La Ley del Suelo contempla un nuevo impuesto para viviendas en suelo rústico
El Gobierno de Cantabria tiene prácticamente listo el anteproyecto de Ley del Suelo que llevará al Parlamento en el plazo mínimo de un mes y que incluye novedades importantes en la legislación urbanística de la comunidad autónoma. El aspecto más polémico, y que generó graves discrepancias entre socialistas y regionalistas durante la redacción del texto, tiene que ver con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.
Finalmente, el documento establecerá un periodo transitorio de dos años en el que se podrá construir este tipo de edificaciones sin plan especial, una petición que habían realizado varios municipios, e incluirá un nuevo impuesto municipal que va a permitir a los ayuntamientos gravar la construcción con una cuantía de entre el 3% y el 5% del presupuesto de la obra.
Según ha explicado durante una rueda de prensa la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), esta tasa municipal se pagará una sola vez, en el momento en que se solicite al Consistorio correspondiente la licencia para ejecutar la vivienda, y será el propio ayuntamiento el que regule el impuesto en sus ordenanzas fiscales.
A juicio del Gobierno, esta nueva tasa es una “compensación” por el coste que supone llevar los servicios hasta este tipo de construcciones y el objetivo es que el ayuntamiento tenga, gracias a la recaudación de este impuesto, una “caja de recursos” para atender las necesidades de los nuevos vecinos.
Durante la comparecencia, el director general de Urbanismo, Francisco González Buendía, ha insistido en que estas medidas servirán para “fijar población” en el territorio, poniendo cota a la despoblación en el ámbito rural, al tiempo que incide en la tendencia que va hacia la “compactación” y el “uso prudente” del suelo. “Es la dispersión la que provoca sobrecostes en la financiación de los servicios públicos”, ha subrayado la vicepresidenta en este sentido.
Las diferencias entre Santander y Reocín
Sobre la mesa del Ejecutivo está a su vez la polémica desatada tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander y la insistencia por parte del Ayuntamiento de la capital para incluir normas transitorias en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Cantabria para 2017.
El PSOE se ha mostrado contrario a esta fórmula reiteradamente, que la vicepresidenta califica como “la peor solución”, y aunque el PRC se había mostrado dispuesto a apoyar la tesis del Consistorio santanderino, finalmente tendrá que ser a a través de esta nueva ley como el municipio ponga remedio a los problemas derivados de la sentencia del Tribunal Supremo.
Y es que el anteproyecto fija las normas transitorias ante la anulación de planes urbanísticos, como ha ocurrido recientemente en Santander, pero también en otras localidades como Laredo. Por eso, Díaz Tezanos ha insistido en que, “hasta ahora ese tipo de atajos e improvisación para solucionar algunos problemas urbanísticos ha traído consigo leyes declaradas inconstitucionales, sentencias de derribo y planes anulados”.
“Cantabria, desgraciadamente, ha sido ejemplo por un mal urbanismo y estamos para garantizar la seguridad jurídica”, ha dicho la vicepresidenta, que ha opinado que, aunque tanto en política como en urbanismo hay “muchas soluciones a un mismo problema”, hay que adoptar la que es “la mejor”. “Y sin duda la nueva Ley del Suelo va a solucionar muchos de los problemas que se han ido planteando en los últimos años y con seguridad jurídica”, ha dicho.
A preguntas de los periodistas, ante la contradicción que suponen esas declaraciones con los planes del Ejecutivo para introducir una modificación específica que permita recuperar la actividad minera en la comarca del Besaya, la vicepresidenta ha opinado que se trata de “supuestos totalmente distintos”.
A su juicio, la reapertura de las minas de Reocín y la extracción de zinc, como quiere el Gobierno PRC-PSOE, es una “oportunidad económica”, mientras que modificar la ley para salvar la anulación del PGOU de Santander como pretende el PP es “seguir legislando a golpe de problema”.
Como diferencias entre las dos modificaciones de la Ley del Suelo que se plantean, Díaz Tezanos ha señalado que, mientras que la dirigida a permitir la reapertura de las minas de Reocín entraría en vigor de forma inmediata y no requeriría más tramitación, la relativa al PGOU de Santander sí conllevaría la realización de más pasos posteriores, como la elaboración de las normas transitorias, lo que supone “otro año o más”.
Acabar con la inseguridad jurídica
Este anteproyecto de ley, que incluye un total de 343 artículos, ha quedado listo después de que se hayan incorporado el 85% de las alegaciones y propuestas planteadas durante el proceso de participación pública del borrador.
Entre las novedades de la nueva Ley del Suelo que ha destacado la responsable de Urbanismo en Cantabria están la creación de un Registro Público de Planeamiento y Gestión Urbanística, que recogerá los instrumentos y planes de ordenación del territorio y gestión urbanística que se aprueben dentro de la comunidad, y las cédulas y los certificados urbanísticos, a través de los que los ayuntamientos informarán sobre las circunstancias urbanísticas de las fincas del municipio o de un edificio en un plazo de tres meses desde la solicitud.
También hay medidas dirigidas a agilizar los planeamientos y, por ejemplo, se da la posibilidad a los municipios de que puedan presentar y tramitar sus PGOU a la vez que los planes especiales que contemplen.
Díaz Tezanos ha vuelto a defender la necesidad de esta nueva Ley del Suelo para garantizar “más seguridad jurídica” al urbanismo de Cantabria, favorecer las actividades económicas y el empleo, facilitar la rehabilitación de edificios y ocupar el suelo de forma “prudente”, frenar la dispersión y favorecer núcleos “más compactos”.
