El nuevo jefe de la Policía de Cantabria fue condenado por torturas e indultado por el PP
El recién nombrado jefe de Policía Nacional de Cantabria, Héctor Moreno García, fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid, y su pena fue conmutada por el Gobierno de José María Aznar en 1998 junto a la de los otros cuatro policías que fueron condenados en el mismo caso, según ha revelado Público este martes.
Los hechos por los que fueron condenados sucedieron la noche del 29 de abril de 1982, cuando siete policías detuvieron en el barrio de Malasaña de Madrid a varios peatones “sin causa alguna”.
La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Héctor Moreno y a otros cuatro agentes a la pena de 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturas y por detener ilegalmente a siete personas, entre ellas un abogado.
La sentencia recogía, según señala la noticia del diario El País en 1994, que Moreno “restregó la cabeza de uno de los detenidos por la basura”. El juez reflejó en el texto que los detenidos fueron puestos en fila en comisaría con las manos apoyadas en la pared mientras los policías les llamaban “canallas e hijos de puta” y les decían que les iban a matar a todos. Asimismo, el texto señala “varias agresiones” a los detenidos.
El Gobierno de José María Aznar decidió “conmutar la pena de inhabilitación especial” impuesta al recién nombrado jefe de Policía Nacional de Cantabria, por otra de “suspensión por el plazo de seis meses y un día” con la condición de que “no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena”, tal y como recoge el BOE el 21 de julio de 1998.
Sólo dos años después de haber sido condenado por un delito de torturas, en 1996, Moreno García fue ascendido a inspector jefe y, seis años después, en 2002, fue nombrado comisario.
El policía ha sido jefe de Brigada en Bilbao, jefe de Interpol en la Comisaría General de la Policía Judicial, jefe de la Unidad de Relaciones Comunitarias y Bilaterales en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, así como responsable de la Brigada Central de Investigación en la Comisaría General de Policía Judicial.
Moreno García fue nombrado Jefe Superior de Policía de Cantabria el pasado 6 de abril, sucediendo en el cargo al también comisario principal Jaime Velayos, que se jubiló en marzo tras 42 años de servicio.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, máximo responsable de su designación, destacó ese mismo día que tenía “muchísima confianza” en él. Durante una visita a la comunidad cántabra, para presenciar varios ejercicios de simulacros organizados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Torrelavega, Zoido destacó el compromiso del Gobierno de España con la “seguridad y libertad”.
Primera reacción
Podemos Cantabria ha sido la primera formación política en reaccionar a esta noticia sobre la que se ha mostrado “alarmado”. “Que se nombre a un torturador condenado a 48 años de inhabilitación especial por maltratar a peatones que estaban celebrando las fiestas del barrio de Malasaña en Madrid, es una mancha que ni los cántabros ni las fuerzas de seguridad de nuestra Comunidad Autónoma merecen”, ha manifestado.
La preocupación, dicen sus portavoces, es aun mayor cuando el caso de Héctor Moreno García “es un ejemplo claro de los brutales recortes en las libertades civiles que han ido llevando a cabo los sucesivos gobiernos del PP”.
Desde el Ministerio del Interior, primero con Fernández Díaz y ahora con Zoido, “se persigue cada vez con más ahínco la libertad de expresión mientras se indulta y asciende a quienes se han saltado las leyes agrediendo a civiles y han sido condenados por ello”, denuncian.
“Mientras en Cantabria se condena a la población civil por rehabilitar el Espacio Argumosa; se persigue judicialmente a quienes sostienen que #PreguntarNoEsDelito o se utiliza la Ley Mordaza contra los miembros de la PAH, el Ministerio del Interior sitúa a un torturador al frente de nuestra policía para enviar un mensaje claro a la población civil”, sostiene la formación morada, que asegura que “no va a callar” y que “llevará a cabo todas las medidas en su mano para que este nombramiento no se lleve a efecto o se revoque”.
