“Los pobres somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”
La atención que presta el Gobierno de Cantabria a las víctimas de la crisis y a las personas que luchan contra la pobreza y exclusión social sigue levantando ampollas. Los afectados denuncian reiteradamente el bloqueo de las ayudas y la maraña legal que deben desentrañar para acceder a un ingreso de emergencia, que está muy lejos de solucionar ninguno de sus problemas. Los trabajadores sociales y las personas que deben acompañarlos en todo este proceso cuestionan la falta de recursos materiales y humanos para afrontar situaciones realmente dramáticas.
“Los pobres somos culpables hasta que se demuestre lo contrario”, lamenta una de las solicitantes de la renta social básica en conversación con eldiario.es. Esta prestación económica, que se puso en marcha en 2008 con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las personas en situación o riesgo de exclusión social, ha endurecido sus requisitos desde el año pasado, lo que ha provocado un goteo constante de beneficiarios que pierden sus derechos.
Sobre este asunto viene trabajando intensamente en los últimos meses el Grupo Andarivel, que denuncia el “maltrato administrativo” y la “interminable burocracia” que somete el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) a los afectados, lo que da lugar a “situaciones surrealistas que provocan grandes dosis de dolor, sufrimiento y desesperanza”.
El argumento de este colectivo es muy claro: no existe voluntad política para ayudar a los más necesitados. Y el motivo, a su juicio, es presupuestario, pese a las explicaciones de la responsable del ICASS. “Utilizan argumentos falaces, porque están intentando limitar el acceso a la ayuda. Es más sencillo perder la renta que cumplir los requisitos para cobrarla. Isabel Urrutia aseguró en una entrevista que éramos un país de lazarillos. Con eso está todo dicho”, explican a este periódico Javier Centenera y Sara Rodríguez, activistas de Andarivel.
Falta de transparencia
Entre otras cosas, lamentan la falta de transparencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que dirige la vicepresidenta María José Sáenz de Buruaga. No hay datos oficiales sobre el número de perceptores o los solicitantes y, los que hay, llegan a cuentagotas. Lo han comprobado los colectivos de afectados, los representantes de la oposición y los propios medios de comunicación.
Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico a este periódico, en el último ejercicio hubo un total de 6.643 beneficiarios y el ICASS invirtió más de 17 millones de euros en estas ayudas. Las cifras suponen un incremento de más de 2,1 millones de euros desde el año 2011, último presupuesto aprobado por la coalición PRC-PSOE. La diferencia en el tiempo viene provocada también por el agravamiento de la crisis: ahora hay más de 2.350 personas que necesitan de esta renta social básica para vivir. De media, hay unos 3.300 beneficiarios al mes.
Otro de los caballos de batalla es el plazo de resolución. Con la modificación de la ley aplicada por el Gobierno de Ignacio Diego, la ayuda 'caduca' a los dos años, con lo que es necesario reemprender todo el proceso y esperar entre cinco y seis meses -ahora la ayuda no es retroactiva hasta los seis meses- para volver a recibir los ingresos. Ante la avalancha de peticiones, se tomó una solución de urgencia y se habilitaron líneas especiales en los primeros meses, algo que los afectados han dejado de percibir tras apagarse el foco mediático.
“El objetivo de esta modificación es garantizar el acceso y percepción a la renta social básica a quienes verdaderamente lo necesitan. Antes era vitalicia y, de esta forma, se ha puesto orden y se mejora el seguimiento y control de esta ayuda. El Gobierno de Cantabria corrigió una situación socialmente injusta”, aseguran desde la Consejería de Servicios Sociales. “Siempre han tenido los mecanismos para intervenir y controlar en cualquier momento”, replican desde Andarivel.
Los responsables de los Servicios Sociales de Cantabria, sin embargo, insisten en que los cambios introducidos durante la presente legislatura han sido beneficiosas para todos: “Se trata de impedir que reciba la renta social básica quien no la necesita. De hecho, un 27% de las personas que tenían que solicitar la renovación en el mes de junio de 2014 -cuando entró en vigor la modificación- no la solicitaron y, de los que lo hicieron, a un 11% les fue denegada por no cumplir los requisitos, es decir, porque había mejorado su situación económica. El resto, algo más de 900 personas, continuaron percibiéndola con normalidad”.
Prohibido mendigar
La prestación económica básica está fijada en 426 euros para una persona, y aumenta hasta un máximo de 632 euros dependiendo de los miembros de la familia y su situación particular. Sin embargo, la media ingresada por los beneficiarios de esta renta social en Cantabria supera por poco los 200 euros. “Estamos hablando de gente con una situación muy precaria, con un nivel de vida muy bajo y muchísimos problemas para sobrevivir”, recalcan los activistas de Andarivel.
La renta social básica es la única que las personas pueden percibir después de agotar el subsidio de desempleo, la renta activa de inserción o el plan prepara. Sin embargo, “las personas que lo solicitan se ven inmersas en un largo y agónico proceso en el que constantemente son estigmatizadas y culpabilizadas y viven un auténtico calvario. Para nosotros, es una exclusión administrativa”, dicen los portavoces de Andarivel.
Para visibilizar el problema y dejar clara su oposición a la norma, el colectivo pone ejemplos muy concretos. “Con esta ayuda no se vive. Pese a que la cuantía es mínima, hay muchísimos motivos por los que se puede perder, desde un cambio de domicilio a una notificación que no te llega. Incluso está prohibido expresamente mendigar”. Sus críticas van más allá. “Las familias deben probar permanentemente que merecen la ayuda y se enfrentan a una sobreaplicación de la ley que alarga los plazos y genera situaciones insostenibles”.
