“Nos hemos sentido pisoteados por el equipo de Gobierno”, denuncian los afectados de Tetuán

La fecha del 8 de octubre de 2008 ha quedado grabada en la memoria de los vecinos del santanderino barrio de Tetuán. Ese día, en el cuarto piso del bloque 41 se produjo una explosión de gas que no causó heridos graves pero que obligó a los habitantes a desalojar parte del edificio. Salieron con lo justo pensando que al día siguiente volverían a sus casas. Lo que nadie imaginaba es que ocho horas después, durante la madrugada, esa explosión inicial derivaría en un espectacular incendio. 

Comenzó entonces una “lucha” que dura ya seis años y en la que no han encontrado el respaldo del Ayuntamiento de su ciudad. Así lo afirman José Antonio Bonilla y Verónica Fraile, dos de los 29 afectados, que aseguran a eldiario.es Cantabria que durante este tiempo se han sentido “pisoteados” por el equipo de Gobierno municipal (PP).

Lamentan la falta de ayudas económicas y materiales. A modo de ejemplo, señalan que en otras ciudades donde se han producido casos similares, como Bermeo o Torrelavega, los ayuntamientos han facilitado a las familias afectadas el acceso a una vivienda social. En Tetuán -dicen- hay vecinos que están pagando un alquiler al tiempo que hacen frente a la hipoteca de una vivienda calcinada por las llamas. 

No obstante, estos vecinos subrayan que “por encima de todo” lo que más les ha dolido es la “falta de humanidad” con la que, a su juicio, el alcalde, Íñigo de la Serna, y su equipo en el Consistorio les han tratado. “Quitando la actuación de urgencia inicial, ni un gesto, ni una llamada... Han pasado olímpicamente de nosotros”, enfatizan.

Según recuerda Bonilla, que entonces era presidente de la comunidad de vecinos, “al principio todo fueron buenas palabras. Iban a respetar y a apoyarnos en todo lo que decidiésemos”. Durante algo más de un mes, el Ayuntamiento facilitó a los afectados el realojo en una pensión de la ciudad y también les concedió una ayuda de 100 euros por vivienda y otros 50 a cada residente. 

Ese apoyo se desvaneció rápido, según relatan. El punto de inflexión se produjo cuando los vecinos, en asamblea, decidieron por mayoría rehabilitar el edificio sobre la estructura original en vez de derribarlo y construir uno nuevo. Se decantaron por esta opción porque el coste de rehabilitar era la mitad que el de construir uno nuevo (tres millones frente a seis, según los estudios que habían encargado y pagado de su bolsillo). Y así se lo trasladaron a los responsables del Ayuntamiento, quienes en su momento les transmitieron su respaldo.

Sin embargo, pocos meses después, el arquitecto municipal emitió un informe contrario a la rehabilitación y declaraba el inmueble en ruina económica, una calificación que se realiza cuando el importe de los trabajos de rehabilitación superan el 50% del valor actual de la edificación.

Perplejos, los vecinos reclamaron al Ayuntamiento una segunda valoración, que volvió a realizar el mismo técnico. Esta vez el funcionario duplicó el valor que otorgaba al edificio -de 300.000 a 700.000 euros- pero seguía siendo insuficiente pasar el corte fijado en 1,5 millones de euros.

Fraile destaca que la “clave” está en los trabajos de prevención que se realizaron tras el incendio. Para evitar posibles derrumbes, el Ayuntamiento encargó a Ferrovial derribar las partes del edificio más dañadas, unos trabajos que, para estos vecinos, fueron “más allá de lo estrictamente necesario”. “Si la cuarta planta no se hubiera derribado, la declaración de ruina no se hubiera producido”, asegura esta vecina.      

Ambos están convencidos de que si ese mismo incendio se hubiese producido en otra ciudad, con otro equipo de Gobierno, ya estarían de nuevo en su barrio.

Ahora, esperan el fallo judicial que determinará la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento como un “rayo de luz” que les permita “pasar página” en sus vidas. 23.000 folios distribuidos en 34 tomos y 50 demandantes personados en la causa es el resultado del juicio que el pasado mes de octubre quedó visto para sentencia.

Los afectados creen que a finales de este mes de febrero o principios de marzo se conocerá el fallo del juez. Y están convencidos de que les será favorable. Solicitan que sea el Consistorio el que pague la construcción del nuevo edificio, su derribo y los gastos que han tenido que afrontar desde que se produjo el suceso. En total, entre diez y once millones de euros, según sus cálculos. 

El mismo desprecio

El incendio y la lucha con el Ayuntamiento les ha cambiado la vida a estos dos vecinos, como a muchos otros afectados. Se han 'apartado' de su barrio de toda la vida, al que ahora evitan acudir. También es habitual verlos en concentraciones y manifestaciones de distintos colectivos y plataformas sociales de la ciudad.

Han estado junto a Amparo Pérez, la mujer de 86 años expropiada como consecuencia de la construcción de un nuevo vial en la S-20 y que falleció el pasado fin de semana. Y junto a los vecinos de Prado San Roque, que, al igual que Amparo, serán expropiados de sus viviendas. Esta vez para construir un nuevo edifico y regenerar “notablemente” la zona, destacan desde el equipo de Gobierno municipal.  

Fraile y Bonilla explican que se sienten identificados con el trato que estos ciudadanos están recibiendo desde el Ayuntamiento. “Siempre es el mismo discurso. El mismo desprecio”, concluye Bonilla.

Un incendio, dos versiones

Sobre la causa del incendio surgido durante la madrugada hay dos versiones diferentes: la de los bomberos y la de la Policía Nacional. Durante el juicio, los bomberos aseguraron que tras la combustión inicial de gas utilizaron cámaras térmicas que no detectaron ninguna zona de calor. Según su criterio, el fuego se inició en el tejado del número 45 por una chispa eléctrica que provocó la combustión de gas estancado de la explosión previa.

Por su parte, el informe policial sostiene que el origen estuvo en el propio foco residual de la primera explosión. Concretamente, el fuego se habría originado en el falso techo de la habitación, que los bomberos consideraron innecesario romper porque no había sido afectado. Esta versión coincide con la de los peritos contratados por los vecinos, que han recurrido a la empresa que analizó las causas del incendio de la torre Windsor.