Una constructora compra la mitad de un barrio y expropiará al resto de vecinos

El Barrio de El Pilón era hasta hace apenas tres décadas el extrarradio de Santander. Situado en lo que originariamente se conocía como el Paseo del Alta, a unos cientos de metros del centro de la ciudad, las viviendas unifamiliares estaban rodeadas de prados con ganado y huertas de los vecinos. Ahora, sin embargo, una ubicación con vistas a la bahía y a un paso del casco urbano de la capital de Cantabria se ha convertido en un 'caramelo' para el Grupo Tecniobras, una constructora que pretende edificar dos torres de ocho alturas, con 140 viviendas y 200 garajes, que se levantarán literalmente sobre las casas de los actuales propietarios.

“Quieren rentabilizar el suelo. Esto es una especulación inmobiliaria de libro: lo que van a hacer con nosotros se llama robar”, asegura Belén Madrazo, una de las portavoces de la plataforma en la que se han agrupado las cerca de veinte familias afectadas, que luchan por salvar sus viviendas de un derribo “inminente” como consecuencia de una operación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Santander que multiplicará por siete la densidad de población en el barrio.

La historia afecta a 16 pisos, cinco casas y dos negocios que están señalados en rojo por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó el Consistorio en el año 2012 con el voto favorable del Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que prevé una unidad de actuación específica sobre los 9.921 metros cuadrados de El Pilón que podría sacar de su entorno a las 57 personas que viven actualmente en la zona.

Y es que mientras se redactaba el documento final del PGOU que se aprobó en el pleno municipal, una promotora vinculada al Grupo Tecniobras, que trabaja habitualmente en la ciudad, fue adquiriendo terrenos en el barrio hasta ser propietaria de más del 50% del suelo. La ley otorga ahora al propietario mayoritario la posibilidad de tomar la iniciativa: el resto de vecinos puede adherirse a una Junta de Compensación y asumir la parte correspondiente de los gastos de urbanización o serán expropiados sin derecho a realojo.

“Con lo que nos van a pagar por el justiprecio, que tiene en cuenta el valor catastral y la antigüedad de las viviendas, no podemos irnos a otro sitio. Desde el Ayuntamiento nos dicen que el urbanismo de la ciudad siempre afecta a las personas y que los vecinos somos daños colaterales, que no se puede hacer de otra forma”, lamenta la portavoz vecinal. 

Belén Madrazo recuerda también que, mientras Santander pierde población y hay cerca de 3.000 viviendas vacías en la ciudad, las 90 unidades de actuación que contempla el Plan General -con grandes similitudes a la que se está desarrollando en El Pilón- permitirán la construcción de otras 9.000. “A mí me parece que no tiene sentido, que es surrealista. Hay que tener en cuenta también lo sentimental: todos nuestros recuerdos están aquí. Quieren hacer negocio con nuestras propiedades”, asegura.

Lo que más ha comprado la constructora durante los últimos años han sido terrenos y huertas, para alcanzar un porcentaje de suelo mayor y poder imponer su voluntad en la Junta de Compensación. Han dejado incluso que algunas de las casas que adquirieron se hayan deteriorado hasta el punto de que el derribo se ha hecho obligatorio.

En 2007, Tecniobras hizo distintas ofertas a los vecinos que no llegaron a concretarse. Fue un acercamiento, un tanteo. Algunos decidieron vender. En 2009 fue Costa Verde Hábitat -ligada accionarialmente a la primera- la que dijo a los vecinos que tenía más del 50% de los terrenos y que iba a proponer una unidad de actuación. Fue entonces cuando los afectados presentaron sus primeras alegaciones, sin respuesta hasta marzo de este año.

“Como estamos fuera de ordenación desde que se aprobó el PGOU, no podemos ni hacer reparaciones o pintar las fachadas siquiera. Esto es un atropello. Hablan de derribar casas o construir viviendas sin tener en cuenta que de lo que hablamos es de la vida de las personas”, señala Belén Madrazo durante un paseo por el barrio con los periodistas de eldiario.es.

El calendario de ejecución no deja mucho margen para la protesta. O se llega a un acuerdo en los próximos tres meses, antes de diciembre, o se creará unilateralmente la Junta de Compensación. Como los vecinos no piensan adherirse a este órgano regulado por ley, porque no pueden asumir el coste, acabarán en los tribunales peleando por un “precio justo” por sus viviendas. 

“Si entras en la Junta de Compensación estás obligado a participar en los gastos de urbanización del terreno y, se supone, luego te lucras de los beneficios en la proporción en la que participas por la propiedad de tu suelo. A nosotros nos resulta imposible. La mayor parte de los propietarios supera los 65 años y son gente obrera. Son jubilados, viudas, parados... que tienen para comer porque son los dueños de sus casas. ¿Cómo van a asumir ese coste?”, se pregunta la portavoz, que ha vivido desde niña en el barrio y que representa a sus padres, de 73 y 69 años.

“No es cuestión de dinero”

Los afectados tienen un denominador común: no piden más dinero ni intentan negociar el precio de sus casas, sino que exigen permanecer en su barrio, donde viven desde hace décadas. Solicitan una modificación puntual del planeamiento urbanísitico que evite los derribos y que se declare una Área de Rehabilitación Integral (ARI) que proteja sus propiedades. Es el caso de Yuca Gutiérrez, de 77 años, que se mudó a El Pilón hace 50 años y comparte su piso con su hija, su yerno y su nieto, que han regresado bajo su techo como consecuencia de la crisis económica y el paro. 

“Lo que quiero es quedarme aquí, en el barrio. Pido al Ayuntamiento que nos ayude, que no nos deje en la calle, que miren por los vecinos. Yo tengo aquí mi parroquia. Soy voluntaria de Cáritas, donde ayudo a los que peor lo están pasando. Voy a gimnasia, a la piscina, a la playa, al baile... pero llevo unos días fatal, me paso todo el rato llorando. Me sacan de mi casa y me mandan al cementerio. Fuera de aquí no tengo futuro”, dice entre lágrimas. Los nervios han empezado a pasar factura a algunos de los vecinos.

Su hija María José García, que también actúa como portavoz de la plataforma vecinal, se muestra preocupada por cómo puede afectar a su madre la incertidumbre y el nerviosismo asociado a la posible expropiación de su hogar. También recuerda a Amparo Pérez, la anciana de 86 años que falleció en el mes de febrero en plena batalla con el Ayuntamiento de Santander por defender su casa del derribo, un caso que está muy presente en el barrio.

“Yo me cuelgo del tendedero, aviso. No es cuestión de dinero, yo tengo aquí mi vida. A los años que tengo, solo quiero que me dejen vivir en paz. He sido una desgraciada toda la vida, trabajando como una burra. Me maltrató mi marido y ahora me maltrata el alcalde. He superado muchas cosas en la vida, pero no puedo con esto...”, amenaza Yuca Gutiérrez.

En la conversación entre madre e hija está presente también Ángeles Ruiz, de 79 años. Vive sola porque perdió a su marido hace dos meses y es la amiga inseparable de Yuca, con la que comparte las tardes en la iglesia o en el centro para mayores. También lo tiene claro: “No me imagino tener que cambiar de barrio. ¿Tú sabes lo que es salir de casa y encontrarte con los vecinos con los que has convivido siempre? El Pilón es como una familia”.

Expropiados y con deudas

Entre los afectados está también José Antonio Rebanal, de 47 años. Él no es vecino de El Pilón, sino que regenta uno de los dos negocios hosteleros que tendrían que cerrar la persiana si continúa adelante la operación urbanística en la zona. El suyo es un bar de barrio, al que vienen a jugar a las cartas, a tomar un vino o a escuchar música regional muchos de los que han crecido en este popular enclave santanderino.

“Yo estoy como inquilino, porque tengo el negocio alquilado. Me tendría que ir a buscar la vida a otro sitio. Como el local no es mío, no sé qué compensación tendría... ¡Y tengo una edad como para empezar otra vez de cero!”, recalca mientras atiende la barra del Bar Madrazo.

Rocío Ruiz, de 38 años, cuenta su historia a eldiario.es mientras cuida de su bebé de dos meses. Tiene otra niña de dos años y compró el piso hace diez años, por lo que todavía tiene una parte importante de su hipoteca pendiente. “Tal y como están planteando las cosas, me pueden ofrecer menos dinero por mi casa de lo que me queda por pagar al banco. Me quedo sin casa y con una deuda”, explica.

También tacha de “ridícula” la postura del Ayuntamiento, que deja en manos de la propietaria mayoritaria de los terrenos el futuro de El Pilón, y califica de “pura especulación” los planes de la constructora, que ha rechazado hacer declaraciones a este periódico. “Me parece muy bien que quieran rehabilitar el barrio, pero que no pasen por encima de nosotros, que no nos atropellen. Nosotros les votamos para que nos solucionen los problemas, no para que nos generen más de los que ya tenemos”, subraya.

“Un atraco a mano armada”

En cualquier conversación informal entre los vecinos siempre se filtra el mismo mensaje: “Quietos no nos vamos a quedar. Nosotros somos los primeros afectados, pero a partir de ahora serán muchos más”. Y es que el planeamiento urbanístico de Santander recoge casi un centenar de operaciones similares a lo largo y ancho de la ciudad, con propuestas de regeneración urbana que pueden convertir el problema social de El Pilón en un ejemplo repetido tantas veces como sean necesarias.

Así lo cree Eugenio Velarde, de 80 años, y propietario de una casa con cuatro plantas y trastero, casi 700 metros cuadrados de terreno y seis plazas de garaje en 'primera línea' de General Dávila, una de las arterias más concurridas de Santander. Su vivienda se construyó en 1935 y ahí ha vivido toda la familia: abuelos, hijos, nietos, bisnietos... “La casa es nuestra, no debemos nada y lleva más de 80 años aquí. El valor sentimental no se puede calcular”, insiste.

A su juicio, “es un atraco a mano armada” que se permita llevar a cabo una expropiación en unas condiciones tan ventajosas para la constructora, que tiene potestad para decidir sobre el futuro de todos como propietaria mayoritaria de los terrenos. “Llegaremos a los tribunales si hace falta. Antes de que nos echen, prendo fuego a la casa y a todo lo que hay dentro”, advierte.