Gobierno y colectivos sociales estudian medidas conjuntas para evitar los desahucios

La lucha contra los desahucios ha pasado en muy poco tiempo de ser un problema colateral de la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria a una auténtica prioridad social y política. A las batallas ganadas por plataformas y colectivos ciudadanos durante los años más duros prácticamente en solitario se han ido incorporando progresivamente las instituciones públicas, que en mayor o menor medida han comenzado a involucrarse en la lucha.

Y precisamente fruto de esta situación nació en Cantabria a principios de este año la Oficina de Información Hipotecaria y Emergencia Habitacional de la Consejería de Vivienda impulsada por la Consejería de Vivienda, que ha atendido desde enero un total de 151 casos, de los que 22 han sido resueltos definitivamente por este organismo, según los datos facilitados por su responsable político, José María Mazón, después de reunirse este jueves con plataformas y colectivos antidesahucios de la comunidad autónoma.

Este tipo de reuniones de trabajo, que se pusieron en marcha a principios de la legislatura, han comenzado a dar sus frutos casi de forma inmediata y ha abierto canales de colaboración entre el Ejecutivo autonómico y los distintos colectivos que prestan ayuda a los afectados por las hipotecas.

Tanto el consejero como los representantes de las plataformas han valorado positivamente este encuentro, en el que se ha analizado el funcionamiento de la oficina, se han abordado algunos casos concretos y se ha analizado la posibilidad de mantener reuniones con organismos judiciales y de instar al Gobierno a introducir modificaciones normativas.

Según los portavoces de los distintos colectivos participantes en el encuentro, “es evidente que se ha avanzado mucho”. A pesar de esto, no bajan la guardia y consideran que “es el momento de involucrase más”. Por su parte, Mazón ha destacado el hecho de que “no se ha producido ningún caso de desahucio de personas en situación de emergencia o víctimas de una situación sobrevenida”.

Unas conclusiones que han expuesto a la prensa tras la reunión de más de dos horas que han mantenido este jueves el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, junto a miembros de su equipo, con representantes de Stop Desahucios Cantabria, la PAH de Castro Urdiales y Zona Oriental, la PAH de Torrelavega e Hipotecados Activos.

No ha acudido a esta reunión para analizar el funcionamiento de la Oficina de Mediación Hipotecaria la PAH de Santander, que el día previo anunció que no lo haría por la “falta de información” sobre los temas concretos a tratar en ese encuentro, convocado de “forma precipitada”, lo que le hacía temer “una reunión de cara a la galería” para que el consejero pueda “vender sus acciones en materia de vivienda”.

Una postura que Mazón ha dicho que no entiende y unas acusaciones que ha rechazado. “No hacemos esto porque queramos hacernos la foto sino porque queremos solucionar problemas y los estamos solucionando”, ha enfatizado, recordando además que las reuniones periódicas con los afectados son un compromiso del Gobierno que “se está cumpliendo”.

Mazón ha explicado que a partir de ahora se mantendrán reuniones con instituciones bancarias y judiciales -para tener información de ejecuciones hipotecarias y poder actuar con antelación- y que se transmitirán por parte de los colectivos casos concretos de afectados que ellos conocen pero que no llegan a la oficina.

El consejero ha recordado que el parque público de vivienda contempla unos 200 inmuebles, la mayoría de los cuales están ocupados en la actualidad, y ha reconocido que hay viviendas vacías donde no hay demanda -como en Polientes o Arenas de Iguña- mientras que la mayor necesidad se concentra en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

Respecto a este último municipio y tras quedar desierta la convocatoria de vivienda para alquiler, la Consejería planteará otra actuación próximamente con la colaboración del Ayuntamiento.

Búsqueda de soluciones

Por su parte, Roberto Mazorra, de Stop Desahucios, ha realizado una “valoración positiva pero con cuarentena”. “Están muy bien las reuniones con los colectivos sociales y públicos pero siempre que haya resultados”, ha apostillado.

Mazorra ha indicado que Stop Desahucios está gestionando distintos casos en Santoña y Santander que espera se solucionen “en breve” con el apoyo “directo o indirecto” de la Consejería y la oficina. En este sentido, ha reclamado que exista coordinación entre los órganos judiciales y las instituciones para que se puedan evitar situaciones graves.

También ha pedido una regulación sobre las viviendas sin ocupar, un problema “difícil” y que depende del Tribunal Constitucional, ha respondido el consejero.

Mientras, la representante de la Hipotecados Activos ha destacado la “mejora” que ha supuesto la oficina hipotecaria aunque ha defendido la necesidad de seguir trabajando porque, de cara al futuro, los casos “van en aumento”.

Las plataformas y colectivos antidesahucios han planteado también al consejero la necesidad de especialización de los abogados en temas hipotecarios, porque, según ha asegurado Mazón, “los de oficio en ocasiones no son especialistas y esto perjudica a las familias”.

Además, ha asegurado que el departamento que dirige va a intentar suscribir un convenio a través de la Dirección General de Justicia con el Poder judicial para tener información de los casos de ejecuciones hipotecarias, por si en alguno de ellos se pudiese actuar con antelación.

Mazón también ha asegurado que volverán a mantener reuniones con las principales entidades bancarias que actúan en Cantabria (BBVA, Banco Santander, Liberbank, Bankia, CaixaBank y Kutxabank), pero para “casos concretos”, y ha afirmado que su departamento les ha instado a “ejercer siendo rigurosos con el código de buenas prácticas bancarias”.