La fotografía que ilustra el texto corresponde al barranco de Gérgal, en el desierto de Tabernas, lugar elegido por los guardias civiles implicados en el Caso Almería para escenificar, de madrugada, un delirante intento de huida de Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, tres jóvenes trabajadores que residían en Cantabria y que se habían desplazado a Pechina para asistir a la primera comunión del hermano pequeño de Juan y que habían sido detenidos horas antes.
En realidad se trató de un montaje para eliminar indicios incriminatorios de las torturas y asesinatos cometidos. En 1981 no se había construido aún el tramo de la autovía A-92 que se aprecia en la imagen (se inauguró en el año 2001), por lo que nos encontramos en un paraje solitario, apropiado para el fin que se perseguía. En este lugar, hoy próximo a la salida 388 de la citada autovía, se reúnen cada 10 de mayo familiares, amigos y miembros de sociedad civil para rendir homenaje a las víctimas y tratar de que el crimen no caiga en el olvido.
Sin embargo, en el relato de los acontecimientos, en el qué y el cómo de los hechos, con demasiada frecuencia se sigue colocando un elemento que distorsiona absolutamente lo sucedido y sus implicaciones posteriores. Hablamos del error, la confusión, el equívoco…
El argumento del “trágico error” o la “confusión reiterada” fue utilizado por el ministro de Interior del momento, Juan José Rosón, como elemento causal que dio lugar a todos los acontecimientos posteriores. Ciertamente y para desgracia de la verdad, la expresión ha hecho fortuna. Y no, no puede ser. Se trata de una tergiversación de la historia que el error, la confusión, la equivocación constituyan uno de los elementos capitales del Caso Almería.
El relato del Caso Almería que perdure en nuestra sociedad no puede incluir una distorsión que atenúe la extrema gravedad de lo sucedido. El error es un factor de azar, un atributo que nada tiene que ver en este caso con la tortura y asesinato de tres jóvenes bajo custodia. La obcecación criminal del teniente coronel Castillo Quero le hizo sostener en el juicio al que fue sometido que lo volvería a hacer. Porque para él no hubo ningún error en ejecutar a tres asesinos etarras, delincuentes comunes, o lo que, según su criterio, fueran aquellos tres jóvenes que cayeron en sus dominios.
Lejos de abandonar esta línea argumental, el último espacio informativo de difusión general que ha tratado el Caso Almería, el programa de La Sexta '¿Dónde estabas entonces?', dedicado al año 1981 y emitido el 14 de diciembre de 2017, la reitera. Bajo la dirección de Itziar Bernaola, Ana Pastor comenzaba la locución centrando el tema: “Hay historias que están por escribir y otras que se interrumpieron de forma inesperada. Aquel mes de mayo del 81 se sucedieron las malas noticias. Tres jóvenes viajaron desde Santander hasta Almería para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos. Nada les hizo pensar que en ese viaje perderían la vida por una terrible confusión”.
El planteamiento del trágico error o de la confusión como titular del Caso Almería convierte lo circunstancial en sustantivo. Llevando la premisa al absurdo también podemos concluir que la causa de todo fue la avería del coche que les transportaba desde Santander o convertir al ciudadano que creyó reconocer en ellos al comando etarra que había asesinado brutalmente en Madrid el 9 de mayo de 1981 a Guillermo Tebar, Manuel Rodríguez y Antonio Nogueras y dejado gravemente herido al teniente general Joaquín Valenzuela y que llamó a la Guardia Civil, como el origen de lo sucedido. No, el peso del error finaliza un segundo después de ser detenidos. A partir de ese momento, ya bajo custodia, comienza lo irregular, lo arbitrario, las prácticas criminales: el horror. No hay una línea razonable y coherente que en un estado democrático conduzca de una detención errónea a la tortura y al asesinato.
Volvemos en este punto a recordar un fragmento de lo escrito por Jorge M. Reverte en la tribuna de El País titulada 'Almería', publicada el 12 de abril de 1994: “Dicen los cronicones que Castillo Quero mandó torturar y asesinar a unos jóvenes porque los confundió con etarras. ¿El crimen de Castillo Quero fue, entonces, confundirlos? ¿Si hubieran sido etarras sería menos crimen torturar y asesinar a unos chavales? Nos podemos confundir mucho. El crimen es el mismo en cualquiera de los casos. Castillo Quero torturó y asesinó a unos jóvenes…”. Convendría que periodistas, documentalistas, historiadores, etcétera, no olviden el sentido y trascendencia de estas palabras cuando elaboren programas o escriban retrospectivas sobre el tema.
El otro elemento fundamental que ha contribuido a fijar en la sociedad un relato distorsionado de los sucesos fue, sin duda, el desarrollo del juicio por el Caso Almería y la sentencia dictada.
Se presupone que el juicio debería haber aportado luz y habernos acercado a la verdad de lo sucedido para condenar a todos los culpables y aplicado una pena proporcional a los crímenes cometidos. Nada de esto sucedió. Treinta y seis años después de su celebración sigue pareciendo un elemento necesario que contribuyó a no disipar la niebla que interesadamente se extendió sobre los sucesos. Si como en todo juicio los objetivos fundamentales eran probar unos hechos, tipificarles, aplicar los fundamentos de derecho y dictar sentencia en función de las peticiones de las partes y el fiscal, el empeño fue una pura frustración.
La lectura hoy de las crónicas periodísticas del juicio produce, 36 años después de que tuviera lugar, indignación e impotencia. Es un hecho evidente la desigual correlación de fuerzas que se planteó desde un comienzo en la sala y fuera de ella. Las presiones y coacciones de todo tipo fueron extraordinarias, como bien puede dar testimonio el abogado de la acusación, Darío Fernández. Se intoxicó con falsedades a medios de comunicación y opinión pública. Periodistas como Melchor Miralles sufrieron amenazas contra su integridad física…
Para empezar, la instrucción del sumario fue deficiente, por no hablar de la fiabilidad de las pruebas forenses. Ya en el juicio, las contradicciones de los testimonios aportadas por los encausados, la inconsistencia de su relato, la destrucción o desaparición de documentos y pertenencias de las víctimas y la evidente colocación de pruebas falsas motivaron la petición de reconstrucción de los hechos por parte del abogado de la acusación. A pesar de todo ello, el fiscal y la presidencia de la sala no la consideraron necesaria. Este elemento y que se diera por buena la práctica totalidad de la versión de los procesados fue capital a la hora de emitir el fallo.
Bien por estrategia, bien porque el juicio no se atuvo completamente al desarrollo que habían previsto, incluso los abogados de los tres guardias civiles cambiaron la petición de absolución inicial por la de homicidio en la exposición de conclusiones, acercándose así a la tipificación de la fiscalía. No por ello aminoraron en su empeño de condicionar y amedrentar al tribunal, valgan como muestra dos intervenciones efectuadas en la fase de conclusiones: “Sois un tribunal civil pero debéis juzgar teniendo en cuenta normas de tipo militar, porque la ley os obliga a ello” o, de forma más chusca, “66.000 compañeros de los procesados esperan con ansiedad vuestra sentencia, convencidos de que en su comportamiento los procesados actuaron lealmente como guardias civiles y esperan que así lo reconozcáis”.
Si, ya de entrada, únicamente fueron juzgados tres de los once guardias civiles que participaron en los hechos que condujeron a la muerte de los tres jóvenes, la sentencia se situó en un punto medio entre la petición del fiscal y las de las defensas al aceptar dentro de la calificación de homicidio las eximentes parciales de cumplimiento del deber (teniente coronel Castillo Quero) y obediencia debida (sus subordinados Gómez Torres y Fernández Llamas). El juicio se cerró así en falso, por lo que los sentimientos de dolor, angustia e impotencia han anidado desde entonces en las familias de las víctimas. De ahí la certera afirmación del valiente periodista y profesor universitario, Antonio Ramos Espejo, de que el Caso Almería es un caso cerrado para la Justicia y abierto para la Historia.
La actuación de la Guardia Civil como institución dejó mucho que desear a lo largo de todo el proceso. Su alineación con los encausados y condenados fue más allá del corporativismo y llegó al cuestionamiento de la honorabilidad de las víctimas y al intento de deteriorar las relaciones entre las familias de los asesinados, lo que no consiguieron. La dilación en el cumplimiento de las sentencias, las condiciones en las que se desarrollaron e incluso la utilización de fondos reservados son únicamente explicables a partir del deficiente desarrollo democrático de las instituciones y el contexto político de aquellos años.
La Guardia Civil como institución haría bien en pedir perdón de forma expresa a las familias. No hacen falta cámaras de televisión. Han pasado casi 40 años y hay posiciones que no deberían mantenerse por más tiempo. Como puede leerse en la página oficial de la Guardia Civil: “El honor es un conjunto de obligaciones que, de no cumplirse, hacen que se pierda”. ¿Son solo palabras de un lema?
Actos de homenaje como el que se van a celebrar el 10 de mayo en el Parlamento de Cantabria y declaraciones institucionales como la del Ayuntamiento de Santander de mayo de 2016 o la propia del Parlamento cántabro, unidas a la posibilidad que abre la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (y esperemos que próximamente la de Cantabria) de su reconocimiento como víctimas, constituyen contribuciones necesarias y valiosas para la restauración de la justicia y el derribo del “muro de silencio”, en expresión de Reyes Mate. Igualmente necesaria e imprescindible es la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para que personas como Luis Cobo, Juan Mañas, Luis Montero y tantos otros, tengan cabida.
