Una auditoría a Sodercan revela “incumplimientos” en contrataciones y convenios de 2008 a 2011

El informe definitivo de una auditoría de la Intervención General de la comunidad autónoma sobre el funcionamiento de la sociedad pública Sodercan entre 2008 y 2011 revela “incumplimientos” en materia de contratación y en algunos de los convenios suscritos y plantea algunas dudas sobre varias inversiones que realizó a empresas y sobre el control de las mismas.

El informe, de 233 páginas más anexos, ha sido dado a conocer este miércoles por Podemos, que ha pedido la comparecencia en comisión parlamentaria de la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y de Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan en la etapa a la que alude el informe de la auditoria y en la actualidad tras volver a ser nombrado para el mismo cargo por el actual bipartito PRC-PSOE.

Según se indica en el informe, los trabajos de campo de la auditoría se comenzaron a realizar en 2011 por parte de la Intervención General de la comunidad autónoma, emitiéndose un informe provisional en junio de 2012 y el definitivo en septiembre de ese mismo año tras un periodo de alegaciones, en el que no se presentó ninguna ni por parte de la Consejería de Industria, ni de Sodercan ni de Blanco.

Sin embargo, fuentes de Sodercan aseguran que la Intervención General se ha limitado a hacer “un calco” y “copiar textualmente” la auditoría ordenada por Miguel Cabetas, el sucesor de Blanco nombrado en el verano de 2011 por el entonces recién elegido Gobierno del PP. Estas mismas fuentes señalan que la Intervención General no realizó la auditoría sino que “asumió como propia” la realizada por la empresa externa.

“Incumplimientos y debilidades” 

A lo largo del informe se dan cuenta de varios “incumplimientos” en los procedimientos seguidos desde Sodercan en materia de contratación y de suscripción de convenios y se advierte también de “debilidades” en materia de funcionamiento durante los años objeto de análisis, en los que gobernó Cantabria el bipartito PRC-PSOE.

Para analizar el procedimiento de contratación de la sociedad para ver si se ajusta a la legalidad, se han seleccionado más de una veintena de expedientes por un importe licitado de casi 2,5 millones.

Tras su análisis, se advierte de “incumplimientos” en los documentos preparatorios del contrato que “impiden evaluar con objetividad la eficacia, eficiencia y economía alcanzada con los mismos” y en su autorización; “debilidades” de control interno sobre la elaboración de los pliegos del contrato o su autoría y “fraccionamientos” en el objeto de los mismos.

En este aspecto, que hay varios pliegos firmados por personas que, según las normas internas de la Sodercan, “no tenían tal competencia” para hacerlo. También ve “debilidades manifiestas” en el funcionamiento de las Comisiones de Contratación en algunos expedientes o ausencia en algunas de ellas de personas del departamento jurídico.

Además, se ponen de manifiesto “incidencias” en la selección de los adjudicatarios de algunos contratos, lo que -dice la auditoria- “implica que ”no se tenga la seguridad razonable para evidenciar que se hayan garantizado por Sodercan“ los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

Concretamente, se cita que “no se tiene evidencia suficiente, pertinente ni válida para determinar que la adjudicación de contratos ha recaído en la oferta económicamente más ventajosa”. Otros puntos en los que los auditores ven pegas es que “no se garantiza” en algunos de ellos la “concurrencia adecuada” o el principio de transparencia. Se alude, además, a “importantes debilidades” de las normas internas de la entidad en materia de contratación, las cuales -dice- “no resultaban válidas, completas ni inadecuadas”.

En la auditoría se afirma, además, que, examinadas las escrituras de poder otorgadas en el periodo analizado, “diversas personas tenían otorgados poderes que les permitían tener amplias facultades para celebrar, contraer y autorizar todo género de contratos y disponer de fondos de Sodercan por medio de cualquier instrumento de pago.

Se analizan también 39 convenios suscritos por Sodercan, en algunos de los cuales se aprecia “incumplimientos significativos de legalidad” y se señala que algunos de ellos “no guardan relación” con el objeto social de Sodercan.

También cuestiona algunas inversiones realizadas por Sodercan en empresas participadas por ella, entre las cual figuró GFB, Greyco o Gas Energía Distribución Cantabria. Así, se alude a la “ausencia de informes preliminares” sobre la viabilidad de la inversión o su cuantía, “indefinición” de los objetivos y del modo en que se contribuye con ellos al desarrollo de Cantabria. Además, se alude a “debilidades manifiestas” en el control interno por parte de Sodercan de las empresas participadas en relación a las inversiones.

Recomendaciones

Tras el análisis realizado y los resultados obtenidos del mismo, los auditores realizan 45 recomendaciones a Sodercan, tres de ellas de carácter general y el resto específicas.

La delimitación “adecuada” de las facultades delegadas entre los distintos órganos de dirección y administración de la sociedad; la definición de competencias y la elaboración de unas instrucciones o procedimientos internos son algunas de ellas.

Valoración de Podemos

Tras examinar este informe y darlo a conocer, Podemos considera que Díaz Tezanos y Blanco deben dar explicaciones y sostiene que, “en caso de que sea cierto el contenido de estos informes, el consejero delegado de Sodercan ”debe dimitir inmediatamente“.

Además, la formación morada llama la atención en que a pesar de las conclusiones de este informe de intervención, Díaz Tezanos “haya depositado en Blanco nuevamente la confianza para la gestión” de Sodercan. “Díaz Tezanos es responsable directa del nombramiento de Salvador Blanco pese a tener conocimiento de este informe y de su pésima gestión”, ha afirmado.

Podemos considera que la ciudadanía debe poder acceder a documentación como esta, en la que se recoge un informe técnico en el que se audita una empresa pública, “para garantizar la máxima transparencia de los gestores”.

Ha anunciado que seguirá ejerciendo esta acción de control “exhaustiva” tanto al Gobierno actual como a gobiernos anteriores. “Nuestra intención es ”seguir abriendo puertas y ventanas para ventilar nuestras instituciones y hacer de ellas lugares en los que se pueda respirar“, subrayan desde Podemos.