del propio informe al entender que una mayoría de consejeros de cinco a dos había cepillado el inicial redactado por él. En el voto particular que acompaña al informe se incorporan todas las irregularidades que han sido retiradas del texto final y que aparecían en el inicial.
Además, otros dos consejeros del tribunal, en concreto su vicepresidente, José Miguel Bonilla, y el consejero Mariano García Ruiz, han presentado un voto concurrente. Ambos defienden que “el trabajo de fiscalización se ha realizado sin la existencia previa de un memorándum de Planificación aprobado” por el pleno del TVCP. Dicho memorándum fue aprobado en el mismo Pleno en que se aprobó el informe provisional. Y además apunta que el informe provisional presentado para su análisis y aprobación por el Pleno, era diferente al debatido en la CTA“ [Comisión Técnica de Auditores].
Aburto debe sacar las plazas
Pese a que el varapalo es significativo, en realidad el golpe ya había llegado antes con las sentencias judiciales que han ido anulando sucesivamente buena parte de la política de contratación realizada por los gestores de Lanbide en la etapa socialista.
Dichas sentencias, afectan a la convocatoria de la bolsa de orientadores laborales a través de la cual se han
realizado 153 contrataciones y/o nombramientos, a la convocatoria de 14 puestos de responsables de área y a la provisión de 31 puestos para movilidad interna. Los tribunales han declarado las convocatorias no ajustadas a derecho, las han revocado y ha ordenado a Lanbide a “retrotraer los procesos selectivos al momento de las convocatorias y aprobación de sus bases reguladoras”. En los fundamentos de dichas resoluciones judiciales se recogen, entre otros, que la forma de valoración de los méritos no ha respetado los principios de mérito y capacidad, básicos en cualquier contratación pública.
Asimismo, otros tribunales han aceptado las demandas interpuestas por los 61 orientadores laborales transferidos del SEPE, declarando en las resoluciones que la relación laboral era de carácter indefinida hasta la cobertura reglamentaria de plaza. Se da la circunstancia que será ahora el Gobierno del PNV y el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, el que tenga que volver a sacar a concurso todas las plazas anuladas y gestionar todo este embrollo legal con los sindicatos de la Función Pública, en donde ELA ha marcado el terreno al Ejecutivo con claridad y dureza.
