Equo impugna el convenio urbanístico entre la conservera Lolín y el Ayuntamiento de Castro

Equo Cantabria ha presentado alegaciones al texto inicial del convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento de Castro Urdiales y las empresas Notna S.L. y Conservas Lolín S.L. acuerdan, a propuesta de las entidades privadas, la recalificación del suelo- en el que actualmente se emplaza la citada conservera- de uso industrial a comercial y dotacional. 

Juantxu Bazán, responsable de Urbanismo y Medio Ambiente de Equo y uno de los fundadores- dado de baja este año- del partido municipal CastroVerde, que actualmente gobierna en la localidad, aseguró en una entrevista a este medio que, tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de la formación ecologista con el PSOE -hasta entonces su socio al frente del Consistorio desde las elecciones municipales de 2015-, el gobierno del Ayuntamiento quedaba “a merced del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) local, con un convenio urbanístico de por medio que afecta a intereses personales de su portavoz Jesús Gutiérrez”. 

Asimismo, en la citada entrevista, adelantó que “en breve Equo Cantabria” iba a presentar “un escrito de alegaciones para demostrarlo”, hecho que, según recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria en exclusiva, se llevó a cabo el pasado 16 de mayo. 

Tras el “estudio” de la documentación publicada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Castro sobre este asunto (el texto del anuncio del BOC y el del convenio aprobado inicialmente), la formación ecologista de Cantabria ha presentado en el Consistorio de este municipio ocho alegaciones.

En ellas, solicitan que se acuerde “la no aprobación de este convenio urbanístico por ser contrario a derecho y por no tener como objetivo el interés público que se contempla con el modificado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, alteración necesaria para la recalificación del suelo.  

En el escrito de 23 páginas se detallan una retahíla de argumentos a través de los que Equo se ampara para instar al Ayuntamiento a no seguir adelante con ello. En primer lugar, señala que la Memoria Justificativa incorporada en el convenio incluye “valoraciones y hechos falsos”.

“Es falso afirmar”, tal como se dice en esta Memoria, que la transformación de la parcela en uso comercial “disminuye los perjuicios y aumenta la calidad del entorno”. “No se acompaña al convenio ningún estudio ni informe ambiental que pueda ratificar tal afirmación, y es irresponsable” enunciarlo, denuncia el partido ecologista.

Además, prosigue destacando que “tampoco es admisible” afirmar que “aumenta la calidad del entorno” cuando lo que “sí es constatable es que se va a producir un aumento de la edificabilidad, del suelo construido ocupado y de la volumetría, todo ello en detrimento de la calidad ambiental del entorno”. 

Asimismo, detalla que “la implantación del Centro Comercial provocará un impacto negativo en el medio ambiente, la movilidad y la calidad de vida en Castro Urdiales”, ya que, entre otros motivos, su ubicación “perjudicará la movilidad del tráfico”, en una zona “estratégica” en la comunicación del municipio. 

Así pues, Equo sostiene que la redacción de la Memoria no presenta “motivación técnica ni jurídica”. “No se aclaran los motivos y causas de interés público que justifiquen este convenio”, detalla. “Recoge las pretensiones del promotor, y el Ayuntamiento las hace suyas sin ningún tipo de informe técnico que lo sustente”, recalca.

“No es una redacción hecha desde la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, pues tales afirmaciones no se corroboran documentalmente con los correspondientes estudios o informes realizados por personal especializado”, apostillan en el texto.

Por otra parte, desde Equo reprochan que “no se incluya en la documentación información imprescindible para entender el contenido del convenio que debe ser sometida a información pública”.“No se incorpora el Documento Ambiental que presenta la propiedad, ni tampoco el Proyecto de Modificado del PGOU, ni un triste plano de cómo va a quedar el centro comercial, ni plantas, ni perfiles, ni pasarelas, ni distribución de usos”, exponen. “La ciudadanía tiene que hacer un ejercicio de imaginación inusitado para entender de qué va este convenio”, subrayan.

En cuanto a la cesión al Ayuntamiento de 950 metros cuadrados de un espacio bajo cubierta para uso deportivo, cuestiona que “no hay un informe técnico que afirme sus condiciones en cuanto a altura y habitabilidad para la práctica del deporte, ni tampoco se valora si tal cesión es acorde al 10% del aprovechamiento al que está obligado el promotor en operaciones de recalificación urbanística”.

El documento señala que “tampoco se identifica a las personas que suscriben el convenio, cuyos nombres y apellidos aparecen tachados”, hecho que para Equo “redunda en la falta de transparencia que rodea a este convenio, no solo en su publicación, sino también en el proceso de negociación”.

Así pues, la formación ecologista denuncia que “se incumple” el art. 259.4 de la ley 2/2001 de Suelo de Cantabria que establece que “la negociación, celebración y cumplimiento de los convenios urbanísticos se rigen por los principios de transparencia y publicidad”.

“Conflicto de interés”

“Un concejal no debe firmar un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del que forma parte, sea cual sea la calificación jurídica del mismo”, sostiene el escrito. “Ni Jesús Gutiérrez Castro ni su hermano podrían contratar con el Consistorio de Castro Urdiales el Convenio Urbanístico en la medida de que es un contrato administrativo especial”, apunta.

La prohibición de contratar con la Administración a la que pertenecen los cargos electivos es “coherente con la regulación en materia de incompatibilidades de los cargos” de la administración local, con el objetivo de “poner límites a los posibles conflictos de interés” en el desempeño del ejercicio del cargo. 

“No debiera haber duda alguna de que se produce tal conflicto en la medida de que el concejal dueño de la fábrica de anchoas tiene interés económico, directo y personal en la recalificación objeto de este convenio, y en su condición de concejal está comprometiendo la imparcialidad e independencia del Pleno de la Corporación de la que forma parte”, sentencia Equo. 

En este sentido, en el documento se expone que “no consta en el expediente un informe jurídico sobre la compatibilidad o no del concejal Jesús Gutiérrez, ni tampoco consta que se hayan elevado consultas a la Junta Consultiva de Contratación o al órgano consultivo que proceda, cuestión que no debiera haberse soslayado, y que puede ser causa de nulidad del convenio”. Es por ello que la formación ecologista, en este escrito de alegaciones, reclama al alcalde que lo solicite. 

“Beneficio empresarial”

“El Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Conservas Lolín es contrario al interés público porque lo que realmente se persigue es un beneficio empresarial”, manifiesta Equo.

En este sentido, aclara que los beneficios empresariales “no deben estar reñidos con la transformación urbanística de un municipio, aunque este proceso sea consecuencia de un convenio urbanístico”, por lo que “no es eso lo que se cuestiona”. 

El traslado de la fábrica de Lolín al polígono industrial de Vallegón es una necesidad “sobrevenida, no planificada, y de carácter privado, que proviene de determinados intereses empresariales”. “Primero surge una necesidad empresarial (el traslado de la fábrica y venta del solar que ocupa a un grupo empresarial), y a continuación, tal necesidad adquiere la forma de convenio urbanístico y posterior modificado del Plan General”, explica este partido.

No hay estudio de necesidades comerciales para la ciudad, ni plan de reforma interior, ni estudio estratégico para la transformación urbana de Brazomar, nada que se le parezca.

Quien presenta el plan de traslado de la fábrica, la futura instalación comercial y el contenido del convenio urbanístico a la opinión pública “no es el Ayuntamiento- ni el alcalde, ni el concejal de Urbanismo- sino el promotor del convenio, Jesús Gutiérrez, dueño de la empresa y concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales”.

Equo afirma que el promotor “puede tener la iniciativa”, pero recalca que en este caso “se trasluce que tiene la dirección de todo el proceso, y el Ayuntamiento es un mero receptor pasivo que debe tramitar el modificado del Plan General”.

Así pues, el urbanismo, “tal como muestra este convenio deja de ser una función pública para convertirse en una mera transacción en la que el promotor pone las condiciones porque en el fondo él es el principal y único interesado”, ratifica el escrito.

“Si el Ayuntamiento persiguiera realmente el interés público no debería recurrir al convenio urbanístico con un particular”, asegura. “Bastaba con una reordenación del área, lo que le hubiera permitido obtener los cambios de uso, la mejora de las dotaciones por la vía de cesiones legales y aprovechamientos, y siempre con la participación de los particulares, propietarios, y participación ciudadana”, expone. 

“El Convenio Lolín es nulo por contravenir el Plan General y las normas de aplicación directa de la ley 2/2001 de la ley del Suelo de Cantabria”, denuncia Equo. La modificación del PGOU es “la plasmación de un nuevo Centro Comercial con unas alineaciones y una edificabilidad a la carta”, manifiesta la formación. 

“Apropiación de suelo municipal”

El convenio urbanístico, tal y como se puede apreciar en el documento de alegaciones, se pacta sobre el espacio de la Fábrica de Anchoas, que “se ha apropiado de suelo de propiedad municipal y de cesiones de espacio peatonal que no fueron respetadas”. 

La memoria del borrador del proyecto de modificación del PGOU número 23, elaborado por el estudio de ingeniería DIRSUR- misma empresa que forma el equipo redactor del PGOU aprobado en junio de 1997- establece que “se han apreciado inexactitudes en la parcela de la fábrica de Lolín”, detallando que “la cartografía de los años 80 es bastante inexacta”.

Para Equo esta apreciación es “incomprensible” ya que “nada tiene que ver la cartografía del PGOU, con la medición de la parcela de la propiedad”. “Si las alineaciones no coinciden, no se debe a errores cartográficos, sino a que no se han cumplido por parte de la propiedad” y a que “tampoco se controlaron en su momento por parte del Ayuntamiento”. 

“Desde mayo de 1996 hasta la actualidad se ha producido un agrandamiento de la propiedad de la Fábrica de Anchoas”, asegura el texto. En concreto, Notna S. L. y DIRSUR señala que, “según una medición topográfica reciente”, la superficie de la parcela de 6.178 metros cuadrados, respecto a los 5.666 que recoge el Registro de la Propiedad de la finca y los 5.343 de la cartografía presentada en 1996 en la petición de la licencia de obras.

Todos ellos, datos reflejados en el escrito de alegaciones y, como consecuencia de ello, Equo se cuestiona “cómo es posible que algo tan objetivo como la superficie que mide una finca sea tan controvertido, así como cuál es su superficie real”. 

Así, esta formación hace hincapié en que “no hay un misterioso agrandamiento por error de la parcela de Lolín, sino una deliberada apropiación de suelo público que debieron ser viales públicos o zona peatonal y ahora engrosan la propiedad de la fábrica”.

Ante esta situación, reclama que “se detenga cualquier procedimiento de aprobar este convenio que estaría encubriendo una apropiación indebida de suelo de propiedad municipal” y solicita que “se ordene la apertura de un expediente de investigación y recuperación de oficio de los espacios públicos presuntamente usurpados”.