“No tenemos nada que hablar del 3 de Marzo”
- Hola, buenos días. Quería hablar con Don Jesús Quintana Saracibar.
- Pues ahora no puede ponerse. Llamamos un poco más tarde.
- ¿Pero usted quién es?
- Soy un periodista de eldiario.es y quería hablar con Don Jesús Quintana Saracibar. ¿Es ese su domicilio, verdad?
- ¿Sí, pero de qué quiere hablar usted con él?
- De los sucesos del 3 de marzo en Vitoria
- (silencio) Ah, pues va a ser muy difícil hablar con él porque no está en casa.
- ¿Ya, pero es posible hablar con él mas tarde, cuando usted nos diga?
- Que no, que no, que no. No tenemos nada que hablar de ese tema. Es que como no tenemos nada que hablar de ese tema, pues... olvídense, ¿vale? Y nada más, lo siento mucho, pero no tengo mucho tiempo
- ¿Usted es su esposa, me imagino?
- Sí, sí, sí. No hay nada que comentar y, además, no está en disposición de hablar del tema.
- No le molesto más, un saludo.
Jesús Quintana Saracibar vive ahora en Granada. Es un septuagenario nacido en 1941. Pero el 3 de marzo de 1976, cuando cinco obreros fueron asesinados en Vitoria y 100 personas más resultaron heridos tras una brutal carga de la Policía Armada, era capitán de ese cuerpo y estaba al mando de las fuerzas que asaltaron la Iglesia de San Francisco de Asís durante la huelga general que se vivió ese día en la capital alavesa: la 11ª Compañía de Reserva General con Base en Miranda de Ebro y la Compañía de Guarnición de la Plaza. Lo de brutal del desalojo de la asamblea no es una licencia poética o una exageración. Los propios agentes, en las conversaciones que mantuvieron por la radio de la policía, se refirieron al desalojo de esta manera:
- Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia
- De verdad...esto es una masacre
Quintana Saracibar se mostró en cambio muy hablador al relatar lo que ocurrió en Vitoria ese día en su declaración ante el Tribunal Militar que archivó la causa al no saber el autor o autores de los disparos que acabaron. En ella se asegura que las fuerzas a su cargo acudieron a “disolver una reunión no autorizada que se estaba celebrando en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga, por orden del Gobernador Civil. Primero disolvieron a unas 4.000 personas que estaban en los alrededores para así poder hacer el desalojo ordenado. Después avisaron a los del interior para que se disolvieran, pero ante su negativa y actitud decidieron emplear botes de humo y métodos antidisturbios. Cuando los del interior comenzaron a salir, los que estaban fuera acudieron en su ayuda en actitud amenazadora. Al encontrarse entre dos masas opuestas de manifestantes se utilizaron de nuevo métodos antidisturbios, pero cuando se acabaron se tuvieron que utilizar las armas de fuego en defensa propia. Ningún componente de las fuerzas de orden público fue herido con arma de fuego, aunque si que hubo agentes heridos y con contusiones”, según se refleja en la investigación realizada en julio de 2004 por el Instituto Valentín de Foronda a petición del Parlamento vasco.
Por contra, en la denuncia presentada en Argentina, entre ellos por Andoni Txasko, referente de la Asociación del Tres de Marzo y uno de los heridos aquel día, se asegura que las manifestaciones y concentraciones del día 3 eran pacíficas; Sobre la asamblea, se reconoce que estaba prohibida, pero se asegura que “había calma dentro del social”; Se dice que “de repente” la policía lanzó botes de humo, y la gente trató de salir como pudo de la Iglesia; en el exterior la policía esperaba y golpeaba con saña a los que salían, y había policías más alejados que “siguiendo órdenes superiores dispararon con fuego real”.
¿Quién dio la orden aquel día para intervenir a sangre y fuego?
Rodolfo Martín Villa era entonces ministro de Relaciones Sindicales, según le consta a la jueza María Servini de Cabria, quien el pasado 30 de octubre de 2014 cursó una orden de detención y extradición, entre otros, contra Martín Villa y Quintana Saracibar para tomarles declaración indagatoria por estos hechos que la magistrada entiende son “crímenes de lesa humanidad” y por ello imprescriptibles. La calificación jurídica que viene recogida en esa resolución judicial de 286 páginas es que los hechos pueden ser constitutivos, presuntamente, de un delito de “homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”. La pena, según el artículo 80-6 del Código Penal, es de “reclusión o prisión perpetua”.
Aquello le sonó fatal a un incrédulo Rodolfo Martín Villa, nacido en León en octubre de 1934, que lo ha sido casi todo en política y que, después, fue nombrado presidente de Endesa en 1997. En enero de 2003, comisionado del Gobierno para el desastre del Prestige y un año después accedió al cargo de presidente de Sogecable, hasta que fue sustituido por Manuel Polanco en octubre de 2010.
Y tras conocer la resolución de la jueza argentina prometió no esconderse tras la Ley de Amnistía porque no había hecho nada. E insistió que no se escondería “tras la no extradición” y que haría una petición formal para poder declarar. “Que quede claro, voy a solicitar poder declarar ante la juez, procuraré hacerlo de la forma más cómoda y más segura para mí, pero lo voy a hacer, así lo he pensado desde el principio”, remachó entonces. “Ni soy un amnistiado ni he cometido ningún delito”, dijo. Mientras tanto, el Gobierno de España decidió en un Consejo de Ministros celebrado el 13 de marzo de 2015 no tramitar los “procedimientos de extradición pasiva, solicitados por las autoridades argentinas, contra veinte ciudadanos españoles por una serie de hechos acontecidos en los años 70 del siglo pasado”.
Después de los informes jurídicos correspondientes, y contando con el informe en su día de la Audiencia Nacional, la denegación de las extradiciones se basó: en “el principio de jurisdicción preferente, por el cual, cuando la Ley de un Estado prevé la competencia para enjuiciar a sus ciudadanos, es motivo suficiente para no conceder la extradición”; en “el principio de la extinción de la responsabilidad criminal, pues los delitos que supuestamente se les imputan fueron cometidos en los años 70 y la Ley penal de entonces, el Código Penal de 1973, tenía una previsión de extinción de la responsabilidad de quince años; y, finalmente, en el principio de la no doble incriminación”.
Martín Villa no ha declarado ante la jueza, ni por videoconferencia, ni en Buenos Aires, como llegó incluso a decir que haría si era necesario. Y han sido los abogados que presentaron la querella en Argentina, entre ellos Carlos Slepoy en nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, contra la “impunidad” de los crímenes del franquismo, los que en abril de 2015 tuvieron una iniciativa: pedir a la jueza Servini que librara las correspondientes comisiones rogatorias a las autoridades españolas, por medio de vía diplomática, para tomar declaración a Martín Villa, a Quintana Saracibar y a otros 15 responsables del Gobierno de la época y autoridades.
Slepoy confía en que esta primavera la jueza acabe tomando declaración a Martín Villa, a Quintana y al resto de querellados.
