Una aproximación al papel de los medios en el conflicto de Reinosa
La aparición de nuevas formas de comunicación relacionadas con los avances tecnológicos, generalizados sobre todo en los últimos 25 años, constituye un factor capital a tener en cuenta a la hora de adentrarnos en el relato del papel de los medios informativos y de opinión durante el conflicto vivido en el año 1987 en Reinosa. Además, mediados los años ochenta, en el campo del poder y de los medios de comunicación concurrían en España una serie de circunstancias que caracterizan ese tiempo.
El PSOE de Felipe González concentraba unas enormes cotas de poder: había renovado su mayoría absoluta en las elecciones generales de 1986 y gobernaba en la mayor parte de las autonomías y municipios. Por si fuera poco, con UGT, entonces sindicato más representativo, mantenía unas relaciones muy próximas (hasta 1990 la militancia en la UGT era formalmente obligatoria para los afiliados del PSOE).
El panorama de los medios de comunicación mostraba una limitada diversidad: dos únicos canales de televisión de ámbito estatal además de los autonómicos en País Vasco, Cataluña y Galicia. Radio Nacional de España, Cadena SER, COPE y Antena 3 Radio, con sus distintas señales, acaparaban buena parte de la oferta de radio, que se completaba con emisoras locales y alguna cadena de ámbito regional.
Por su parte, las cabeceras con mayor difusión dentro de la prensa diaria de información general eran las de El País, ABC y Diario 16, si bien en cada comunidad o provincia el liderazgo correspondía a periódicos de ese ámbito. Así, en Cantabria el diario más leído era Alerta, entonces vinculado accionarialmente con el PSOE, seguido de El Diario Montañés, del grupo El Correo y línea católica conservadora. En cuanto a las revistas de información general destacaba la preeminencia del Grupo Zeta, con publicaciones como Interviú y Tiempo, junto el Grupo 16, con Cambio 16 y, por último, la revista Época.
En este periodo, la crisis del sector industrial supuso en Cantabria, entre 1975 y 1987, la destrucción de unos 20.000 puestos de trabajo directos (de los que unos 1.400 correspondían a la comarca de Campoo); considerando que el sector primario perdió en idéntico periodo la mitad de su población activa y teniendo en cuenta que el número de habitantes apenas superaba el medio millón, por lo que puede valorarse la magnitud del declive de los sectores tradicionales de producción.
Declive y desmantelamiento
Desde la perspectiva del tiempo transcurrido se puede interpretar lo sucedido en Reinosa como una muestra de resistencia y lucha de los trabajadores y de la población en general ante la masiva pérdida de empleos, que de entrada se proyectaba sin apenas compensaciones, lo que presuponía ahondar en el declive de toda una comarca cuya economía presentaba una altísima dependencia de la actividad fabril.
No se planteaba tanto una reconversión, cuya necesidad nadie cuestionaba, como la vía del desmantelamiento industrial sin alternativas de alcance. Un problema extraordinariamente complejo por su naturaleza e implicaciones que el Gobierno trató inicialmente de soslayar por la vía de la unilateralidad y la imposición. Cuando a la explosiva situación de fondo se unieron determinados elementos puntuales o circunstanciales, el conflicto se escaló exponencialmente y algunos episodios devinieron incontrolables.
La adopción de medidas violentas, que sobrepasaron los límites de la legalidad, por los trabajadores y sus representantes sindicales, constituye una cuestión que puede juzgarse a la luz de la historia, la ética o la ideología, por no hablar simplemente de estrategia y oportunidad. Se pueden justificar o criticar abiertamente, pero lo que ya admite menos debate es que tienen una explicación fundada.
La dimensión del problema que se planteaba era sistémica con respecto a su ámbito de incidencia. Desde el Gobierno central, siguiendo un programa económico de corte liberal, se habían dispuesto medidas drásticas en la creencia de que la contestación sería limitada y su coste político asumible.
La fuerza sindical más representativa en las fábricas de Forjas y Aceros, CENEMESA y La Farga Casanova era Comisiones Obreras. Aunque con tensiones, en el conflicto se mantuvo la unidad de acción con las otras fuerzas sindicales, lo que constituyó un elemento clave para sostener las movilizaciones, que desde un principio fueron consideradas un elemento fundamental en la estrategia de presión.
Una vez que el conflicto se hubo planteado con toda su crudeza, la respuesta gubernamental priorizó las soluciones de fuerza basadas en el mantenimiento del orden público. Es obvio que el Gobierno está obligado a la preservación del mismo, pero aplicando medidas proporcionales a las situaciones planteadas.
En la actuación de Ejecutivo de Felipe González se advierten varios errores: subestimar la respuesta de los trabajadores, fallos de cálculo, respuestas no proporcionales, elección equivocada de la fuerza de orden público, presencia de pésimos gestores del conflicto (el delegado de Gobierno en Cantabria, Antonio Pallarés; el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán; el ministro del Interior, José Barrionuevo) pero, sobre todo, primar el enfoque de orden público frente al socioeconómico, lo que le llevó a utilizar lógicas militaristas de acción-reacción frente a la población civil.
Así, el día de Jueves Santo tuvo lugar en Reinosa la implantación planificada de un estado de sitio que suspendió las garantías constitucionales. Las consecuencias fueron funestas. Las responsabilidades penales y las políticas, inexistentes.
Nula repercusión mediática
Una vez contextualizados los acontecimientos, es necesario abrir el encuadre y anticiparse tres meses, a diciembre de 1986, el arranque de los mismos. CENEMESA, Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica S.A., tenía sobre la mesa el anunció de rescisión de 178 contratos de manera traumática y regulación temporal para otros 76 empleados, de un total de 407 trabajadores; la Administración central no contemplaba ningún plan de reconversión para el sector de los bienes de equipo.
Dentro de un conjunto de movilizaciones (manifestaciones, encierros, cortes de vías de comunicación, etcétera), el 22 de diciembre se desarrolló una huelga general en la comarca campurriana. La trascendencia en los medios de comunicación estatal fue prácticamente nula. El País resolvió en un breve la serie de incidentes acaecidos, obviando el resultado de heridos en la carga de los antidisturbios en un corte de carretera próximo al puerto de montaña de El Escudo.
Esta primera etapa se caracteriza por la subinformación y la práctica inexistencia del problema en los grandes medios de comunicación. Su repercusión es casi exclusivamente regional. A estas alturas el periodista del diario cántabro Alerta, Víctor Gijón, que tres años después sería portavoz del Gobierno de Cantabria durante los seis meses de la Presidencia de Jaime Blanco, ya había colocado el apelativo de “nuevos fascismos” a los trabajadores de CENEMESA que protagonizaron un lamentable incidente con un equipo informativo del centro territorial de TVE en Cantabria y se habían quejado del tratamiento informativo que estaba dando Alerta a las movilizaciones.
Así se llega a la primera semana de marzo de 1987, inicio de la fase central del conflicto. Al expediente de rescisión de empleos de CENEMESA se unen los problemas de viabilidad de La Farga Casanova (se habla de la reducción de un tercio de una plantilla de 148 trabajadores) y el rumor de la existencia en Forjas y Aceros de un plan de ajuste de 463 trabajadores, algo más de la cuarta parte de la plantilla.
A partir de aquí es cuando se produjo una escalada decisiva de acontecimientos que acabó de configurar un conflicto de naturaleza múltiple: laboral, de orden público y, finalmente, social. En este punto es interesante volver a recordar la secuencia de hechos, minimizados cuando no obviados en los medios de mayor difusión, porque contextualiza lo ocurrido más adelante: el 3 de marzo, el Presidente de Forjas, Enrique Antolín, negaba al presidente del Comité de Empresa la existencia de un plan de reconversión; al día siguiente el Comité era informado de que se iba a aplicar un plan que incluía 404 despidos y 59 prejubilaciones.
El día 6, el Consejo de Ministros modificaba la normativa sobre estancia en los fondos de promoción de empleo. El 8 de marzo se hacía público el abandono de Antolín de Forjas y su marcha a la Consejería de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco. Tres días después regresaba a la fábrica para recoger sus efectos y despedirse, momento en el que fue retenido ilegalmente por los trabajadores, junto a otros miembros del equipo directivo para, de esta forma, intentar forzar una negociación y llamar la atención de las administraciones y medios de comunicación sobre su problemática (la toma de posesión del cargo de consejero estaba fijada para el día siguiente, 12 de marzo).
Muestras de debilidad
Pero el Gobierno de Felipe González tenía determinada su prioridad: no se podían dar muestras de debilidad y sostener una negociación. Antolín debía estar presente en el acto de Ajuria Enea. Para tal fin desplegó un operativo de más de 350 guardias civiles, 34 de los cuales eran de la Unidad de Intervención Especial, consiguiendo la liberación del futuro consejero. La violencia desencadenada en el operativo de liberación se volvió incontrolable. Vecinos y estudiantes del instituto se unieron a los trabajadores y se enfrentaron a la fuerza pública que intervenía por la ciudad, que se vio ampliamente desbordada.
Si hasta el día 12 de marzo los medios de comunicación estatales no habían prestado mayor atención a la profunda crisis que sufría la comarca campurriana, desde ese momento centraron su interés en la zona, si bien en la mayoría de los casos focalizando el relato en los incidentes.
La línea informativa que adoptaron los medios más conservadores (Época, ABC, Ya) es la del desgaste al Gobierno del PSOE, al que acusan de debilidad y de haber propiciado “el secuestro, la entrega de armas, la humillación, la afrenta…”, “una injusta, inquietante, evitable ofensa a su honor y su prestigio”. Es decir, guardianes de las esencias patrias, circunscriben el problema a la mala planificación del operativo y en la posición de la Guardia Civil.
El editorial de ABC del sábado 14 va todavía más allá y, retrotrayéndose al Mayo del 68 francés, sugiere, citando a alguien de entonces “con indiscutida autoridad en la izquierda”, la existencia de “un núcleo irreductible («un noyau dur») enteramente ajeno a los estudiantes de entonces y a los manifestantes de hoy: un núcleo profesionalizado, de sorprendente movilidad, agresividad y adiestramiento, capaz de paralizar una gran ciudad en dos horas y de desafiar a un Estado moderno en el terreno de los hechos. Esos equipos, bien retribuidos y dirigidos, son una pieza –a veces decisiva– en el complicado juego de la política transnacional. Era seguro que entrarían en acción, al calor de las protestas que este Gobierno ha provocado con sus bandazos”.
Aparece aquí ya el mito de los agitadores profesionales desplazados a focos de conflicto para dirigir las protestas y guiar a la población, sobre todo de lugares con poca tradición reivindicativa, algo que empieza a ser un lugar común (sirva como ejemplo más reciente el de las protestas vecinales del barrio de Gamonal, en Burgos).
Utilizado de esta manera no deja de ser, por la vía del bulo, una simple forma de manipulación informativa, a la par que de minusvaloración de los colectivos movilizados. Este argumento fue llevado hasta el extremo dos meses después.
Por su parte, los medios más próximos al Gobierno, tanto estatales como regionales, centraron fundamentalmente su crítica en la actuación del Comité de Empresa y los trabajadores. El País lanzó un editorial el 13 de marzo en este sentido, del que reproducimos su primera parte: “LOS INCIDENTES producidos ayer en la localidad cántabra de Reinosa, con el balance de más de medio centenar de heridos, ponen de relieve la pervivencia de residuos de atavismo más propios de la España galdosiana que de un país integrado en las instituciones europeas y que se apresta a entrar en el siglo XXI. Las imágenes de unos trabajadores que, para defender sus puestos de trabajo, primero secuestran a los directivos de su empresa y luego reducen y desarman a una decena de guardias civiles, parecen extraídas de una película de época. Pero son cruelmente reales. Tan desastroso resultado es consecuencia de dos factores. La irresponsabilidad de un comité sindical que juega con fuego al embarcar a los trabajadores en una aventura descabellada, consistente en tratar de defender sus propios derechos a costa de los de los demás, y la incompetencia profesional de los responsables del orden, incapaces de prever las consecuencias de su intervención en el conflicto y sumisos hasta la rendición… Las direcciones de los sindicatos implicados en la acción están obligadas a condenar dichas prácticas, lindantes con el sindicalismo mafioso o el más trasnochado libertarismo”.
El mismo día, Alerta, mucho más radical, se posicionó a través de Víctor Gijón, sin demasiados matices, en una columna titulada 'Guardias Civiles': “Les mandaron a Reinosa con el tricornio como única defensa. Algunos eran números cuarentones que en su vida habían tenido que enfrentarse a personas que actuaban con el cerebro en los cojones… Después de contemplar varias veces las imágenes de TVE, éstas han venido a sustituir a aquellas de otros guardias civiles y otros tricornios entrando a tiro limpio en el Congreso de los Diputados o la de quienes segaron la vida de tres jóvenes indefensos, paranoicamente confundidos con etarras [se refiere al caso Almería]…”. Hasta los sucesos del día de Jueves Santo este periódico se implicaría especialmente en la tarea de mejorar la imagen de la Guardia Civil.
Parcialidad y demonización
Apartado especial merece el reportaje del programa de TVE 'Informe Semanal' emitido el 11 de abril, titulado 'Qué pasa en Reinosa', elaborado por María Antonia Iglesias y Manuel Guerra. Si la línea de TVE a través de sus informativos ya venía siendo objeto de denuncia por su parcialidad y cercanía al discurso gubernamental, la crónica sobre la conflictividad en Reinosa fue un paso más allá, porque elaboró un análisis del problema con elementos de distorsión informativa: descontextualización, simplificación, omisión de datos relevantes, manipulación subliminal, bombas de humo, selección capciosa de fragmentos de entrevistas…
Por reveladores y significativos transcribimos los dos cortes que se emiten del experto objeto de consulta, en este caso, el sociólogo Juan Irigoyen; el primero, alude a la búsqueda de explicaciones más allá de las sociolaborales: “Aquí aparece un factor relevante y es la fuerza enorme de los intereses locales. La patria chica. Ese tipo de referencia simbólica ha aglutinado a todos los habitantes independientemente de sus ideologías y partidos. Y la situación que ha propiciado la violencia fundamentalmente ha estado determinada justamente por ese factor”. En el segundo fragmento valora el papel de algunos dirigentes sindicales: “Determinados partidos políticos y determinadas organizaciones sindicales han jugado un papel de priorizar los intereses que les puede reportar a corto plazo una explosión o un conflicto de estas características sobre la solución real de los problemas. Todos sabemos que los problemas, como he apuntado anteriormente, no tienen una solución inmediata sencilla. En ese sentido han comunicado a la población más soluciones fantasmáticas (sic) que soluciones reales y han contribuido a crear un clima que contribuye poco a solucionar los problemas”.
Como contraste, en la actualidad, el mismo autor efectúa análisis desde otro punto de vista, que bien pudieran ser de aplicación para el caso: “Los actores sociales cuyos intereses se encuentran infrarrepresentados, no tienen otra alternativa que la movilización... Los sistemas económicos, políticos e institucionales asociados a desigualdades relevantes, recurren a la individualización rigurosa, descalificando a la masa. De este modo, uno a uno, su superioridad es manifiesta. Por el contrario, los sectores en desventaja no tienen otro recurso que la agrupación o la movilización, que forma parte de la acción colectiva”.
Falta de análisis y contexto
Así pues, los medios proyectan una imagen de los reinosanos próxima a la de los habitantes de la aldea gala de Astérix, pero pasados de poción mágica. Esto podía llegar a ser gracioso si no fuera por todo el dolor y el miedo que se concitó aquellos días. Las movilizaciones se sostuvieron en el tiempo, siendo algunos días especialmente violentas. La respuesta de la Guardia Civil no le iba a la zaga.
Un buen número de medios desplazaron a la zona enviados especiales para hacer reportajes de factura propia. Hubo periodistas que entendieron el conflicto más allá de la narración de los incidentes, sin ocultarlos, pero tampoco omitiendo otras dimensiones, agentes y factores. Mostrando sensibilidad, equilibrio y ponderación en el relato. Citaremos a dos: Eugeni Madueño, de La Vanguardia, y Javier D'Ysart, de El Diario Montañés. El primero de ellos se hizo eco, el sábado 11 de abril, de lo que estaba a punto de suceder: “La sensación de que lo más grave puede no haber ocurrido aún es una apreciación y un temor generalizado”. Por ello, la última de las fases en la que hemos dividido el conflicto con respecto a su tratamiento en los medios de comunicación no puede empezar con expresiones del tipo “Nada hacía presagiar…”.
Por una parte, los trabajadores mantenían sus movilizaciones porque tanto en Forjas y Acero como en CENEMESA los expedientes de despido seguían vigentes y, por otra, la dotación de guardias civiles era más numerosa y los medios desplazados, de mayor poder coercitivo; los enfrentamientos eran diarios. El intento de rebajar la tensión a partir de la propuesta sindical de retirada gradual de las fuerzas antidisturbios y buscar una salida política y social a la situación no había fructificado.
Al tiempo, la conflictividad laboral se extendía por Cantabria; el día 10 de abril una tractorada de los ganaderos colapsaba el tráfico en la comunidad y al día siguiente tuvo lugar en Santander una gran manifestación contra el desmantelamiento industrial de la región, por la creación de empleo y en solidaridad con Reinosa y la comarca oriental. La prensa más conservadora acusaba al gobierno de tibieza en la respuesta y alertaba del peligro de contagio. A estas alturas parece claro que la decisión del Gobierno de adoptar una medida de fuerza extrema estaba tomada.
Demostración de fuerza
El día elegido para la demostración de fuerza fue el 16 de abril, festividad de jueves santo. El delegado del Gobierno en Cantabria, Antonio Pallarés, había prohibido una concentración convocada para esa tarde por los trabajadores de CENEMESA. El pitido de aviso de entrada del Talgo Santander-Madrid en la estación de Reinosa fue la señal para que comenzara la ocupación militar de la ciudad, aplicando una violencia completamente desmedida contra las personas, viviendas, comercios, vehículos... Estado de sitio, violación de derechos civiles, allanamientos, detenciones ilegales, vejaciones, malos tratos, múltiples heridos y muerte de un trabajador, entre otros efectos.
El objetivo fundamental era cortar radicalmente la dinámica de movilizaciones, lo que pasaba por recordar a quien corresponde el monopolio de la violencia en un Estado, aunque sea a costa de provocar el terror en la población civil. Se impuso la solución policial a una problemática sociolaboral. En una acción de este tipo la diferencia entre los fines y los medios se acaba desvaneciendo.
El reflejo en los medios de comunicación fue desigual y gradual. Al día siguiente, El País recogió la noticia, pero aunque se apuntaban detalles alarmantes, su redacción no transmitía la gravedad de lo sucedido. De hecho, el editorial que dedica al conflicto, titulado 'La crisis cántabra', bien pudiera haber estado escrito días antes.
Reproducimos su inicio: “Los incidentes ocurridos a mediados del pasado mes de marzo en Reinosa y reproducidos ahora con un balance igualmente dramático de heridos y contusionados no pasarán a la historia como modelo de sindicalismo responsable y comportamiento maduro de unos trabajadores en defensa de sus reivindicaciones. La violencia allí exhibida más bien revela las contradicciones de una clase obrera con escasa tradición reivindicativa y propensa, por ello mismo, a explosiones episódicas de radicalismo. El hecho de que situaciones similares, aunque de menor gravedad, se hayan reproducido posteriormente en otros puntos de Cantabria, en un singular fenómeno de mimetismo regional, concuerda con el de una sociedad genéricamente conservadora, con escasa tradición de luchas obreras y bajo nivel de afiliación sindical, y en la que los límites entre la mentalidad de la vida urbana y los hábitos de la vida rural están insuficientemente trazados”. Puestos a buscar una explicación amable, diremos que el texto se publicó el Viernes Santo, en plena Semana Santa.
No fue hasta el 22 de abril, tras unas declaraciones del entonces director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, justificando la actuación desplegada en Reinosa, que en un editorial titulado 'Desmanes de Reinosa' revisaba lo ocurrido, otorgándole la gravedad que merecía, sin olvidar su línea crítica con la violencia de las protestas laborales: “No hay duda de que actuaciones como la de secuestrar a un directivo, intentar prender fuego a un tren, cruzar cables de alta tensión sobre la calzada o colocar obstáculos en la vía férrea merezcan ese calificativo. Y es lógico que las fuerzas de seguridad se empleen con contundencia para neutralizar a los autores de tales desmanes. Pero es absolutamente condenable, por delictivo y vergonzoso para el prestigio del cuerpo que dirige Luis Roldán, el que se llevaran a cabo actuaciones indiscriminadas contra el conjunto de la población civil como las que protagonizaron muchos de los agentes encargados de restablecer el orden público en Reinosa. Pues, en vez de restablecer ese orden, se dedicaron, ellos también, según todas las apariencias, a alterarlo en forma grave. Los testimonios conocidos, reiterados ante el juez, hacen referencia a palizas propinadas en plena calle a personas que se dirigían a su trabajo -en un centro sanitario, por ejemplo, según uno de los testimonios-; a amenazas de violación a adolescentes detenidas; a ruedas de agentes con el rostro cubierto apaleando a los que eran introducidos en los autocares policiales; a bravatas genéricas contra el conjunto de la población; a agresiones, con las culatas de los fusiles como ariete, contra las lunas de establecimientos comerciales -la funeraria de la localidad resultó incendiada- y vehículos estacionados en la calle; a disparos con botes de humo contra las ventanas de las casas... Todo ello en un clima definido por algunos vecinos como de histeria vengativa. Vengativo o no, ese comportamiento es peor que bochornoso y recuerda lamentablemente al de una unidad de especiales de la Policía Nacional, en el verano de 1978, en la localidad guipuzcoana de Rentería. Y al de tantas otras actuaciones de las antiguas Fuerzas de Orden Público durante el franquismo…”.
La prensa conservadora, de puntillas
La prensa estatal más conservadora se limitó, en líneas generales, al intento de fijar un relato de los hechos atenuado, inscrito dentro de una escalada de la violencia en la que la Guardia Civil se limitaría a una respuesta proporcionada. Al diario ABC lo sucedido no le mereció especial mención; en la primera edición del día 17 titulaba la noticia: “La Guardia Civil impidió nuevos cortes de tráfico y manifestaciones en Reinosa”. En la segunda edición se modificaba el titular: “Diecisiete heridos, balance de una nueva jornada de violencia en Reinosa” y se introducían datos nuevos, como el número de detenidos “por su participación en los disturbios” o el incendio de la funeraria, aunque en este último caso se hacían eco de la versión falaz de la Delegación del Gobierno: “Al darse cuenta del incidente, varios guardias civiles intentaron entrar en el interior del depósito para recuperar el bote [ningún Guardia Civil realizó ese intento y fueron varios los botes de humo lanzados desde una tanqueta hacia la funeraria] y evitar el siniestro, lo que fue impedido por el propietario de la funeraria y varias personas. Poco después llegaron los bomberos que dominaron el fuego”.
Escueto hasta casi la insignificancia, el diario Ya titulaba: “El delegado del Gobierno recuerda las normas para poder concentrarse”, precedido de “Dieciséis tanquetas permitieron que pasara el Talgo por Reinosa”. El cuerpo de la noticia no es mucho más explícito. El editorial del día 23 reconoce la existencia de dos versiones sobre los incidentes de Reinosa: la de los informadores y la del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, sobre el que acaban cargando respetuosamente las tintas.
Diario 16, a través de su corresponsal, daba cuenta en su titular de “Dieciocho heridos y veintiocho detenidos en una nueva jornada de enfrentamientos en Reinosa”. Por la narración efectuada quizá cerró la crónica a las siete de la tarde [al final de la jornada se contabilizaron el doble de heridos y 63 personas detenidas], porque no se citan algunos acontecimientos notables, aunque sí recoge, normalmente citando a los vecinos, la violencia desencadenada; de hecho habla de “una ciudad tomada”.
Desigualdad en los medios cántabros
Por su parte el tratamiento de estos sucesos por la prensa cántabra fue dispar. El Diario Montañés, más conservador sobre el papel, recogió la noticia con detalle, tanto, que durante los incidentes, su corresponsal recibió el culatazo de un fusil aunque iba perfectamente identificado, o tal vez por ello. El tono del editorial, titulado “Esfuerzo colectivo para pacificar Campoo”, sin embargo, muestra más equidistancia: “Los trabajadores han optado por la errónea vía de los cortes de carretera y la vía férrea, no pudiendo controlar la actuación de ciertos grupos. Por su parte, algunos efectivos de la Guardia Civil, quizá por nerviosismo ante la situación creada y puede que también influidos por lo acontecido en el famoso callejón situado junto al Parque de Cupido -sucesos ocurridos en la triste jornada del día 12- han actuado con precipitación, excesiva dureza e indiscriminadamente, sin valorar objetivos ni los derechos de la gran mayoría de los habitantes de la comarca tiene a ser respetados y, desde luego, a no ser agredidos por las FOP”.
El otro periódico, Alerta, ofrecía una versión más plana de lo sucedido la tarde anterior. Sin dejar de reseñar algunos hechos, el relato no acaba de transmitir la gravedad de lo ocurrido. Finalizaba citando a “un portavoz del PSOE en Cantabria”, que “después de calificar de tremendistas y absolutamente falsos los rumores, dados como buenos por Radio Nacional, declaró que su partido pedirá la dimisión de los responsables de esta emisora estatal en Cantabria, a los que acusan de venir haciendo información «incendiaria y exagerada» sobre los recientes conflictos de la capital campurriana”.
Tres días después Víctor Gijón reconocía que “la actuación de la Guardia Civil el Jueves Santo [estuvo] plagada de violencias indiscriminadas contra los bienes, las personas y las cosas”. Sin embargo, dejando clara la unidad de discurso entre el periódico y el partido, culpa a El Diario Montañés de alentar la violencia mediante su justificación: “En esa campaña justificativa de la violencia ha contado [El Diario Montañés] con el arropamiento de una radio, supuestamente nacional, empeñada en llevar a toda España la imagen de una Reinosa ulsterizada y al borde de la tragedia colectiva”.
Estrategia política
Otra muestra más de la falta de matices entre el PSOE cántabro y Alerta fue la permanente descalificación de las posturas de sindicatos y partidos (a derecha e izquierda) por oportunismo y electoralismo; no hay que olvidar que en el mes de junio estaban convocadas elecciones municipales y autonómicas.
El mismo día 17 de abril, el senador por Cantabria del PSOE, portavoz en el Parlamento autonómico y accionista de Alerta, Juan González Bedoya, acusaba en ese medio a la periodista de Radio Nacional de España en Cantabria, Marosa Montañés, de “aguerrida periodista vietnamizada” e “irresponsabilidad profesional” y de hacer “tremendismo informativo muy al gusto de los diputados de AP, que han tomado a la Guardia Civil por enemiga y dan por sentado que lo de Reinosa es «trágico» (por citar un calificativo muy amado de la redactora Montañés), sólo porque allí hay fuerza pública velando por la seguridad de la mayoría en contra de la violencia de una minoría que está anteponiendo la agresividad y los tirapiedras al diálogo y la negociación”.
Tampoco se privaba de hacer recomendaciones: “La dirección de Radio Nacional de España en Cantabria debería tomar cartas en el asunto antes de que los oyentes empiecen a obsesionarse ante esa guerra civil particular que su redactora nos descubre cada día con inusitada carga de adjetivos calificativos y ponderativos. Está bien que Marosa Montañés y algunos de sus colegas hayan descubierto el Mediterráneo de la violencia en Reinosa. La audiencia de Radio Nacional, sin embargo, no tiene por qué sufrir las consecuencias de estos hallazgos”.
Dicho y hecho, la periodista fue apartada de sus funciones informativas, quedándose su trabajo sin contenido y viéndose forzada a pedir traslado al centro territorial de Valencia.
El director de El Diario Montañés, Manuel Ángel Castañeda, que llegó a referirse tras el caso al senador Juan García Bedoya como Juan García McCarthy, consideró a Marosa Montañés como otra víctima de Reinosa: “Periodista que cometió el «delito» de relatar lo que vio y de grabar en su magnetófono las palabras de los vecinos. Ahora ya nadie discute que lo que relató la periodista fuera verdad, pero la presión política la dejó fuera de la información de Reinosa y la ha puesto en situación de ostracismo”.
Foco de atención nacional
Los días siguientes fueron diferentes medios como El Periódico, Diario 16, Interviú o Cambio 16, a través de sus corresponsales y enviados especiales, los que aportaron detalles que contribuyeron a perfilar la dureza de la actuación de la Guardia Civil y ratificaron las narraciones de los hechos más crudas.
TV3, la televisión autonómica catalana, emitió el 3 de mayo en su programa '30 minuts' el reportaje 'Reinosa: de la calma a la tensió', dirigido por Francesc Relea. El programa se divide en dos bloques, el primero centrado en las movilizaciones y el papel desempeñado por la Guardia Civil. Se ofrece información ilustrada con imágenes y se entrevista a trabajadores, jóvenes, vecinos y a un representante de la Asamblea Ciudadana de Reinosa por un lado y al delegado del Gobierno en Cantabria, al teniente coronel que dirigió las operaciones sobre el terreno a partir del mes de abril y a un Guardia Civil, por el otro.
El segundo bloque se centra en las causas del conflicto: la crisis industrial, los planes de regulación, los excedentes laborales, la amenaza del desempleo, la falta de perspectivas de futuro de la comarca. Se entrevista al presidente de Forjas y Aceros, al presidente de su comité de empresa y a un trabajador mixto de CENEMESA. Se aportan datos recientes sobre ayudas y medidas gubernamentales ofertadas, se habla de la extensión del conflicto a otros lugares de Cantabria. La comparación con el reportaje emitido por TVE en 'Informe Semanal' es inevitable. La búsqueda del equilibrio, el rigor, la selección de imágenes, los cortes de las entrevistas… Con todo, la diferencia fundamental, más que en el tratamiento reside en la intención.
La larga agonía y muerte del trabajador Gonzalo Ruiz, el 5 de mayo, como resultado de la intoxicación causada por los botes de humo que lanzaron guardias civiles al garaje de Matamorosa donde se había resguardado, tras recibir un pelotazo de goma en el rostro el día de Jueves Santo, fue tratada con respeto en casi todos los medios de comunicación consultados, aplicando cada articulista su perspectiva en el análisis del hecho. Por lo general, derivadas penales aparte, se piden responsabilidades políticas, que según su intensidad van desde el Delegado de Gobierno en Cantabria hasta el ministro del Interior, pasando por el director general de la Guardia Civil.
Por su parte, El País, en su editorial del 7 de mayo, coherente con la línea política mantenida en el conflicto, sugiere que la petición de dimisiones efectuada, en su caso, por las centrales sindicales, debería ir acompañada de la “voluntaria renuncia a sus cargos por parte de los dirigentes sindicales que embarcaron a los trabajadores de Reinosa en una aventura irresponsable” y se preguntaba “qué empresario va a arriesgarse ahora a invertir en una localidad en la que se secuestra a los gerentes y se negocia con los métodos que se han visto en Reinosa”. El editorialista opta por colocar en planos equivalentes a todos los actores del conflicto, en lo que puede ser un análisis de trazo grueso. Más cuestionable, sobre todo por reduccionista, tendenciosa y descaradamente manipuladora es la retórica final.
Si hubo un medio de comunicación cuyo enfoque con respecto a la muerte de Gonzalo estuviera próximo a la abyección informativa, ese fue el del diario ABC. Reproducimos el titular, el subtítulo, la entradilla y la primera parte del cuerpo de la información publicada el 13 de mayo. Aparte de lo repulsivo de su contenido y tratamiento, en realidad la publicación de esta noticia muestra con claridad la opinión que la dirección del ABC tenía sobre sus lectores. Sobran más comentarios:
Titular: Reinosa: La autopsia de Gonzalo Ruiz revela un tumor en el riñón.
Subtítulo: Se confirma la presencia de etarras durante los sucesos.
Entradilla: Los Servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad detectaron la presencia de un conocido miembro de ETA, Martín Mendinueta Mendinueta, en Reinosa, durante los graves incidentes ocurridos en la Semana Santa. Gonzalo Ruiz, que falleció tras estos sucesos, padecía un tumor en el riñón y grandes deficiencias hepáticas, según los resultados de la autopsia conocidos por ABC a través de fuentes próximas a la Guardia Civil.
Cuerpo: Martín Mendinueta Mendinueta, nacido en Albizu (Navarra), había sido detenido el 29 de febrero de 1982 en La Barranca y se le incautaron armas y explosivos, por lo que fue condenado. Otras informaciones hablan de su presunta participación en el asesinato del guardia civil Sebastián Arroyo. Mendinueta tomó una habitación en el Hostal San Cristóbal de Reinosa, precisamente en los días en que se produjeron los graves enfrentamientos entre los manifestantes y miembros de la Guardia Civil.
Se considera que este etarra tuvo relación como instigador de los manifestantes en los enfrentamientos del pasado Jueves Santo, día en que el trabajador Gonzalo Ruiz resulto hospitalizado por inhalación de humo de los botes empleados por las Fuerzas del Orden.
Posteriormente, Gonzalo Ruiz fue dado de alta por los médicos en tres oportunidades y, posteriormente ingresó en el hospital Marqués de Valdecilla, donde entró en estado crítico, que le condujo a la muerte.
ABC conoció ayer los resultados de la autopsia practicada al trabajador de Forjas y Aceros por un catedrático de Medicina Legal de Zaragoza. Según su informe, Gonzalo Ruiz padecía antes de los sucesos del Jueves Santo un tumor en un riñón y graves deficiencias en el hígado. Lesiones éstas que, al parecer, no fueron detectadas por los facultativos que trataron a Ruiz en los primeros momentos…“.
Concluye aquí este acercamiento a lo que fue el papel de los medios de comunicación en el conflicto de Reinosa y no porque este entrara en vías de solución, cesaran las movilizaciones o desapareciera del foco informativo. Es cierto que la intensidad fue decreciendo, y paralelamente su reflejo en los medios, pero en este punto no puede aportarse nada nuevo y sustancial a lo ya expresado con respecto a las posiciones mantenidas y al papel desempeñado por los citados medios.
Para terminar el relato y por lo significativo del hecho, el sábado 18 de abril, dos días después de la trágica jornada, la movilización de la población civil de Reinosa cristalizaría en la creación de la llamada Asamblea Ciudadana y, una semana más tarde, en la constitución de la Asamblea de Mujeres.
Desde sus especificidades y objetivos, ambas organizaciones fueron la respuesta cívica ante los vacíos institucionales y políticos, la sensación de aislamiento y la imagen distorsionada que se estaba proyectando desde la mayoría de los medios de comunicación. Fueron un instrumento de participación y apoyo, canalización de las acciones políticas, judiciales y de difusión pública; en definitiva, otra forma de movilización.
