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Díaz Tezanos considera “viciada” la auditoria de Sodercan y dice que de ella no se desprende “ninguna práctica ilegal”
La vicepresidenta de Cantabria y presidenta del Consejo de Administración de Sodercan, Eva Díaz Tezanos, considera que las conclusiones de la auditoria de la Intervención de la comunidad autónoma realizada en esta sociedad pública sobre la primera etapa de Salvador Blanco al frente de ella están “viciadas” y afirma que de ellas “no se desprende” la existencia de “ninguna práctica ilegal”.
Así lo ha defendido este viernes en su comparecencia en comisión parlamentaria para explicar dicha auditoria, en la que la vicepresidenta ha vuelto a defender el “buen hacer” de Salvador Blanco, tanto en esta primera etapa como en la actual, y ha calificado de “exitoso” el balance de su gestión al frente de Sodercan.
Díaz Tezanos ha señalado como prueba de que en las conclusiones no se detectaron prácticas ilegales el hecho de que no se diera traslado de ellas a la Fiscalía, un “trámite obligatorio”, según ha dicho, si se hubieran detectado.
Y la vicepresidenta ha apoyado su opinión de que las conclusiones de la auditoria están “viciadas” en que en ellas no se incluyen las alegaciones elaboradas por Sodercan.
Según ha asegurado, dichas alegaciones fueron redactadas pero la Dirección de la sociedad pública que había cuando se concluyó la auditoria, ya nombrada por el PP, “prohibió expresamente” el presentarlas.
También se ha quejado de que no se permitió a Blanco acceder a la documentación necesaria para poder presentar alegaciones en plazo.
A su juicio, esta falta de alegaciones “hubieran dejado sin argumentos” las razones de Podemos para denunciar la existencia de irregularidades, formación a la que ha acusado de haber puesto en este caso, con sus acusaciones, el “carro por delante de las ruedas” y siendo “altavoz” de la campaña de “juego sucio” llevada a cabo por el Gobierno del PP que gestionó Cantabria entre 2011 y 2015.
Díaz Tezanos ha señalado que la auditoria a Sodercan “buscaba lo que buscaba”, que era “la condena” del anterior Gobierno de socialistas y regionalistas (2003-2011).
