El contrato público-privado de Valdecilla pone en riesgo la financiación de las obras

Con la rehabilitación y ampliación de Valdecilla terminadas y las nuevas instalaciones ya a pleno rendimiento, la financiación de las obras se ha convertido en el principal caballo de batalla. Especialmente, desde que el Gobierno central presentara hace exactamente una semana el borrador de los presupuestos de 2017 y en el documento no aparecieran consignados los 22 millones de euros comprometidos por Mariano Rajoy para el hospital. De hecho, en la memoria económica se dice literalmente que la partida ha sido “eliminada”.

La reacción inmediata del PP en Cantabria fue anunciar que se incluirían vía enmienda, como ya sucedió en 2016. Además, en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes, la recién elegida presidenta del partido, María José Sáenz de Buruaga, achacaba el impago de los 22 millones consignados en el ejercicio anterior -denunciado por el PSOE- a que la Consejería de Sanidad no había justificado en tiempo y forma ante el Ministerio de Hacienda la relación de los trabajos a sufragar.

Buruaga indicó que tras enviar varios expedientes “erróneos”, no fue hasta el 5 de diciembre cuando Sanidad remitió el certificado correcto de las obras. Una fecha demasiado tarde, ya que el ejercicio presupuestario se cerró dos días más después, con lo que no hubo tiempo suficiente para elaborar el convenio entre el Gobierno cántabro y el central y abonar los 22 millones.

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha salido este martes al paso de las acusaciones y ha negado en rotundo la versión ofrecida por Buruaga. En una extensa rueda de prensa, Real ha asegurado el motivo del impago han sido los criterios restrictivos de Hacienda, lo que ha achacado a la “falta de voluntad e interés” por pagar las obras, pese a tratarse de un compromiso personal de Rajoy, ratificado por la ministra de Sanidad, en su reciente visita a Cantabria.

La consejera ha explicado que inicialmente, el Ministerio de Hacienda no aceptó como justificante de la subvención las facturas del contrato de colaboración público privada (CPP) de Valdecilla, y que tras una compleja negociación, tan sólo ha llegado a aceptar un 7,57%, con lo que de mantenerse ese criterio, el Gobierno de Cantabria sólo podría certificar entre tres y cuatro millones de euros anuales, de forma que “hasta el año 2052 no se completarían los 200 millones” prometidos por Rajoy.

“Aunque este año hubiera una partida de 200 millones para Valdecilla, con ese criterio no se podrían ingresar”, ha enfatizado.

Cronología de la negociación

Real ha explicado que la Consejería lleva desde el pasado verano negociando con el departamento que dirige Cristóbal Montoro cómo justificar el pago de los 22 millones de euros consignados en los presupuestos, ya que el Ministerio no acepta las facturas del contrato público-privado de Valdecilla, “el modelo elegido unilateralmente por el PP” para financiar las obras, que, sin embargo, “sí computa para el déficit”.

Así, ha apuntado que Hacienda no aceptó ninguna de las propuestas de certificaciones de gasto que el Servicio Cántabro de Salud envió en junio, septiembre y octubre “aduciendo razones de índole técnico y solicitando cada vez nueva documentación”. Real ha explicado que el Ministerio sólo aceptaba certificaciones de obra previas al CCPP y no utilizadas en anteriores convenios, que sumaban 13,6 millones, una postura que Cantabria no podía aceptar porque suponía dejar de ingresar nueve millones de los 22 previstos.

Finalmente, el Ministerio aceptó el criterio del 7,57% de los pagos efectuados por el Gobierno cántabro a la empresa adjudicataria del CCPP -Smart Hospital, formada por Ferrovial y SIEC-, porcentaje que se entiende corresponde estrictamente a obras y que no incluye ni intereres ni equipamiento ni mantenimiento.

Con este nuevo criterio, el 24 de noviembre, el Servicio Cántabro de Salud realizó de nuevo una propuesta de certificación, “igual a la presentada en octubre”, que recibió el visto bueno de la Intervención el 1 de diciembre y que salió dirección a Madrid el día 5 de ese mes. A este respecto, ha asegurado que no existe ninguna figura “en ningún documento oficial” que se señale el 7 de diciembre como cierre presupuestario.

De hecho, se ha remitido a la orden por la que se regulan las operaciones de cierre de 2016, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 16 de julio, que señala que “las oficinas de contabilidad registrarán normalmente las operaciones hasta final de diciembre de 2016” y que “las ordenaciones de pagos podrán realizar procesos de ordenación de propuestas hasta el 30 de diciembre de 2016, inclusive”.

“Ahora surgen nuevas excusas sólo conocidas a través de una diputada del PP -Buruaga- y no a través de una comunicación entre administraciones”, lo que la consejera ha tachado como una “grave deslealtad, inaceptable en un marco de lealtad institucional”. En esta línea, también ha mostrado su “sorpresa y estupor” por las “falsedades e inexactitudes” vertidas por Buruaga, a la que ha reprochado su “visión partidista” sobre un asunto de interés general para Cantabria.

En todo caso, ha dicho que está en manos del Gobierno cumplir el compromiso de Rajoy, “bien traspasando inmediatamente los 22 millones que se adeudan de 2016 e incorporando una partida especifica por el mismo importe en los presupuestos de 2017 o bien incluyendo en los Presupuestos de este año una partida única que incluya el montante total de ambos ejercicios presupuestarios -44 millones-. ”Lo que no van a tolerar los cántabros es que este dinero no llegue“, ha reiterado.

El contrato público-privado

Al poco de llegar al Gobierno, Ignacio Diego tomó la decisión de romper el contrato con la UTE (Unión de Empresas Temporal) que estaba construyendo la última fase de ampliación del hospital y rubricar uno nuevo bajo la controvertida fórmula de la colaboración público privada. Mediante el nuevo convenio se adjudicaba no solo la conclusión de las obras, sino también la gestión de 40 servicios del hospital -la mayoría de ellos ya privatizados-.

El contrato público-privado, justificado en el retraso en la conclusión de las obras y tan solo apoyado por el PP, obliga al Gobierno de Cantabria a pagar durante los próximos 20 años un total de 863 millones de euros a Smart Hospital Cantabria. La cuantía del pago, que comenzó a ejecutarse en 2014 con 33 millones de euros, se va incrementado año y año y no terminará de abonarse hasta el 2033, cuando se liquidarán 50 millones de euros -en 2034 quedará pendiente una partida residual de 1,8 millones-.  

Real, que ha comparecido en rueda de prensa con el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y todo el equipo de la Consejería de Sanidad, ha recordado que el Gobierno central ha abonado hasta la fecha un millón en 2013, 28 millones en 2014 y otros 28 en 2015, estando pendiente el abono de los 22 millones consignados en 2016. El compromiso adquirido por Rajoy era completar los primeros 100 millones en 2017 y abonar los 100 restantes en cuatro años a partir de 2018.