La tramitación eólica provoca una querella por prevaricación contra el consejero de Industria de Cantabria
El desarrollo de la energía eólica y la tramitación administrativa de los nuevos parques en la zona sur de Cantabria sigue atascada casi una década después de que se dieran los primeros pasos, con denuncias cruzadas e intervenciones judiciales que han parado prácticamente todos los proyectos antes de comenzar. Ahora, además, puede provocar la imputación de varios altos cargos y responsables políticos por supuesta prevaricación y varios delitos urbanísticos y medioambientales.
Así al menos lo exigen los impulsores de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que han presentado este jueves una querella criminal ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria -el órgano competente al existir un aforado entre los acusados- que se dirige contra el consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín (PRC); el director general del área, Raúl Pelayo (PRC); el alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto (PP), y el secretario municipal, Alfredo Fernández.
“No son simples errores administrativos, estamos hablando de actuaciones ilegales, de actitudes mafiosas y de corrupción pura y dura”, asegura Fernando Merodio, el abogado de los denunciantes, que considera además que todo el Consejo de Gobierno de Cantabria es “cómplice” y censura la “colaboración imprescindible” de los ayuntamientos afectados por el desarrollo eólico.
En el caso concreto de Valdeprado del Río, donde seis de los siete concejales de la Corporación son del PP, Merodio ha denunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el informe de compatibilidad urbanística necesario para instalar un parque eólico sin informar a los concejos, que son propietarios de los terrenos afectados, ni al edil independiente, Arturo Gutiérrez, que ha participado en la rueda de prensa junto al presidente de la plataforma, José Miguel Martínez,y el propio Merodio.
El colectivo conservacionista considera que hay “motivos suficientes” para denunciar penalmente lo que califican como un caso de “corrupción sistémica” que, a su juicio, “favorece una abusiva apropiación del territorio de otros; una dañina imposición de nuevos usos en una parte comunal y privativa del mismo; y la implantación de infraestructuras dañinas para el medio ambiente”.
Falta de participación y planificación
El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha denunciado también que el proceso de tramitación de parques eólicos en Cantabria “adolece de falta de participación ciudadana y de falta de planificación territorial”. En este sentido, ha censurado que “hasta ahora nadie ha podido ver el contenido de los proyectos” de los 14 parques eólicos que según el Gobierno están en tramitación.
Asimismo, ha criticado que después de tardar más de tres años en tramitar el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, los cuatro primeros proyectos de parques eólicos de los que se ha tenido noticia están ubicados en lugares de interés comunitario, protegidos por su alto valor ecológico y paisajístico.
Además, ha denunciado la coincidencia en la ubicación de parques eólicos y pozos de fracking o de parques eólicos tramitados en Castilla y León y en Cantabria; y ha criticado que los arreglos de carreteras en Valdeprado y Valderredible se realizan en pueblos donde apenas residen vecinos pero tienen proyectos de parques eólicos o pozos de fracking, “lo que supone pagar con dinero público vías de acceso que tendrían que pagar los proyectos privados”.
“Hay que ponerles freno. Han cometido suficientes ilegalidades como para que digamos basta ya, que venga otra gente a gobernar. Esto son millones y millones y millones. Y aquí nunca pasa nada. No podemos seguir así”, ha subrayado Merodio durante una rueda de prensa en la que ha aprovechado para exigir a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales que expongan su opinión sobre la posibilidad de instalar parques eólicos en Cantabria.
Falta de respuesta
Según ha explicado el presidente de la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, la decisión de llegar hasta los tribunales se produce después de que el responsable de Industria haya negado cualquier tipo de explicación a este colectivo y no haya concedido siquiera una reunión a sus impulsores para conocer más detalles de los planes de su departamento en relación a la energía eólica.
Pese a la gravedad de las acusaciones contra Francisco Martín y miembros de su equipo de confianza, el consejero ha rechazado hacer ningún tipo de declaración o valoración al respecto pese a la petición de eldiario.es Cantabria.
