Espinosa (PP) acepta un año de cárcel por apropiarse de 6.000 euros de una empresa pública

La exconcejala del Ayuntamiento de Santander Noelia Espinosa (PP) ha reconocido ante la Audiencia Provincial de Cantabria haberse apropiado de 6.270 euros de la empresa pública Santurban y ha aceptado la pena de un año de prisión por malversación de caudales públicos que le pedían la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el propio Consistorio.

Espinosa, que no ingresará en prisión al no tener antecedentes penales, había pactado con anterioridad la condena, y este lunes se ha limitado a rubricarla en los juzgados, sin hacer uso de su derecho a la última palabra. Además, ha quedado inhabilitada para el cargo de edil durante los próximos tres años.

Esta empresaria vinculada al sector del turismo entró a formar parte del Ayuntamiento de la capital cántabra tras las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. El exalcalde de la ciudad y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, le encomendó la responsabilidad de las áreas de Empleo y Desarrollo Empresarial. Del mismo modo, fue nombrada consejera delegada de Santurban, la empresa pública vinculada a la Agencia de Desarrollo Local y en la cual se produjo posteriormente el desfalco.

Para llevar a cabo el fraude, la exconcejala no necesitó idear ningún tipo de ingeniería contable ni crear una compleja red de sociedades pantalla. Todo fue mucho más sencillo.

En septiembre de 2015, apenas tres meses después de tomar posesión del cargo, firmó un contrato con una asesoría por importe de 6.000 euros anuales, que serían abonados a razón de 500 euros al mes.

Para pagar esas cantidades pidió cheques al portador que cobró personalmente a través de ventanilla, pero en lugar de pagar a la empresa se quedó con el dinero de forma continuada, hasta que en junio de este año los hechos fueron descubiertos al reclamar la empresa afectada el abono de las facturas.

Espinosa reconoció los hechos de forma inmediata y presentó su dimisión ante el alcalde, que dio cuenta de lo sucedido en rueda de prensa. Pocos días después, la exconcejala también devolvió la cantidad sustraída entre octubre de 2015 y mayo de este año.

El caso tendría que haberse tramitado por jurado pero éste no se ha formado ya que el juicio no llegaría a celebrarse una vez que la acusada ya había adelantado su intención de reconocer los hechos y aceptar la condena.

Una “mancha” para el nuevo ministro

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento, Miguel Saro, ha opinado que el 'caso Espinosa' es “una mancha en la trayectoria del PP santanderino y más concretamente en la trayectoria del nuevo ministro de Fomento”.

“Además de las responsabilidades judiciales existen las responsabilidades políticas. La persona o personas que eligieron a Noelia Espinosa para el cargo deberían de pagar las consecuencias de sus actos”, ha sostenido Saro en un comunicado enviado a los medios.

En este sentido, el concejal de IU ha afirmado que “cree en la honradez de los concejales del equipo de Gobierno” y está “seguro” de que desconocían las actividades ilícitas de la concejala condenada, pero también ha lamentado la “falta de atino” a la hora de configurar el equipo.

“Nadie es infalible pero hay que ser responsable de las decisiones que se toman. El PP no cometió ningún delito, eso lo hizo Espinosa, pero es evidente que han cometido un error y por mucho que quieran enterrar el asunto, los santanderinos no se merecen que los responsables políticos se vayan 'de rositas'”, ha subrayado.

Los otros 'agujeros' de Santander

Santurban no es la única empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Santander en la que se ha producido un desfalco. Al contrario. En otras tres sociedades municipales se han descubierto recientemente graves irregularidades.

El caso más sonado es el de Mercasantander, en el que una empleada llegó a gastar cerca de 1 millón de euros en casinos online durante cinco años sin que ningún responsable se percatara. En Cementerio Jardín también una empleada sustrajo 108.000 euros, unos hechos por los que el Tribunal de Cuentas abrió juicio el pasado mes de septiembre, y en el Instituto Municipal de Deportes tuvo que suspenderse a comienzos de año la adjudicación de un contrato menor al detectar que había sido amañado.