Cantabria reclamará al Estado la deuda millonaria con un mes de retraso

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) asegura que reclamará “esta semana” la deuda del Estado con la comunidad, con un mes de retraso desde que anunció el envío del requerimiento. Al igual que a finales del mes de junio, el presidente, Miguel Ángel Revilla, da un plazo de un mes para que se reintegre la cantidad de casi 90 millones de euros e igualmente amenaza con una demanda judicial en caso de que no lo haga.

“Esperemos que en el plazo de un mes se reintegre ese dinero que se debe pero anunciado ya que, en caso contrario, acudiremos a la vía judicial”, ha vuelto a insistir este viernes el presidente regional, que ha detallado que en estos momentos las consejerías están recopilando toda la documentación que sustentará esa reclamación.

En este sentido, Revilla ha señalado que se exigirá al Estado el pago de las cantidades comprometidas a Cantabria a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o en cartas firmadas tanto por alguno de los ministros como por el propio presidente, Mariano Rajoy, pero no se incluirán las prometidas verbalmente.

Así pues, ha apuntado que se reclaman las partidas para las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de 2016 y 2017, que ascienden a 44 millones; los 17,5 millones de la implantación de la LOMCE y un suma de 28 millones de euros que se adeudan al proyecto de la Fundación Comillas “desde que entró el PP” a gobernar.

Revilla ha explicado que no se reclamarán otras partidas que se han “prometido verbalmente” como el pago del 50% de la aplicación de la Ley de Dependencia o parte del coste de los medicamentos para la Hepatitis C.

“Solo vamos a lo que está comprometido por escrito, bien en los presupuestos o en cartas firmadas por los ministros o el presidente del Gobierno como en el caso de Valdecilla”, ha añadido.

Inicio de la ofensiva

Revilla mostró el pasado mes de abril su “indignación, enfado y decepción” por el “maltrato” a Cantabria tras conocerse los Presupuestos Generales del Estado de 2017, en los que, según señaló, se pone de manifiesto el “flagrante incumplimiento” de los compromisos asumidos personalmente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Desde ese momento, el Gobierno de Cantabria anunció una ofensiva política, mediática y judicial para reclamar al Estado los casi 90 millones de euros de deuda. Revilla acusó al Estado de tomar “represalias” contra la comunidad autónoma por su actitud “beligerante” contra un partido que “ampara la corrupción” y el Ejecutivo denunció que los “compromisos incumplidos” han provocado una “desviación en el déficit con recortes sociales” como consecuencia.

Sin embargo, a pesar de exigir por carta una reunión urgente para tratar este asunto y de exigir la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría, el Estado ignoró sus reivindicaciones, hecho que desencadenó la decisión del Gobierno cántabro de llevar a cabo un requerimiento por escrito.