Un juez anula una multa de la Ley Mordaza contra un activista de la PAH por basarse solo en la versión policial
- Había sido sancionado con 600 euros por la Delegación del Gobierno en Cantabria por negarse, según su versión, a identificarse durante una protesta en una sucursal bancaria
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cantabria ha anulado la sanción interpuesta por la Delegación del Gobierno en esta comunidad autónoma contra un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a quien en aplicación de la 'Ley Mordaza' había multado con 600 euros por negarse a identificarse durante el transcurso de una concentración de protesta en una sede de Liberbank en Santander.
En la sentencia, fechada el 21 de diciembre y dada a conocer este viernes por la PAH, el juez Acayro estima el recurso del denunciado, anula la sanción e impone las costas a la administración pública. El fallo judicial se sustenta en que la sanción fue impuesta “atendiendo única y exclusivamente a la versión del denunciante, ninguneando la prueba propuesta por el recurrente”.
Según relata la sentencia, consultada por eldiario.es, durante la tramitación del expediente sancionador, el activista había alegado que la versión policial no se ajustaba a la realidad y para acreditar lo realmente ocurrido, solicitó la práctica de diligencias de prueba, como el visionado de la grabación de las cámaras de seguridad de la sucursal o la declaración de testigos.
Dicha solicitud no fue objeto de pronunciamiento alguno, ni siquiera para ser rechazada, por lo que el juez estima que se han vulnerado sus derechos fundamentales. “Un procedimiento sancionador, basado exclusivamente en la versión del denunciante, negando al expedientado la práctica de prueba alguna y dejando de practicar la prueba esencial que hubiese aclarado los hechos, no puede tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico siendo evidente la indefensión sufrida”, afirma Acayro.
En este sentido, la sentencia, que es firme, concluye que “se han limitado todas las posibilidades de defensa del recurrente y los hechos en la sanción han sido fijados de manera parcial y con vulneración de sus derechos fundamentales”.
Los hechos
Los hechos sancionados ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando los empleados de la oficina de la calle Burgos de Santander llamaron a la Policía ante la protesta de los activistas de la PAH. Los agentes procedieron al desalojo y levantaron un atestado policial contra el portavoz de la plataforma Óscar Manteca, al que acusaron de “negarse reiteradamente a identificarse” y de pronunciar frases como “no os reconozco como policías” y “no me da la gana de daros el DNI”.
El relato de Manteca sobre lo sucedido es “totalmente diferente”. De acuerdo con su versión, tras una ocupación “no violenta” de la sucursal, la Policía llegó para desalojar la oficina a petición de Liberbank y, tras solicitar los agentes la identificación a los miembros de la PAH, “nos sacaron en volandas”.
“Mientras estaba agarrado por varios policías, entre ellos los denunciantes, le sacaron la cartera del bolsillo y obtuvieron el permiso de conducción, única identificación que llevaba encima”, indicó por aquellas fechas la PAH en un comunicado de prensa. Según sus compañeros, “se lo volvieron a meter en el bolsillo y procedieron a sacarlo a rastras de la oficina sin más problemas, no informando los agentes de la denuncia que iban a redactar ni ofreciendo copia de la misma a Óscar, tal y como afirman en la misma”.
Objetivo: “Acallar a la PAH”
A través de un comunicado, la PAH ha opinado que “esta sentencia demuestra que el único interés de la Delegación del Gobierno era usar la 'Ley Mordaza' para acallar a un colectivo social muy incómodo, con un procedimiento administrativo que solo iba encaminado a justificar la sanción y que ante el juez ha quedado totalmente desacreditado. ”Samuel Ruiz -delegado del Gobierno en Cantabria- debe respetar la protesta social no violenta y debe dejar de usar a la policía para intentar desmovilizar la protesta social“, defienden.
Finalmente, y tras manifestar su “alegría” por la sentencia, el colectivo exige “de una vez a los partidos que así lo habían prometido, la derogación de la 'Ley mordaza', ley injusta que se usa para amedrentar a los ciudadanos”.
