Un juzgado paraliza más de un mes la investigación de un presunto abuso sexual a un menor con discapacidad
Unos inocentes juegos entre una profesora y un alumno, en el que venía comprobando de forma reiterada una conducta inapropiada para su edad, concluyó en la revelación por parte del niño de seis años de lo que parecía un caso claro de abuso sexual por parte del marido de su madre. El menor confesó a la docente el tipo de juegos eróticos que practicaba con su padrastro, lo que hizo saltar todas las alarmas y provocó la actuación inmediata del equipo directivo del centro, que puso en marcha el protocolo ante este tipo de situaciones.
Eso ocurrió el 26 de mayo. Ha pasado más de un mes y la investigación sigue paralizada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña sin explicación aparente, a pesar de que el procedimiento habitual determina que ante la gravedad de hechos como este se actúe de forma urgente y se garantice la protección del menor de manera inmediata, en un tiempo que no suele superar las 24 horas.
En los casos de abuso o maltrato que se detectan en los centros educativos es la propia Consejería de Educación de Cantabria la que indica a los profesores los pasos a seguir para garantizar la protección del menor, por lo que la primera medida de esta docente fue comunicar las sospechas a sus superiores, que las trasladaron al técnico de servicios a la comunidad. De forma coordinada, y a la vista de los acontecimientos, se decidió que lo mejor era presentar una denuncia ante el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil, con formación específica sobre la materia.
Esa denuncia, que parecía la fórmula más efectiva para conseguir una actuación inmediata, sin embargo, ha resultado una losa sobre un caso que sigue sin respuesta. “Ojalá todo esto quede en un susto, pero lo que no entiendo es que no hagan nada para descartar las sospechas, que no se investigue y se tomen medidas para proteger a ese niño”, asegura la profesora a eldiario.es, que ha intentado sin éxito conocer en qué momento procesal está el caso.
“Nadie me da una explicación, nadie me ha llamado desde el juzgado para que cuente con detalle lo que pasó ese día y por qué saltó la alarma ante lo que me parece un caso claro de abuso a menores”, explica la docente, que critica el funcionamiento del sistema y pone en duda la actuación judicial.
Después de dar unos días de margen, y ante la falta de respuesta, ella ha reactivado el caso hablando con Servicios Sociales, la Fiscalía de Menores, la Guardia Civil o el propio Juzgado, que bien por descoordinación entre las distintas administraciones o bien por falta de recursos humanos, siguen sin atender un presunto abuso a un menor que está diagnosticado con un retraso madurativo. “He llegado a pensar que no se lo toman en serio porque el niño tiene una discapacidad. Cuando presenté la denuncia me llegaron a decir que igual el niño estaba confuso”, lamenta.
A pesar de que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) o la Unidad de Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de Cantabria desconocían que se hubiera producido esta denuncia por presunto abuso sexual, de la que han tenido conocimiento a través de las llamadas de este diario para solicitar una valoración del caso, la que sí ha sido informada es la madre del menor, que justificó los hechos denunciados ante la EMUME y ante el propio centro escolar alegando una supuesta enfermedad del niño, que no ha sido evaluado ni atendido.
Protección del menor
Todas las fuentes consultadas por este diario, tanto desde el ámbito asistencial, como jurídico o policial, confirman que el procedimiento que se está llevando a cabo en este caso es “dudoso”, cuando no “ilógico” o “extraño”. “Lo habitual es que en 24 horas se haya hecho una evaluación, se hayan realizado las pesquisas que se consideren necesarias y se haya tomado una decisión para garantizar la protección del menor”, subrayan desde el ICASS.
Abogados con experiencia en este tipo de procedimientos alertan de la irregularidad que se está cometiendo y ponen el foco en el juez que lleva el caso: “No estamos hablando del robo de una cartera o de un simple trámite burocrático, sino de la defensa y la integridad de un menor. La respuesta debe ser inmediata”, denuncian en este sentido. Además, dado el “funcionamiento deficiente” del juzgado en cuestión y el “colapso” que sufre, sugieren la posibilidad de que la falta de recursos materiales o humanos esté detrás del retraso.
Como contraposición a lo ocurrido en este caso, la directora de un centro escolar de Cantabria que se enfrentó a una situación parecida en el pasado curso escolar explica que “en la misma mañana en la que comunicamos nuestras sospechas, los Servicios Sociales tomaron los mandos y evaluaron la situación para dar una respuesta urgente ante lo que consideramos una emergencia”, una actuación que dista mucho de lo que ha sucedido ahora.
